Nueva fórmula para regularizar a sin papeles

El reglamento de la Ley de Extranjería ha incorporado una nueva vía de regularización para los sin papeles que hay en España: el arraigo familiar. Esta fórmula permitirá obtener un permiso de residencia y de trabajo a extracomunitarios que tengan hijos de nacionalidad española "siempre que el menor esté a cargo de y conviva con el progenitor que solicite la autorización", según detalla el borrador del reglamento, de 264 artículos.

No obstante, no todos podrán acceder a este derecho. España sólo da la nacionalidad a los hijos de los ciudadanos de aquellos países que no reconocen como propios a sus descendientes. La lista es de 14 países (Colombia, Bolivia, Argentina y Cuba, entre ellos). Esta posibilidad ya existía por la vía judicial, pero no estaba recogida en la Ley de Extranjería. Entre 2004 y 2010, apenas 78 sin papeles regularizaron su situación por este procedimiento, según la Secretaría de Estado de Inmigración.

Otra de las novedades beneficiará a las víctimas de violencia de género. "Por circunstancias excepcionales", el Ministerio de Trabajo e Inmigración les entregará a ellas y a sus hijos menores de edad permisos de residencia y trabajo "desde el momento en que se haya dictado una orden de protección a su favor o emitido informe del Ministerio Fiscal que aprecie la existencia de indicios de violencia de género".

El Gobierno mantuvo vivo el debate, hasta el último día, sobre la conveniencia de abrir expedientes de expulsión a las sin papeles cuando acudan a denunciar su caso a comisaría. Finalmente, el texto no incluirá la petición de no incoar estas expulsiones por el miedo que pueden despertar entre las afectadas. La Ley de Extranjería, que entró en vigor en enero de 2010, establece que las expulsiones se paralizarán hasta que el juez decida si ha habido malos tratos. Sólo si la sentencia es contraria a la demandante, se le repatriará. Si no, el permiso para las víctimas será de cinco años.

En paralelo a la presentación del reglamento, el PP logró ayer la admisión a trámite en el Congreso de una iniciativa para reformar la Ley de Extranjería. El objetivo es modificar el artículo 31, el de las víctimas de maltrato, para que no se les abran órdenes de expulsión; y el 59, el de la trata de personas. La portavoz de Inmigración del PSOE, Esperança Esteve, anunció que su grupo apoyará la iniciativa de los conservadores, pero lamentó que el PP no hubiese planteado la iniciativa en el periodo de enmiendas que tuvo la ley.

El segundo punto polémico del reglamento es el relativo a los informes que realizarán los ayuntamientos sobre la integración de los sin papeles que quieran regularizar su situación por arraigo social. Los extracomunitarios deberán demostrar que llevan tres años viviendo en España, carecer de antecedentes penales, tener un contrato con un mínimo de un año de duración y esta es la novedad tener vínculos familiares con extranjeros residentes o "presentar un informe que acredite su integración social, emitido por la comunidad autónoma". En contra de lo que piden algunos municipios, el informe "no será vinculante, pero será tenido muy en cuenta", apuntó la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón.

La responsable anunció que el texto final podría estar listo en dos meses, aunque los antecedentes (el borrador ha tardado 14 meses en llegar, en lugar de los seis que da de plazo la ley) no son halagüeños. El entendimiento entre los ministerios de Interior y Trabajo e Inmigración será una de las claves.