Este artículo se publicó hace 17 años.
Filipinas investiga el ataque cuyo objetivo fue un político musulmán fallecido
Las autoridades investigan hoy la autoría del atentado perpetrado anoche en el Congreso de Filipinas, y que causó la muerte de tres personas, entre ellas la del congresista musulmán Wahad Akbar, amenazado de muerte con anterioridad.
El jefe de la Policía metropolitana, Geary Barias, confirmó que el objetivo del ataque fue acabar con la vida de Akbar, pero no apuntó a ningún grupo en concreto ni confirmó que fuera una venganza de los radicales islámicos a los que apoyó antes de cambiar de bando y favorecer el retorno a Mindanao de las tropas de Estados Unidos.
Barias admitió que el diputado "tenía muchos enemigos",y por su parte el ministro del Interior, Ronaldo Puno, destacó que la principal línea de investigación es la de un ataque contra Akbar, encargado por rivales o antiguos socios.
Aun así, los investigadores no descartan la implicación de Abu Sayyaf, por las similitudes que existen entre el atentado contra el Congreso y otro perpetrado en 2002 en Zamboanga y en el que fallecieron tres personas, entre ellas un soldado estadounidense.
Cuando veteranos de la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética fundaron en 1991 Abu Sayyaf, Akbar abandonó el Frente Moro de Liberación Islámica y se unió a ellos para establecer un Estado islámico en la isla de Mindanao, al sur del archipiélago.
Vinculada a la red Al Qaeda, la banda es considerada un grupo terrorista por EEUU y Filipinas, donde se le atribuyen varios de los atentados más sangrientos de los últimos años.
Akbar en 1996 abandonó Abu Sayyaf y se pasó a las filas del legal Frente Moro de Liberación Nacional, que había llegado a un acuerdo de paz con el Gobierno, y poco después fue elegido gobernador de su provincia natal de Basilan, cargo que desempeñó hasta 2004.
Una vez reubicado en el bando que apoya la política antiterrorista de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, en 2002 respaldo la presencia en Mindanao de los soldados de EEUU, que dos décadas antes se retiraron de sus bases en Filipinas tras casi un siglo de permanencia en el país.
En los últimos años, el ex guerrillero, quien hoy fue enterrado en Basilan, se había afeitado la barba y dejado de vestir las ropas tradicionales de los musulmanes filipinos, aunque mantuvo algunas de sus ancestrales costumbres, como la de estar siempre casado con cuatro mujeres.
Una de sus esposas es la actual gobernadora de Basilan y otra es alcaldesa de Isabela, la capital de la isla, mientras su familia y entorno se reparten el poder en el resto de los municipios.
Los investigadores indicaron que la bomba, que destruyó parte del techo del edificio de la Legislatura, contenía entre cinco y diez kilos de explosivo y fue detonada por teléfono móvil.
Cerca de 17.000 policías siguen en alerta en Metro Manila desde ayer, bajo el mando del director del cuerpo, general Avelino Razón, quien a su vez encabeza la investigación de los hechos por orden directa de la presidenta.
Arroyo, por su parte, anunció una recompensa de cinco millones de pesos (unos 116.000 dólares, 75.000 euros) por información que lleve a resolver el caso y pidió prudencia ante cualquier rumor sobre la autoría.
Hace menos de un mes, otra explosión registrada en un centro comercial del distrito financiero, y que causó once muertos, fue primero atribuida a una bomba y después a un escape de gas.
La jefa del Estado se enfrenta en la Cámara Baja, cuya sede fue atacada, a su tercer proceso de destitución en los últimos tres años, éste por falta de respeto hacia los derechos humanos y por su relación con un escándalo de corrupción gubernamental en el que han implicado a su marido.
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