Seis ex ediles del GIL irán a prisión para evitar los juicios tras un pacto con la Fiscalía

Seis ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella de la Corporación de 1995 a 1999, entre los que se encuentra el ex alcalde Julián Muñoz, ingresarán en prisión tras cerrar hoy un pacto con la Fiscalía para no celebrar los juicios urbanísticos en los que están imputados.

Por su parte, los ex ediles pertenecientes a la siguiente corporación no se han acogido inicialmente a dicho acuerdo, por lo que la negociación ha quedado aplazada al menos hasta el próximo mes, según fuentes de las defensas de algunos de los imputados.

El pacto alcanzado entre la Fiscalía y los seis ex ediles establece una sentencia de un año de cárcel por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triplo de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad, que en este caso serán tres años.

Además de a Julián Muñoz, el acuerdo, que también incluye una pena de inhabilitación de diez años, afecta a los ex concejales Mario Jiménez, Manuel Calle, Dolores Zurdo, Rafael González y Marisa Alcalá, según las mismas fuentes.

Los ex ediles podrían ingresar en la cárcel en septiembre, una vez que se instrumente el pacto, y para la pena de tres años les computará el tiempo que ya han cumplido en prisión por causas urbanísticas, según ha señalado el abogado Ernesto Osuna, representante jurídico de varios de los imputados.

"Así lo establece la ley, porque se trata del mismo tipo de delito", ha afirmado el letrado, que ha apuntado que los imputados han cumplido al menos doce meses de cárcel, por lo que todavía les quedaría una pena de cerca de dos años de prisión.

Ha explicado que tras acordarse hoy los términos del pacto, los trámites a seguir son elaborar una lista con todas las causas pendientes de los ex concejales y comprobar que se ajustan a los criterios para su aplicación, así como realizar un nuevo escrito de conformidad entre las defensas y la acusación que se presentará antes de que se dicte sentencia.

En declaraciones a los periodistas, ha destacado que el acuerdo "respeta totalmente la legalidad" y resulta positivo desde todos los puntos de vista.

Según Osuna, el pacto "beneficia a todas las partes", tanto a la administración de Justicia, porque supone un ahorro de costes al no celebrarse los juicios urbanísticos, como a los ex ediles, porque "establece un horizonte cercano en cuanto a la seguridad de la pena que tienen que cumplir y de cuando tienen que cumplirla".

En este sentido, el letrado ha asegurado que a los afectados por el acuerdo les interesaba que su situación "se clarificara cuanto antes para ponerse en paz con la Justicia lo antes posible y reanudar sus vidas", por lo que mostró su deseo de que puedan ingresar en la cárcel en septiembre.

Sobre el acuerdo con los imputados de la Corporación municipal marbellí de 1999 a 2003, ha señalado que las conversaciones se reanudarán previsiblemente en junio, dado que existen "más dudas y más temas por resolver".