Seis grapos serán juzgados por el hallazgo de dos zulos en Murcia y Barcelona

La Audiencia Nacional juzgará a partir de este lunes a seis miembros de los Grapo en relación al hallazgo de dos zulos en los que escondían armas y que fueron localizados en Ricote (Murcia) y en Arenys de Munt (Barcelona), hechos por los que el fiscal solicita para ellos entre 11 y 23 años de cárcel.

Se trata de Lucio García Blanco, que se enfrenta a la petición de cárcel más alta (23 años), Israel Clemente López (14 años), José Francisco Cela Seoane, Isabel María Aparicio y Manuel Ramón Arango (para los que la Fiscalía pide sendas penas de 12 años) y Xurxo García Vidal (11 años).

En su escrito de conclusiones provisionales, la fiscal de la Audiencia Nacional Teresa Sandoval relata que cuando se procedió a la detención de los seis acusados en Barcelona, el 6 de junio de 2007, Israel Clemente López y Lucio García facilitaron la localización de ambos zulos.

En el zulo de Ricote, del que presuntamente Clemente López era responsable, fueron hallados 900 gramos de azufre, un revólver, una pistola y cartuchos.

En el de Arenys de Munt se intervino un revolver con la marca, modelo y números borrados y la empuñadura de madera cubierta de esparadrapo, así como munición.

Tanto el revólver como los cartuchos, indica la fiscal, fueron proporcionados a García Blanco por Clemente López y se pudo comprobar que ese arma fue empleada para disparar a Francisco Colell, esposo de la empresaria Ana Isabel Herrero, asesinada por los Grapo el 6 de febrero de 2006 en Zaragoza, atentado por el que la Audiencia Nacional condenó a penas de entre 79 años y 82 años de prisión a Clemente, Xurxo García Vidal y Juan García Martín.

También fue utilizado para disparar contra un vehículo de la Guardia Civil cuando los agentes les dieron el alto a Clemente y García Vidal al sorprenderles robando un furgón que llevaba la recaudación de un hipermercado de Maliaño (Cantabria) en 2001.

En ese mismo zulo se halló documentación de objetivos de los Grapo, en su mayoría de personas y entidades bancarias de Aragón, así como de miembros de las Fuerzas Armadas, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la judicatura, políticos y periodistas.

Asimismo aparecieron "documentos con diferente formato" del comunicado con el que los Grapo reivindicaron el atentado contra Ana Isabel Herrero y una carta firmada por el comando central de la organización terrorista en el que reclamaban a la empresaria el pago de 725.000 euros en concepto de impuesto revolucionario.

En los domicilios de los acusados también se hallaron, entre otros efectos, documentos de identidad falsificados, material para la fabricación de explosivos y el manual del Guerrillero-Grapo, que recoge "todo tipo de instrucciones sobre explosivos (manejo, tipo, colocación, almacenamiento y tipos de voladuras)".

Por todo ello, la fiscal les acusa de integración en organización terrorista (sólo a los que aún no han sido condenados por este delito), falsificación de documentos, tenencia ilícita de armas (a Clemente y a García Blanco) y depósito de sustancias o aparatos explosivos con fines terroristas.