El "pesimismo" de la crisis hace crecer las negativas familiares a donar órganos

La donación de órganos no se escapa a los efectos de la crisis económica. Pese a tratarse de una actividad altruista en España, o precisamente por ello, la negativa de las familias a donar los órganos de sus familiares ha aumentado en el último año debido precisamente al "clima de pesimismo" que existe en la sociedad.Esta es al menos la tesis que sostiene el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), el doctor Rafael Matesanz, a la hora de interpretar el aumento en dos puntos de la tasa de negativa familiar, que creció en 2010 hasta alcanzar el 18%. "No hay otra explicación", indicó Matesanz este lunes en su intervención en el Foro España Innova.

Como ejemplo de esta realidad, Matesanz citó el caso reciente de un padre que se negó a donar los órganos de su hija en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia debido al poco apoyo que estaba recibiendo tras quedarse en el paro. "Estoy en paro y la sociedad no ha hecho nada por mí. ¿Por qué tengo que hacer yo algo por la sociedad?", explicaba el hombre. Para el responsable de la ONT, actitudes como esta son "muy preocupantes" aunque puedan ser pasajeras. A su juicio, además, este problema no se da sólo en España, sino en otros países que también estaban viendo crecer la donación, como Italia, Francia o Portugal.

Pero la crisis ha tenido otro efecto sobre las donaciones de órganos, si bien en este caso se trata de un factor intrínsecamente positivo. Y es que con el parón de la construcción se ha reducido también el número de traumatismos craneoencefálicos como consecuencia de accidentes laborales y, por tanto, el de la donación de órganos procedentes de fallecidos por muerte encefálica.

Ningún órgano perdido en la huelga de controladores 

Por otro lado, Matesanz se refirió a los posibles efectos de la pasada huelga encubierta de controladores aéreos sobre la actividad trasplantadora en España, y aseguró que "no se perdió ningún órgano" debido a la citada protesta laboral. Añadió, además, que los controladores, de forma anónima, se comprometieron a dar vía libre a cualquier vuelo que llevara un órgano para trasplante.

"Recibimos una llamada anónima de los controladores que nos aseguró que si existía algún vuelo en el que hubiera que transportar algún órgano se le daría prioridad absoluta; lo que pasa es que coincidió que ese día [el 3 de diciembre] no hubo necesidad de hacerlo".

Por último, reconoció sus temores, ahora parcialmente disipados, por las posibles consecuencias de la directiva sobre libre circulación de pacientes, que pone coto al llamado turismo sanitario. A su juicio, la pretensión de algunos países de permitir la libre circulación de pacientes para trasplante hubiera sido "un desastre" para el sistema español.

Teniendo en cuenta que hay países con tasas de apenas uno o dos donantes por millón, como Rumanía u Bulgaria, frente a los 32-35 de España, "la apertura de las fronteras significaría una invasión total de pacientes en las listas de espera" españolas. "Este no es un problema de recursos, sino de disponibilidad de órganos, y cada órgano que dediquemos a una persona no residente en España es un órgano sustraído al pool de nuestros pacientes", dijo. Afortunadamente, tras "dar la batalla" en Bruselas, los responsables del sistema español se podrán "defender perfectamente" al trasponer el texto en su actual redacción, que excluye la distribución de órganos y la adjudicación de los mismos entre los distintos países.

Una joya sanitaria de 200 millones

Por último, Matesanz defendió el modelo español, aún en tiempos de crisis, argumentando que es también el mejor desde el punto de vista de la eficiencia económica. Así, explicó que el funcionamiento del modelo, incluyendo el coste de los trasplantes, ronda los 200 millones de euros anuales.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el coste de mantener a un paciente en diálisis asciende a entre 40.000 y 50.000 euros anuales y que si se hubiera mantenido la misma actividad trasplantadora que en los años 80 habría hoy 15.000 pacientes más en diálisis, la sanidad pública tendría que estar haciendo frente en la actualidad a un coste de unos 750 millones. "El ahorro que cada año representan todos esos pacientes no dializados a las arcas públicas es más del doble de lo que cuestan todos los trasplantes de riñón y demás órganos juntos, la ONT y la red de coordinación", dijo.