Un crimen ligado a la corrupción inmobiliaria

En Polop de la Marina (4. 600 habitantes, Alicante) a pocos vecinos ha sorprendido el arresto de Juan Cano, el alcalde de la localidad, acusado de estar implicado en el asesinato del anterior regidor, Alejandro Ponsoda, ocurrido en 2007. Su rencor a su antecesor, del PP como él, era abiertamente público. También su carácter autoritario.

"O estabas con él o contra él", señala un quiosquero del pueblo refiriéndose al arrestado. "Cano ordenó al ayuntamiento no comprar en mi quiosco los diarios porque decía que soy socialista", añade este hombre. A las puertas de su negocio, un sexagenario pasea un carrito de bebé y señala con el índice hacia la puerta del consistorio: "¿Cano? ¿culpable? Sigan ustedes la pista del dinero...".

Días antes de morir, Ponsoda pensó en contratar un guardaespaldas

El suceso ha roto la tranquilidad de este municipio de la Costa Blanca, abrigado por la imponente mole del Puig Campana. Desde la detención del primer sospechoso, un narcotraficante, el pasado 3 de noviembre, la expectación sobre el caso ha ido en aumento. La alcaldesa en funciones, María Dolores Zaragoza, convoca ruedas de prensa casi a diario para informar de las novedades. Ayer, además, trascendió a través de los familiares de la víctima que Ponsoda pensó en contratar un guardaespaldas días antes de ser asesinado porque temía por su integridad.

Además de Juan Cano, el detenido, Joaquín Montiel, concejal de Turismo, está también en el punto de mira. Montiel permanece encerrado en su chalet y muchos creen que su detención será inminente.

"O estabas con él o contra él", dice un residente sobre el arrestado

Las vidas de Cano y Montiel están cosidas por el hilo del urbanismo y el dinero rápido. Amigos desde el colegio, fueron expulsados del equipo de Gobierno por Ponsoda en el 2003 por una presunta extorsión a un empresario al que pidieron dinero por una licencia. En mayo de 2007 ambos regresaron al ayuntamiento tras las presiones del sector zaplanista y Cano alimentó su resentimiento hacia Ponsoda cuando se negó a aprobar un plan de 5.000 viviendas.

Según la investigación policial, éste pudo ser el detonante de un crimen con un grueso barniz de novela negra: grandes pelotazos urbanísticos, conspiraciones en prostíbulos y dos sicarios checos que habrían cobrado 50.000 euros por eliminar a Alejandro Ponsoda. Todo ello con la proximidad y el telón de fondo de santuarios del ladrillo costero alicantino como Benidorm, Altea o Calpe, donde especulación y hormigón conviven a diario en las articulaciones de la política local.

De hecho, Cano y Montiel obtuvieron suculentos beneficios entre los años 2003 y 2007 tras invertir en varios negocios inmobiliarios. En poco tiempo, ambos pasaron de vivir en pequeños pisos en el núcleo urbano a acomodados chalets en la periferia. "Y eso, en un pueblo de cuatro casas, pues llama la atención", comentaba estos días un residente.

La misma opinión la comparten algunas fuentes consistoriales. La versión oficial clama por la tranquilidad y la inocencia de Cano. Pero tras apagar las grabadoras, finaliza toda exculpación. Miembros del equipo de Gobierno local aseguran que Cano estaba cegado por el dinero y que sus relaciones con Ponsoda eran "tormentosas". También auguran que cuando se levante el secreto de sumario sobre el caso para el municipio será "peor que abrir la caja de Pandora".