Son las diez de la mañana en el parque Cuartel Huertas de Móstoles. José Antonio y Manolo cubren con una lona de color negro los cartones y los sacos que han utilizado para dormir durante la noche. Cuentan a Público que, desde la ausencia de Patxi, su compañero de batalla, los días son más largos. Han pasado ocho meses desde que fueron desahuciados sin ninguna alternativa habitacional del Edificio Dignidad. "Quedábamos tres y decidimos luchar codo con codo, incluso sabiendo que podíamos perder la vida", dice Manolo.

El pasado 17 de abril, la plataforma Stop desahucios Móstoles contactó con este medio para informar acerca del fallecimiento de Patxi. "Su estado de salud empeoró tras el desalojo", dijeron. La plataforma comunicó que vivía en la calle con una discapacidad del 65%, varias dolencias crónicas graves y desnutrición. "La muerte de nuestro compañero se podría haber evitado. Sé que fue un gran luchador y gracias al apoyo que nos ha dado, nunca lo olvidaremos", lamenta Manolo con voz entrecortada.

Patxi, José Antonio y Manolo fueron desahuciados por no poder pagar un alquiler por su situación de enfermedad y por quedarse sin trabajo. "Patxi murió esperando una vivienda pública. Todavía no han recibido ninguna solución por parte de la Administración", denuncia José María Torralbo, portavoz de la plataforma Stop Desahucios Móstoles.

"He pensado en suicidarme"

Manolo tiene 61 años. Hace 11 años se quedó desempleado. Vivía de alquiler con su mujer y sus dos hijas. "Al no poder hacer frente al pago, nos desahuciaron", cuenta. Tras el desalojo, Manolo contactó con la plataforma Stop desahucios Móstoles, que fueron quienes le ofrecieron alojarse en el Bloque Dignidad. 

Actualmente, lleva ocho meses residiendo en el parque. "No es fácil dormir en un banco, tenemos que estar con lonas, plásticos, cartones y sacos para no pasar frío, y, aun con eso, se nos congelan las manos". Reconoce que la vida en la calle es muy dura. "Muchas veces me da por pensar: ¿para qué vivo? Incluso he creído que suicidarme era la mejor opción".

El día de la expulsión del edificio, la mujer de Manolo estaba ingresada en el hospital donde la amputaron medio pie. "Cuando le dieron el alta, se fue directamente a dormir a la calle", informan desde Stop Desahucios Móstoles. "Acababa de pasar por un postoperatorio, necesitaba una serie de cuidados e higiene", recuerdan indignados. Las administraciones han tardado siete meses en darle una plaza en una residencia, según la organización. "A ella sola, a su marido no".

El pensamiento más repetido de Manolo es que su mujer se está recuperando. "Nunca he luchado por mí, sino para ella porque lo necesita más que yo. Nunca la voy a dejar sola". Con Toñi, la pareja de Patxi, ha ocurrido algo similar. "Le iban a dar una plaza en una residencia y ahora dicen que hasta dentro de 15 días no se la pueden conceder", informan desde la organización. 

José Antonio tiene 72 años. Las calles de Madrid son su hogar desde hace 13 años y medio. Lo desahuciaron dos veces y han pasado nueve años desde que solicitó vivienda pública. Durante el día acude a la biblioteca a leer y a escribir. "Tengo un cuaderno con todos los poemas que he escrito", cuenta orgulloso con una sonrisa. Sin embargo, esa sonrisa se le borra cuando recuerda los días de lluvia y frío. "Espero que antes del mes de julio nos den una solución porque no puedo estar más tiempo durmiendo en la calle". 

Cuando llega el mediodía, José Antonio y Manolo van al comedor social y recogen alimentos para cenar. La elección de alojarse en el parque Cuartel Huertas no es casualidad. Frente a él se encuentran los juzgados y el Ayuntamiento de Móstoles. "No queremos que nos den una vivienda, sino que podamos pagarla de acuerdo con lo que estamos cobrando", manifiesta Manolo.

