La corrupción planea sobre Castilla y León

La Justicia decidió el jueves tomar cartas en el asunto y la Fiscalía provincial de León investigará si hay delito en el caso de la adjudicación de licencias de instalaciones de energías renovables por parte de la Junta de Castilla y León. Cinco altos funcionarios de la Comunidad ya han dimitido por haber participado presuntamente en concesiones en su propio beneficio o en favor de familiares cercanos.

Empresarios y procuradores socialistas en las Cortes castellanoleonesas consideran que la caída del entramado se veía venir. Según la parlamentaria del PSOE Inmaculada Larrauri, “la opacidad de los procedimientos de la Junta en este sector alienta este tipo de situaciones irregulares”.

Sin información pública

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) reclamaba el jueves transparencia en los procesos de concesión de cualquier tipo de licencia. La patronal considera que “cualquiera de los que han solicitado autorizaciones deben tener garantizado que los procedimientos están amparados por la regularidad, protegiéndose los derechos de todos los administradores solicitantes, empresarios y consumidores”.

Ahora, así lo aseguran los empresarios, quienes piden este tipo de permisos no pueden consultar en qué orden han entrado sus solicitudes en la Administración, ni conocer las razones por las que no les han sido dadas. ¿Por qué? Porque el Gobierno autonómico sólo hace públicas en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCIL) las concesiones a las que ya se ha dado el visto bueno.

El PSOE catellanoleonés, a través de su viceportavoz en las Cortes, Ana Serrano, ya ha exigido responsabilidades políticas a la Junta así como “que se reúna la Diputación Permanente” para que comparezcan el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso. Los socialistas quieren que expliquen todo lo ocurrido.

Investigación de la Junta

Los medios regionales de Castilla y León ya han bautizado a la trama como el ‘caso Lasarte’, en homenaje al ex secretario general de la Delegación de la Junta en León. Javier Lasarte fue, el pasado día 1, el primero en dimitir después de que se descubriera que sus empresas de energías renovables recibían licencias a través de la jefatura de Industria.

Coincidiendo con el día en que el escándalo vio la luz, la Junta inició una investigación interna, que ha resultado determinante en el cese de los demás involucrados. Además, estudió los casos de otros seis funcionarios del departamento de Industria que también participaban en compañías de energías renovables por si hubiese algún tipo de irregularidad en la concesión de licencias a las mismas.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, aseguró, en declaraciones a Público, que “no tenía ningún conocimiento” sobre la participación de altos funcionarios en este tipo de prácticas y se comprometió en la lucha contra la corrupción, “con la tranquilidad de no tener nada que ocultar”.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de León determinará si los funcionarios que ya han dimitido, así como los que están siendo investigados, han cometido algún tipo de delito. Según fuentes de la Delegación Territorial en León, los ceses dse han producido por la pérdida de la confianza en estos responsables nombrados ‘a dedo’, pero se desconoce si ha habido “responsabilidad penal”. El delegado, Eduardo Fernández, considera que, en todo caso, “se ha podido incurrir en tráfico de influencias o en negociaciones prohibidas a los funcionarios”, delitos tipificados en el Código Penal.