Cuatro comunidades del PP se plantean devolver competencias

La resaca del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) resultó ayer bastante dura. Las comunidadas gobernadas por el PP salieron a criticar su desarrollo. Unas lamentaron que se les ofreciera únicamente una línea del Instituto de Crédito Oficial para pagar la mitad de su deuda. Otras que no les otorgaran los fondos de competitividad. Y algunas se quejaron de que se les exigiera una regla de gasto después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “se cargara” la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La insatisfacción de los conservadores empezó a cobrar forma sobre lo que hasta hace poco era simplemente una idea flotando en el ambiente: la posibidad de devolver competencias al Estado.

Desde la Generalitat valenciana salieron a decir que esta fórmula les parecía “de sentido común” si el Ejecutivo no se encargaba de garantizar la financiación adecuada para hacer frente a los gastos. Con ello venían a respaldar las palabras del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, quien un día antes amenazó con renunciar a Sanidad y Educación. Curiosamente, tanto una como otra autonomía llevan siendo gestionadas por el PP desde hacia varias legislaturas y, por tanto, no pueden culpar a los socialistas de sus problemas.

No son las únicas que verían este sistema como la solución frente a la crisis. También ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, comentó que ella no dudaría en transferir Justicia porque es un “poder nacional”. Algo que ya apuntó también hace una semana la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, indicando que no le parecía el momento apropiado para asumirla.

Aguirre explicó que ella se conformaría con Sanidad, Educación, Transporte y atención a la Dependencia. Precisamente las que podrían ver algunos de sus servicios privatizados. El resto, por lo visto, las devolvería “siempre y cuando alguien las asumiera”. Entre estas habría que contar Cultura, Infraestructuras, Medio Ambiente o Economía.

La derecha trata de evitar, a toda costa, los recortes drásticos para no ser impopulares o dificultar el camino de Mariano Rajoy hacia la Moncloa. Hasta ahora, siempre que se le ha preguntado a los cargos del PP cómo se las van a ingeniar para cumplir el objetivo de déficit garantizando el Estado del bienestar siempre han sostenido que no tocarán los servicios públicos esenciales.

Esta forma de salir del apuro es peligrosa. Es más, si las generales las ganara Rajoy se encontraría con la pelota autonómica en su tejado. Por eso, en la sede nacional conservadora no abogan por ella. “Nuestra propuesta no es esa, pero entendemos que algunos presidentes hablen así. Es expresión de lo que está pasando y de los incumplimientos del Ejecutivo socialista”, justificó el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, ayer en la Cope.

También el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, mostraron su disconformidad. Tampoco Castilla y León está dispuesta a renunciar a nada. Su Ejecutivo tachó ayer de “fracaso rotundo” el CPFF, pero confesó que a ellos ni se les ha pasado “por la imaginación” esa posibilidad.

Pero que no estén de acuerdo entre ellos no es lo más importante. Lo que ocurre, según fuentes gubernamentales, es que esta poda que plantean no se puede realizar porque las reglas están fijadas en la Constitución, en la normativa de transferencias y en los Estatutos de Autonomía. El propio vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, lo defendió hace unos días. “Las competencias, una vez transferidas, no se pueden devolver”, dijo. A Aguirre le parece “increíble” que no se pueda hacer.

Al Gobierno le resulta llamativo, además, que los conservadores pongan de ejemplo Sanidad, que es el área más costosa, y no otras de menor presupuesto. Y creen que con esta postura están negando la propia esencia autonómica. Rajoy, que siempre se ha declarado un ferviente defensor del modelo, aún no se ha pronunciado sobre este debate impulsado desde sus propias filas. Algunos creen que si al final se produjera, los principales partidos tendrían que ponerse de acuerdo y evitar el descontrol de que cada comunidad eligiera con qué competencias se queda.

Respecto a la reunión del CPFF, Feijóo anunció ayer un recurso de inconstitucionalidad por el “incumplimiento fraudulento” del acuerdo de financiación. Además, aseguró en la Cadena Ser que en el encuentro “no había habido resultados”. “Lamentablemente, una buena parte de las comunidades entrarán en una situación muy delicada de un posible colapso financiero a finales de este 2011”, vaticinó.

Chaves, desde RNE, destacó que son las comunidades las que tienen que asumir su responsabilidades en los ajustes y decidir de dónde tienen que recortar. Y pidió a los líderes regionales del PP “no sacar presuntas facturas o déficit ocultos” para “endosarle la culpa al Ejecutivo anterior o al Gobierno de la nación” .

Tal vez fue Castilla-La Mancha la que peor salió del Consejo al ver que no se aprobaba su plan de reequilibrio. Ayer, desde la región lamentaban que no se les hubiese ofrecido “ninguna solución” y haber recibido del Ejecutivo “el silencio, la generalidad y la vaguedad” ante su petición de ver a Salgado. Por su parte Valcárcel calificó las medidas adoptadas de “insuficientes” y destacó que “no van por el buen camino”.