"El juez ha inclinado la balanza hacia el lado del poderoso"

Antes de que lo ocuparan, el Edificio Dignidad llevaba abandonado varios años. Las familias que eran desahuciadas sin alternativa habitacional lo rehabilitaron y lo convirtieron en su hogar. Desde entonces, han pasado 54 familias por él. "Cuando encontraban un lugar donde vivir, lo abandonaban y dejaban la casa para otra familia que lo necesitara", cuenta el portavoz de Stop Desahucios Móstoles. "El edificio estaba haciendo las funciones que tiene que hacer la Administración pública", insiste.

Desde la plataforma denuncian la actuación de la Comunidad de Madrid. "No permiten solicitar vivienda pública a las familias que están ocupando, que, precisamente, son las que más lo necesitan". El portavoz de la organización asegura que para realizar la petición, tienen que  presentar un documento válido del lugar donde residen. "¿Qué documento ofrecen si viven en la calle?", pregunta.

"El Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid son culpables de la situación de estas personas y de la muerte de Patxi", manifiesta. Según la organización, las administraciones han sorteado viviendas a familias de clase media que sí pueden pagar los alquileres que pide el ayuntamiento. "Ustedes no entran en el sorteo porque no ganan lo suficiente para pagarlas", respondían a las solicitudes de Manolo y José Antonio.

"Actualmente, hay un decreto que dice que no se puede desahuciar a la familia vulnerable sin alternativa habitacional", explica el portavoz de Stop Desahucios Móstoles. "El juez que ha llevado el caso se ha saltado este decreto. No ha considerado a ninguna de las familias vulnerables, a pesar de haber presentado un informe de los servicios sociales explicando por qué lo son". José María Torralbo denuncia que tampoco se ha hecho un juicio de proporcionalidad. "A un lado de la balanza hay un fondo buitre con muchos millones y muchas propiedades y, en el otro, personas que reclaman su derecho a la vivienda. El juez ha decidido inclinar la balanza en el caso del poderoso". 

Uno de los activos tóxicos de la Sareb

En 2014, los activistas de Stop Desahucios Móstoles decidieron "recuperar" el bloque de viviendas Dignidad que llevaba ocho años vacío para dar alojamiento a personas vulnerables. "Patxi, José Antonio y Manolo no se metieron en casa de un particular, entraron en un edificio abandonado", insisten desde la organización. 

54 familias; casi una veintena de menores; pacientes crónicos con enfermedades graves; migrantes con papeles, pero sin trabajo y sin dinero; mujeres víctimas de violencia machista pero sin protección porque están en situación irregular; desahuciados varias veces, personas que vivieron en la calle semanas, meses, incluso años, y que la única solución que encontraron fueron las casas del número 2 de la calle Carcavilla de Móstoles.

El Edificio Dignidad fue levantado por una inmobiliaria que quebró durante la crisis. Acabó en manos de Bankia antes de que la caja quebrara, fuera nacionalizada por el Estado, saneada y luego vendida a CaixaBank. Fue uno de los activos tóxicos que acabaron en manos de la Sareb, el banco malo, pero salió a subasta el pasado verano por 2,5 millones de euros. Su valor de tasación asciende a 4,6 millones. Ahora es propiedad de Midtown Capital Partners, una firma inmobiliaria con sede en Miami que no tardó en comenzar el procedimiento judicial para desalojar las casas.

Actualmente, las viviendas del edificio están anunciadas en Idealista por 275.000 euros. "Stop Desahucios hizo una propuesta al ayuntamiento para que lo convirtieran en vivienda pública", informan desde la organización. "Da mucha rabia, porque estas casas han sido compradas con dinero público, pero se han vendido a un fondo de inversión de Estados Unidos que planea derribarlas y construir otro bloque con varias plantas más", explican.