Gobierno de Uribe toma el "control" para lograr la liberación de los secuestrados

El Gobierno colombiano tomó hoy "la coordinación y el control" de las gestiones para lograr la liberación de los secuestrados por las FARC, tras poner fin a la mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, y la senadora Piedad Córdoba.

El alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, recordó que la responsabilidad es del Gobierno colombiano, al explicar por qué el presidente Álvaro Uribe decidió terminar las gestiones que llevaban a cabo Chávez y Córdoba desde mediados de agosto para logar un acuerdo humanitario.

Restrepo, que compareció ante la prensa en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo), dijo que desde ahora él toma "la coordinación y el control de todas las acciones que se puedan adelantar para la liberación de todos los secuestrados".

Familiares de los rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), políticos y representantes de diversos sectores de la sociedad lamentaron hoy el fin de la gestión de Chávez y Córdoba.

El cese de esas gestiones fue "un mal paso", dijo el profesor Gustavo Moncayo, padre de un cabo del Ejército, rehén de las FARC desde hace casi diez años, y quien entre el 17 junio y el 1 de agosto pasado, recorrió casi 1.000 kilómetros a pie desde el suroeste del país hasta Bogotá, para pedir el acuerdo humanitario.

Marleny Orjuela, presidente de Asfamipaz, organización que reúne a los familiares de policías y militares secuestrados en manos de la guerrilla, también mostró su "decepción y tristeza" por la decisión del presidente Uribe y le pidió que reconsidera.

Otros familiares de secuestrados consideraron que Uribe pudo sentir en algún momento "celos" por el protagonismo alcanzado por los mediadores, aunque admitieron estos que se apartaron del conducto regular al consultar directamente a las Fuerzas Militares.

Uribe informó anoche en un comunicado la decisión de suspender la mediación de Chávez y Córdoba y reveló que le había advertido a su colega venezolano, en una reciente reunión en Chile, que "no estaba de acuerdo" con que se comunicara con altos mandos militares colombianos.

Restrepo precisó que en ese encuentro, celebrado en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, Chávez hizo saber a Uribe su interés de conversar con el comandante del Ejército de Colombia, el general Mario Montoya.

"De manera expresa, también el presidente Uribe le dijo que no lo consideraba conveniente, dio las razones del caso y entendimos que el asunto había quedado saldado", añadió el alto comisionado al ratificar el detonante de la decisión de Bogotá.

A pesar de ello, Chávez se comunicó el miércoles por teléfono con el general Montoya, a quien "le hizo (...) preguntas sobre secuestrados por las FARC" (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)", según la nota oficial de anoche.

Según el comunicado, la llamada fue iniciada por la congresista opositora colombiana Piedad Córdoba, facilitadora de estas mismas gestiones, por una autorización del Gobierno de Uribe.

La implicación de Montoya obligó al comandante de las Fuerzas Militares y ministro interino de Defensa, el general Freddy Padilla de León, a recordar en un comunicado que el presidente es "el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia" y que, por tanto, éstas "son respetuosas" de las decisiones del Gobierno.

El alto comisionado dijo que el jefe de Estado tomó la decisión para preservar la institucionalidad del país, que tiene una "política de Seguridad Democrática en vías de consolidación".

En un acto previo, también en la Casa de Nariño, Uribe afirmó que "hay que hacer todos los esfuerzos por la paz, por el acuerdo humanitario, pero teniendo en cuenta que aquello que no se puede poner a riesgo es la Seguridad Democrática".

Esa política de defensa y seguridad del Gobierno "es lo que finalmente nos va a dar la paz" y lo que "va a acabar con el secuestro, que tanto ha afectado a este país", aseveró.

La postura fue recogida por Restrepo, quien indicó que en ella está la razón que llevó al gobernante a "la decisión de retomar estos esfuerzos por la liberación de los secuestrados, pero avanzando con un plan discreto".

El alto comisionado observó que su Gobierno corrió riesgos con la apertura de "generosos espacios internacionales" para las gestiones en favor de las 45 personas que las FARC pretenden canjear por unos 500 insurgentes presos, entre ellos dos extraditados a EE.UU.

Entre los rehenes de ese grupo insurgente están la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, quien también tiene nacionalidad francesa, y tres estadounidenses.

"Las FARC siempre intentan utilizar estos escenarios internacionales públicos para ganarse un protagonismo sin avanzar de manera concreta en la solución del problema de los secuestrados", dijo el comisionado.

Agregó que su Gobierno no ha encontrado en esa guerrilla la decisión y la voluntad para alcanzar con rapidez una fórmula que permita superar la crisis de los rehenes.