30.000 afectados ponen en jaque a una gran petrolera

"La familia Barberá murió entera. Vivía cerca del pozo número 2. El agua salía como café y la tomaban para beber, la usaban para bañarse. Era puritita agua de formación, el agua tóxica que sale de los pozos junto con el petróleo y que se tiraba directa a los ríos". Carmen Zambrano tiene 46 años y lleva 26 de ellos viviendo en la Amazonia ecuatoriana, en la zona donde se extrae el petróleo. En estos años, Zambrano ha visto enfermar, y morir, a muchos habitantes de una región contaminada sin escrúpulos por décadas de malas prácticas de las petroleras. Madre de ocho hijos y dedicada a trabajar el campo para consumo propio "Cultivo yuca, café, arroz y maíz", Zambrano se niega a abandonar la zona contaminada.

"No quiero marcharme. Nuestra lucha es que la contaminación se limpie", dice. Detrás de su casa, hay dos pozos.

"No quiero marcharme. Luchamos por lograr que limpien"

Ella y muchos conciudadanos están desde hace meses pendientes de una esperada decisión judicial: la que el juez de Sucumbíos debe tomar sobre la demanda planteada contra Texaco (absorbida por Chevron en 2001) por las víctimas de la contaminación que causó desde que empezó a operar en 1972 hasta que abandonó el país en 1990.

El caso fue planteado en Estados Unidos en 1993, pero los tribunales de ese país dictaminaron que el asunto debía juzgarse en el lugar de los hechos y Chevron se comprometió a aceptar la jurisdicción ecuatoriana. Los 30.000 afectados que litigan contra la empresa presentaron la demanda en Ecuador en 2003.

El juzgado ha obtenido informes, ha tomado declaración a testigos, ha hecho pruebas y análisis de la toxicidad del agua y ha encargado informes periciales. Uno de ellos estima el coste de limpiar y reparar la zona contaminada en 27.000 millones de dólares. Si el juez condenara a la empresa a costear la reparación ambiental, se trataría de la indemnización más elevada de la historia. La petrolera Exxon pagó una indemnización de casi 4.000 millones por el vertido en Alaska de 37.000 toneladas de hidrocarburo en 1989.

"Defender los derechos humanos aquí equivale a muerte y amenazas"

"Me instalé aquí en 1973 y la Texaco no tenía ningún control de la contaminación", dice un testigo del juicio. Había roturas, vertidos y las carreteras se regaban con crudo para evitar el polvo. "La gente desconocía los efectos del petróleo. Nadie sabía nada".

La tasa de leucemia es tres veces más alta en niños de 0 a 4 años que viven en zonas de explotación operadas por Texaco que en otras regiones del país, según un estudio del International Journal of Epidemiology. La tasa de cáncer es un 150% más alta y el índice de abortos supera en 2,5 la media nacional.

"Hervimos el agua entubada. Hay metales que no se van, pero al menos hace algo", dice Carmen Amelia Pérez, promotora de salud, de 57 años, que tiene un pozo a 500 metros. "La gente que no tiene agua entubada cava seis metros y la saca, pero el agua sale amarilla y aceitosa".

Luis Yanza, del Frente de Defensa de la Amazonia, impulsor del caso desde sus inicios, considera que el hecho de que el caso haya llegado tan lejos "es un triunfo de la gente organizada y de la perseverancia en la lucha por lograr justicia". Yanza recuerda cómo el caso ha aumentado drásticamente la concienciación de la población sobre los efectos de la contaminación y ha transformado actitudes. "Cuando empezamos, pocas personas denunciaban. Hoy la gente ya no calla: frente a los atropellos, reaccionan, reclaman y se enfrentan a las petroleras".

Para el investigador Pablo Araujo, también es significativo ver cómo han evolucionado las movilizaciones en la Amazonia, "un territorio lejano, donde el Estado no tenía fuerza". "El tejido social estaba apoderado por el terror en los setenta. Nadie se movilizaba. En los ochenta, empiezan a aparecer niños enfermos. Los movimientos sociales han ido pasando de una actitud timorata a una reivindicativa y contestataria", explica.

Araujo destaca cómo en 2005 y 2006 hubo movilizaciones de hasta 30.000 personas para pedir más servicios y lograron parar la producción durante 15 días. El Estado cedió, dio más acceso a agua entubada no potable y construyó más carreteras.

Sin embargo, el abogado y miembro de Acción Ecológica Raúl Moscoso considera que el Gobierno de Rafael Correa, pese a una retórica de progresismo ambiental, "está obsesionado con el activismo". "Las luchas de las comunidades son vistas como intereses particulares frente a los intereses de la nación", dice. "Hemos visto una campaña del Gobierno para acabar con movimientos sociales que no son dóciles", añade.

"Faltan muchos avances en salud y educación. Seguimos siendo un área marginada", dice la coordinadora del Comité de Derechos Humanos de Shushufindi, Ivonne Macías, para quien luchar por los derechos más básicos "aquí equivale a muerte, a amenazas. Supone vivir en un espacio de persecución. Hemos visto a compañeros asesinados, como Freddy Valverde, del Comité, o Wilson Fajardo, hermano del abogado de la causa".

"Este caso ha hecho pensar a mucha gente", apunta Macías. "Lo importante es que un pueblo de la Amazonia tiene en jaque a una empresa transnacional. Sí se puede".