La seguridad química costará la vida de millones de animales

El ser humano vive rodeado de productos químicos. Sin embargo, sólo recientemente se han planteado los peligros para la salud, humana pero también la ambiental, que conllevan muchas de estas sustancias. La Unión Europea quiere imponer controles más estrictos a estos compuestos, pero esa medida podría requerir el sacrificio, en los próximos diez años, de 54 millones de animales de laboratorio. Son 20 veces más de los que se estimaron inicialmente cuando se planteó el reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias Químicas, por sus siglas en inglés) y seis veces más de los que se emplean en la UE cada año para evaluar los nuevos productos químicos.

Esta cifra es, pese a la notable diferencia, la estimación más optimista de un reciente estudio de Thomas Hartung, experto en toxicología que hasta el año pasado estuvo al frente del Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos, dependiente de la Comisión Europea. En el peor de los casos, la cantidad de animales podría elevarse hasta los 141 millones. La discrepancia se origina, según el autor, por el largo proceso de negociación del reglamento. Las estimaciones se basaron en los datos sobre la producción química de la UE entre 1991 y 1994. REACH no fue finalmente aprobado hasta 2006. En ese transcurso de tiempo, se ha pasado de 12 países miembros a 27, más otros tres adheridos al protocolo, y la industria no ha dejado de expandirse. Como resultado, de las 29.342 sustancias que se estimaba serían registradas, se ha pasado a las 143.835 pre-registradas por las compañías químicas.

Y eso sin contar los compuestos fabricados en cantidades inferiores a una tonelada, excluidos del registro, lo que para Luís Ferreirim, de Greenpeace, "descafeína el reglamento", ya que "por debajo de ese umbral, se fabrican sustancias muy peligrosas".

El análisis de Hartung fue presentado la semana pasada en Roma, en el marco del séptimo Congreso Mundial sobre Alternativas al Uso de Animales en las Ciencias de la Vida, pero sus principales conclusiones ya fueron adelantadas en la revista Nature el 27 de agosto. La reacción no se hizo esperar. Al día siguiente, la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) emitió un comunicado en el que se reafirmaba en sus estimaciones iniciales y en la necesidad de implementar el reglamento para proteger la salud y el medio ambiente.

Geert Dancet, director ejecutivo de la ECHA, afirma que "el número exacto [de compuestos químicos y de animales necesarios] sólo se conocerá cuando se reciban todos los registros y peticiones de ensayos". En su opinión, sin embargo, "la cifra manejada en el estudio de Hartung se aleja mucho de la final".

Por una vez, los intereses de la industria coinciden con los de algunas organizaciones ecologistas. Son las compañías químicas las que deben realizar y sufragar los test necesarios (con un gasto inicialmente estimado en 1.600 millones de euros, pero que podría dispararse) y por ello son partidarias de limitar las pruebas en animales en la medida de lo posible.

Según María Eugenia Anta, de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, "este sector siempre ha afirmado que los gastos eran superiores a los estimados inicialmente por la Comisión, pero está comprometida con el cumplimiento de REACH". Y añade que "también hay que tener en cuenta que la capacidad de compartir información entre empresas es mayor y obligatoria".

Sonja Van Tichelen, directora de la ONG Eurogrupo por los Animales, coincide en valorar ese punto del reglamento, que espera sirva para "salvar millones de vidas" evitando la duplicidad de pruebas para un mismo compuesto.

Hartung, la industria y los defensores de los animales coinciden en la necesidad de REACH, pero reclaman que se busquen alternativas a la experimentación animal para que el justo fin se alcance con los medios justos.

REACH es un reglamento europeo que crea un registro de las sustancias químicas producidas o introducidas en la UE, que deberán ser evaluadas toxicológicamente para certificar su seguridad para la salud y el medio ambiente antes de permitirse su uso.

Son las empresas las que deben incluir sus productos en el registro y realizar los test necesarios. Hasta el momento, se han preinscrito más de 140.000 sustancias.

Sólo se registrarán los compuestos fabricados en más de una tonelada, límite criticado por Greenpeace.