La reforma de Rajoy devuelve a los pensionistas a tiempos del franquismo

El Gobierno comienza hoy la discusión con los interlocutores sociales de su propuesta de "revalorización" de pensiones. Dicha propuesta devolverá a los actuales pensionistas a los tiempos del franquismo, cuando las pensiones se revalorizaban una vez cada cinco o seis años y la inflación desmontaba el poder adquisitivo de las pensiones en pocos años.

Consciente del sentido regresivo de su propuesta, que no contempla allegar a la Seguridad Social nuevos ingresos ni recuperar las cotizaciones que están ahorrándose las empresas, el Gobierno ha establecido un "generoso" límite mínimo a la revalorización, señalando que "se le aplicará un límite inferior igual a 0,25%".

Esta propuesta, que supone por ejemplo ochenta céntimos a los pensionistas de pensiones no contributivas o euro y medio a los pensionistas de mínimos puede aparentar ser una garantía, aunque escuálida. Pero ni siquiera es esto.

La garantía del 0,25% supondrá 266 millones en cifras de este año Cuando entró en vigor en julio de 2012 el decreto que estableció las aportaciones del paciente al Sistema Nacional de Salud Antares Consulting evaluó para lo que restaba de año (en un trabajo solicitado por el Grupo Cofares) 384,22 millones de euros como fondos que saldrían del bolsillo de los pensionistas. La misma consultora consideró que en 2013, ya en vigor el decreto durante todo el año, esta cantidad crecería en quinientos millones de euros. A los que habría que sumar las facturas por gastos no farmaceúticos que Antares no consideró (ambulancias, desplazamientos, etc). Estamos pues hablando de entre 900 y 1.000 millones de euros al año cobrados a los pensionistas. La garantía del 0,25% supondrá 266 millones en cifras de este año.

En conclusión, lo que se ha producido y va a consagrarse para todos los años de gobierno del PP en España no es una revalorización de pensiones, sino una disminución, que afectará especialmente a los más necesitados -los ancianos enfermos-. Los representantes de la Unión General de Trabajadores en los órganos de participación del sistema sanitario ya han denunciado como están empezando a aparecer en los servicios de urgencia de los centros hospitalarios personas mayores que no se han tomado la medicación que les ha sido prescrita. Obligados al mantenimiento de sus familias o simplemente desbordados por esta nueva obligación que no pueden afrontar, el derecho a la salud ya no es para ellos una realidad.

(*) Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social