IU lleva al fiscal los contratos de Camps y Calatrava

Por edificios que nunca se hicieron y pese al criterio en contra de los técnicos, la Generalitat Valenciana pagó honorarios millonarios (5,5 millones de euros) al arquitecto Santiago Calatrava. Además, en algunas ocasiones lo hizo sin IVA y siempre a cuentas domiciliadas en Suiza. Esos son los hechos que se relatan en la denuncia que Izquierda Unida (EUPV, en sus siglas en el País Valencià) presentará hoy ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), con el ruego de que se dé traslado a la Fiscalía Anticorrupción.

La formación ha recurrido al TSJCV porque es el órgano que tiene atribuida la función de investigar y juzgar a los aforados valencianos; es decir, a los parlamentarios autonómicos y miembros del Gobierno regional. Y la denuncia presume la "participación en los hechos de personas aforadas".

El escrito señala a Francisco Camps, president valenciano; Gerardo Camps, conseller d'Economia, y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y también diputada, como los "genuinos promotores del ruinoso contrato", en relación a las llamadas Torres de Calatrava en Valencia, uno de los grandes proyectos que se anunciaron a bombo y platillo, se pagaron y después no se hicieron. Las otras dos obras cuyo proyecto se abonó sin que llegara nunca su materialización fueron la reforma de la dársena de Torrevieja, contratada por el entonces alcalde de la ciudad y ahora diputado autonómico Pedro Hernández Mateo, y el Centro de Convenciones de Castellón.

La denuncia narra cómo en los tres casos el proyecto se adjudicó a Calatrava sin concurso público previo. Se prefirió elegirlo directamente en atención al "referente internacional" en que cualquiera de sus edificios está llamado a convertirse, según un documento firmado por el conseller Gerardo Camps y el alcalde de la ciudad, Alberto Fabra.

EUPV documenta cómo el arquitecto emitió facturas sin IVA que fueron pagadas con cheque bancario. Fue el procedimiento elegido por la Generalitat para pagarle 2,5 millones por redactar el proyecto de las Torres y así lo acredita el informe del Síndic de Comptes (el Tribunal de Cuentas).

Calatrava cobraba en Zúrich (Suiza). El propio arquitecto dejó constancia de ello días antes de firmar el contrato del Centro de Convenciones, cuando declaró en uno de los documentos previos a la firma que su empresa no viene obligada en el sistema de Seguridad Social español, al no tener en España su domicilio.

En el posterior contrato aparece su dirección en Zúrich como destino de los pagos de dinero público. EUPV destaca en la denuncia que no ha podido tener acceso a los contratos de los proyectos de Torrevieja y Valencia. El conseller Gerardo Camps afirma que son confidenciales y que esto es una "práctica jurídica" habitual con "partes privadas" que contratan con la Administración. "No vean nada raro en ello", explicó a la prensa el 4 de marzo.

La denuncia también documenta cómo los altos cargos de la Generalitat encargados de evaluar el trabajo de Calatrava en relación con el Centro de Convenciones se resistieron durante casi un año a pagarle. Consideraron que no había cumplido el contrato y que había disparado "unilateralmente" el presupuesto.

Aun así, Calatrava cobró, después de que desde su despacho se enviara la copia de una carta con sus exigencias al presidente Camps, de cuya recepción o respuesta no hay constancia oficial. "Se observa claramente el fácil acceso que la empresa de Calatrava ha tenido al presidente Camps y cómo se han atendido sus peticiones", denunció Marga Sanz, líder de EUPV.