La Justicia madrileña, al borde del caos

El colapso de los juzgados madrileños será histórico esta semana, ya que la huelga prevista por los magistrados coincidirá con el paro iniciado este lunes por los funcionarios judiciales de la Comunidad de Madrid. Los sindicatos convocantes exigen que el Gobierno regional cumpla con los compromisos adoptados en 2007.

En diciembre de ese año y tras doce días de paros ininterrumpidos de funcionarios e interinos, CCOO, UGT y STAJ llegaron a un acuerdo con el entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, que se comprometió a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores de la Justicia madrileña para equipararlas a las de otras comunidades.

En esa ocasión, Prada prometió, además, aumentar la plantilla de los tribunales para adaptarla a la nueva realidad demográfica de la región y descongestionar el exceso de trabajo acumulado.

Los sindicatos denuncian desde hace meses el incumplimiento de esos acuerdos por parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, así como la ausencia de comunicación por parte de la administración en manos de los conservadores. Hasta el pasado jueves, las organizaciones sindicales no lograron reunierse con el equipo del nuevo consejero, Francisco Granados.

El portavoz del área de Justicia de UGT de Madrid, Fermín Arias, asegura que, en esta ocasión, el Gobierno madrileño "presentó una propuesta en la que se obviaban los acuerdos de 2007 y que tan sólo incluía mejoras salariales inferiores a las acordadas". Esto les llevó a convocar una huelga indefinida que comenzó ayer mismo.

"Son re-reivindicaciones, porque ya se luchó por ellas hace unos años", recuerda María Crespo, coordinadora madrileña del STAJ. Su principal preocupación es que la Justicia "recupere su condición de servicio público", y para ello "es necesario aumentar las plantillas que se mantienen intactas desde hace 20 años".

Además de reiterar las reivindicaciones de sus compañeros, el coordinador estatal de Justicia de CCOO, Javier Hernández, denuncia que "la Justicia madrileña está absolutamente abandonada". "Eso hace que se atienda a los ciudadanos en condiciones infrahumanas", advierte.

El consejero Granados, si bien reconoce que su Gobierno "ha presentado una oferta inferior a la que estaba prevista", afirma que la propuesta "es razonable" y pide a los sindicatos "que tomen conciencia de la situación de crisis por la que atraviesa el país".

Por si esto fuera poco, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre tiene también abierto otro frente: el de los abogados del Turno de Oficio (que ejercen la defensa gratuita), a los que la Comunidad de Madrid debe las retribuciones correspondientes al año 2008. El consejero de Justicia se reunió ayer con el Decano del Colegio de Abogados de la capital, al que aseguró que el pago de los atrasos "ya está ordenado".