El Gobierno está dispuesto a ampliar la ayuda a los parados sin cobertura desde junio

El Gobierno está dispuesto a ampliar la ayuda de 420 euros a aquellos parados que están sin cobertura desde el pasado 1 de junio, frente al límite del 1 de agosto que recoge el decreto-ley que regula esta medida, aunque la propuesta le parece insuficiente a los sindicatos.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha mantenido esta noche una reunión con dirigentes de UGT y Comisiones Obreras para estudiar la ampliación de esta prestación, que cuando fue aprobada generó muchas críticas por dar sólo ayuda a los desempleados que habían perdido la cobertura a partir de agosto.

A la salida de la reunión, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, declaró a Efe que la propuesta del Ejecutivo es insuficiente porque no tiene en cuenta al colectivo de desempleados afectados por la fuerte destrucción de empleo de finales del año pasado y que se quedaron sin cobertura sobre todo a principios de este ejercicio.

En este sentido también se manifestó Ramón Gorriz, el responsable de Acción Sindical de CCOO, quien subrayó que en un momento de recesión como el actual no se puede dejar a un numeroso colectivo de parados sin ningún tipo de prestación.

Gorriz insistió en que esta ayuda debería ser un "derecho subjetivo y fundamental" que se mantenga durante el tiempo que dure la crisis.

UGT propuso a Corbacho que ampliara la propuesta hasta el 1 de enero, de forma que puedan acogerse a la ayuda aquellos que se quedaron sin prestación por desempleo a partir de esa fecha, pero el Gobierno insiste en que, dada la situación económica, sólo puede hacer frente al gasto desde el 1 de junio, según explicó Ferrer.

Otra de las cuestiones discutida esta noche fue la prórroga de las ayudas, cuya posibilidad recoge el decreto, aunque siempre que la tasa de desempleo esté por encima del 17 por ciento.

Los sindicatos consideran excesiva esta cifra y creen que las prórrogas se deben garantizar mientras haya una tasa de paro superior al 12 por ciento.

Según explicaron los dirigentes sindicales, el Gobierno está dispuesto a retirar del decreto la condición de una tasa superior al 17 por ciento, pero no ha puesto encima de la mesa otra cifra.

A partir de hoy el Ejecutivo iniciará los contactos con los grupos parlamentarios para conseguir su apoyo en las modificaciones y en la aprobación final del decreto.

Aunque Corbacho ha prometido a los sindicatos que los mantendrá informados, no se ha convocado una segunda reunión para discutir este tema, según señaló Gorriz.