El fiscal recurre el archivo de la causa del Yak 42

El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos ha recurrido el archivo de una causa, en la que el juez Fernando Grande-Marlaska investigaba las irregularidades en la identificación de los cadáveres de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en Turquía, el 26 de mayo de 2003.

Al archivar la causa, el juez señalaba que, aunque las variables empleadas para la identificación de los cadáveres, "se vieron insuficientes y ajenas a una mínima seriedad", ello no conllevaba a su juicio "alteración de la verdad en los elementos esenciales" de los documentos estudiados: "hecho del fallecimiento y causa de la muerte".

El fiscal sin embargo discrepa de esta apreciación del juez y en su recurso considera que "los documentos generados en Trabzón (Turquía) y Torrejón no tienen solamente la finalidad de certificar una muerte y describir sus causas más o menos fielmente, sino la de identificar" a los cadáveres, "que es un dato sustancial y de trascendental importancia".

"La identificación inventada de treinta restos o cadáveres no es una cuestión superflua, porque todos, al fin y al cabo, habían fallecido" y provocó que los archivos de diecinueve cementerios en que fueron depositados estos restos resultaran falsos, ya que debido a los errores de identificación esos documentos perdieron "un elemento sustancial de su función, decir de quién es el cuerpo que está depositado en determinada fosa o ha sido incinerado".

El fiscal considera responsables de esta falsedad al general de Sanidad Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Saez y cree que deben ser juzgados por ese delito para proteger "penalmente la confianza de los ciudadanos".

En su recurso, Burgos relata como el general Navarro elaboró una lista identificando a los 62 cadáveres, "sin ningún dato revelador" de su identidad, y se la entregó al comandante y al capitán, quien con ella dieron nombre a los féretros, "conscientes de que las identificaciones decididas por el general no respondían a las verdaderas".

A la llegada de los cadáveres a la base aérea de Torrejón, el 28 de mayo de 2003, los dos médicos elaboraron un informe de necropsia con 32 identificaciones "obtenidas por sus propias observaciones" y otras 30 "como el general había hecho constar" en la citada lista, documentos que "fueron utilizados por los familiares para acreditar su muerte y proceder a las inhumaciones e incineraciones".

De este modo, prosigue el fiscal, "treinta cadáveres fueron entregados a familiares que no lo eran" y con ello "se dio lugar a la inautenticidad de los archivos" de los cementerios "no siendo cierto que las personas que en ellos se dice, estuvieran realmente enterradas donde se hacía constar".