La Fiscalía de Madrid denunciará a la directora y a dos médicos del geriátrico Adolfo Suárez ante el Juzgado Decano de Instrucción. Según ha podido saber Infolibre, se les responsabiliza de delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro después de haber detectado "mala praxis" en dos casos. 

Además, el ministerio público establece también responsabilidad civil subsidiaria para la Agencia Madrileña de Atención Social. Se libra, por contra, la Consejería de Sanidad y la de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de un posible delito de responsabilidad penal. Esta sería la primera denuncia que el Ministerio Público no archiva por la gestión de los centros de mayores en plena primera ola.

La denuncia por "mala gestión" se remonta a mediados del mes de abril de 2020, y fue remitida por familiares de los usuarios de dicha residencia, ya sea a través de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias, como por medio del Defensor del Paciente. 

En el escrito, la Plataforma aseguraba que el centro no envió a los enfermos a los hospitales y denunció que tanto la clasificación como la separación de los mayores no fue realizada de forma óptima. Asimismo, se les privó a los familiares de los residentes de información sobre número de contagiados y fallecidos durante las primeros embates de la pandemia. 

Situada en el barrio de Las Rosas, en el distrito de San Blas-Canillejas, la residencia daba alojamiento a más de 260 personas de las cuales fallecieron 79, 71 de ellas en su interior y 8 en hospitales. Los datos se agravan en octubre, alcanzando las 91 personas fallecidas en el centro. Los datos aportados por la Consejería de Sanidad indican que tan sólo una persona fue derivada a un hospital el 5 de marzo, sin que se produjera ninguna otra derivación hasta 22 días después.