La ruptura del matrimonio tiene un coste emocional y otro económico. El desempleo y el pago de la hipoteca han reducido las demandas de divorcio, pero son cada vez más las parejas que acuden al juez sin acuerdo, y se multiplican las demandas para modificar las pensiones fijadas antes de la crisis.

En los Juzgados se incrementan las ejecuciones por impago de pensiones alimenticias o compensatorias y en los despachos de abogados de familia han aumentado también los trámites de divorciados que han perdido el empleo o complementos salariales, y que piden reducir las manutenciones establecidas por el juez.

Con las estrecheces económicas 'se hace más difícil alcanzar acuerdos', constata el abogado Luis Zarraluqui, que preside el mayor despacho especializado en Derecho Familiar. Hay profesionales, asalariados o autónomos, añade, que han visto mermar sus ingresos, pero también sus cónyuges creen ver en la crisis un pretexto para reducir las obligaciones.

Y aumentan los contenciosos. Según la estadística de divorcios, separaciones y nulidades del Consejo General del Poder Judicial, en 2008 se rompieron 131.060 parejas, frente a las 141.304 del año anterior. El 93% -121.814- fueron divorcios, y en 47.980 casos, sin acuerdo.

El organismo judicial, en un informe sobre los efectos de la crisis económica, confirma un descenso en las rupturas, pero un incremento de los divorcios no consensuados -ya son el 40%- a partir del segundo trimestre de 2008, 'rompiéndose una fuerte tendencia decreciente'. Y prevé un aumento de disoluciones en 2009.

Hay parejas que no se divorcian por el gasto. Optan por una separación de hecho y hacen 'acuerdos privados para dejar clara su nueva forma de vida, sin oficializarlo', explica Trinidad Bernal, doctora en Psicología, con más de 20 años de experiencia en mediación familiar. Puede haber cierta disminución de divorcios, agrega, pero 'no porque no existan, sino porque todo lo que supone un coste se aplaza, y se buscan otras fórmulas'.

Si la situación económica es muy deficitaria, 'la separación no se lleva a cabo, porque no hay nada que repartir', y las personas intentan ingeniárselas, aunque hay fórmulas de convivencia -opina- difíciles de mantener. Es cierto que 'las penas con pan son menos'.

El divorcio puede costar al menos unos 1.800 euros, y se duplica si es contencioso. La minuta puede variar en función de las circunstancias y el tiempo que se alarguen las negociaciones, precisa Isidro Niñerola, presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia.

En los últimos meses, explica, el parón en las ventas inmobiliarias y los problemas para conseguir crédito dificultan el cumplimiento de los convenios reguladores que determinaban la liquidación del domicilio conyugal en un precio y un plazo de tiempo. Y surgen pactos antes impensados.

Los tribunales acogen ya 'soluciones puente', agrega el presidente de los abogados de familia. Casos en los que, cuando no hay manera de vender el piso, y para evitar la subasta pública, se ha adjudicado a un miembro de la pareja a precio de tasación, y han acordado compartir techo durante un tiempo hasta que el otro recibe las llaves de la nueva casa.

La vivienda es hoy 'el tema más espinoso', afirma Luis Zarraluqui. Y la legislación propicia que 'los niños vengan con un piso debajo del brazo, lo cual les hace más atractivos. Muchas veces, la gente pelea por la custodia, y no está peleando por ellos, sino por la casa'.

El letrado insiste en la necesidad de modificar el artículo 96 del Código Civil (que otorga el uso de la vivienda familiar al progenitor que se queda con los niños), para que, en una interpretación más amplia, se contemplen las circunstancias económicas, personales y familiares de cada cónyuge y los hijos.

Debe considerarse la situación actual -coincide Isidro Niñerola- y 'empiezan a verlo los jueces'. Hace unos meses, una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria limitaba a tres años el uso del domicilio conyugal a una madre y su hijo, aunque siguiera siendo menor, para proteger también el interés del otro progenitor, argumentando la carestía de la vivienda y la realidad social.

Hay fórmulas de convivencia difíciles de mantener, opina la psicóloga Trinidad Bernal, 'soluciones que no sé qué aguante van a tener', como es el caso de las personas que vuelven a vivir con los padres. Pero permanecer en la misma casa puede tener consecuencias bastante negativas, y tampoco beneficia a los hijos.

'La separación física permite tranquilizar las emociones. Si no es posible convivir pacíficamente, seguir bajo el mismo techo puede agravar el conflicto emocional y ocasionar conductas que luego todos lamentamos', explica esta experta, directora de la Asociación Atención y Mediación a la Familia en Proceso de Cambio (ATyME).

Viendo la oportunidad, una inmobiliaria de la provincia de Huelva ofrece pagar el divorcio, en casos de mutuo acuerdo, a los clientes que compren uno de sus pisos. En diez días ha acudido una veintena de clientes, según un portavoz de la empresa, por lo que se plantean hacer acuerdos con promotores de otras provincias y particulares.

La estadística judicial no recoge las resoluciones de custodia compartida de los hijos, aunque los abogados de familia confirman un aumento de las demandas 'y de casos en los que se llega a ella de común acuerdo', asegura Zarraluqui.

Los padres -añade Niñerola- quieren un reparto de tiempos igualitarios, más allá del fin de semana alterno. 'El camino es ampliar las comunicaciones, las pernoctas entre semana, y olvidar los regímenes estándar'.

No es que lo pidan las asociaciones, 'es una necesidad social y palpable en los despachos', afirma el presidente de la Asociación de Abogados de Familia. Algunas comunidades como Cataluña o la Generalidad Valenciana trabajan ya en su futura regulación.

Otra reivindicación de los expertos en crisis familiares es que todos estos conflictos los vea exclusivamente un juez de Familia. Estos Juzgados se crearon en 1981 en las grandes capitales y, veintiocho años después, en otras ciudades 'sigue habiendo miles de expedientes que son tramitados por otros jueces', asegura Zarraluqui.