El Valle de Lecrín, en pie de guerra contra la instalación de torres eléctricas de alta tensión

Imaginen vivir en un paraje rural de alto valor ecológico, un valle andaluz arropado por un manto de olivos silvestres. Imaginen vivir de la tierra. Ahora, imaginen que en mitad de todo, irrumpiera un proyecto eléctrico que derrumbase toda la armonía descrita. Esa angustia, la de verse en el abismo de la despoblación, es la que sienten los vecinos del Valle de Lecrín en Granada, que ven cómo Red Eléctrica de España (REE) pretende construir una autopista de torres de alta tensión de más de 182 kilómetros de longitud.

El denominado Eje Eléctrico Sur de Granada, englobado dentro del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, pretende levantar una red que transporte 220 kilovoltios (kV) –ampliables a 400kV– desde Benahadoux (Almería) hasta El Fargue, a las afueras de la ciudad de Granada. De esta forma, se establecerá un entramado de torres de eléctricas que rodeará el borde occidental del Parque nacional de Sierra Nevada y pasará por el Valle de Lecrín y las Alpujarras granadinas, dos zonas que se encuentran en pie de guerra contra el proyecto. De los cientos de kilómetros planificados, 30 afectarían por completo a los habitantes de estas comarcas.

Fue el 11 de octubre de 2018, cuando los vecinos de los pueblos de la zona comenzaron a movilizarse, tras conocer que la Diputación de Granada había firmado, junto con ocho municipios del Valle de Lecrín, un acuerdo con REE por el que la promotora se comprometía a destinar 700.000 millones de euros para promover la sostenibilidad ambiental ante el impacto de la construcción. Hasta ese momento, había un desconocimiento absoluto de la obra, denuncian desde la plataforma Di No a las Torres.

"Ha habido un ocultismo absoluto", explica a Público José Manuel Milán, uno de miembros de la plataforma, que teme el impacto que podrían tener en el entorno unas torres con bases de 250 metros cuadrados y de hasta 60m de altura. Desde la organización señalan, sin embargo, que en este periodo de "poco más de tres meses" han recibido el apoyo de prácticamente todos los partidos políticos de la zona, que se oponen de manera frontal a la construcción de la red de transporte eléctrico.

Aunque la zona del Valle de Lecrín cuenta con estribaciones territoriales del Parque Natural de Sierra Nevada, no existe una protección del territorio. Esta realidad es uno de los grandes obstáculos para lograr paralizar el proyecto, tal y como valoran desde la plataforma. Sin embargo, los afectados entienden que la construcción de este eje eléctrico podría afectar de manera negativa a zonas cercanas de alto valor ecológico, como por ejemplo el extenso humedal de El Padul.

En virtud de ello, los diferentes pueblos y comarcas afectadas se han movilizado para recoger firmas y recabar alegaciones que puedan presentarse ante la Junta de Andalucía el próximo 7 de marzo. Todo un proceso de lucha en el que se han involucrado diferentes actores sociales, desde ciudadanos, hasta organizaciones medioambientales, pasando por empresarios agrícolas de la zona, que ven en las torres una amenaza para la economía local.

Desde un punto de vista medioambiental, más allá de la desprotección del Valle de Lecrín, Ecologistas en Acción pone el foco en el impacto visual que podría generar la cimentación de estas estructuras metálicas. "Estamos convencidos, más allá de toda duda, de que este proyecto producirá un efecto devastador en la belleza de la zona y que su impacto será perfectamente visible desde cualquier parte del valle", concluye el escrito de alegaciones de la organización.

Asimismo, el Valle de Lecrín se encuentra dentro de una Zona Especial de Protección para las Aves, según detalla el Catálogo de Paisajes de la Provincia de Granada. Este dato no debe pasar desapercibido, ya que, según explica en una carta Juan Manuel Pleguezuelos Gómez, catedrático de Zoología de la Universidad de Granada, "la primera causa de muerte del águila perdicera –especie en peligro de extinción que habita en el entorno– es la electrocución y el choque contra líneas de electricidad". En ese sentido, la instalación de estas gigantescas torres podrían poner en riesgo la biodiversidad de la zona afectando, sobre todo, al comportamiento de las aves.

Impacto económico y social

Al problema ecológico y biofísico, debemos sumar las consecuencias económicas que este programa tiene para la zona. Y es que, tanto la Alpujarra como la zona del Valle de Lecrín están caracterizadas por una dependencia fuerte del sector turístico, el cual podría verse trastocado si las obras llegan a buen puerto. María Aragón, otra de las portavoces del colectivo que busca paralizar el proyecto, denuncia que la llegada de turistas a la zona disminuirá notablemente, ya que las torres van a romper por completo la belleza natural que tiene el lugar.

Desde Ecologistas en Acción, se pone énfasis en la dependencia que tiene el turismo rural de la calidad medioambiental y se denuncia que "la promotora no ha tenido en consideración los efectos económicos y sociales que puede tener el proyecto".

Las repercusiones económicas también afectarán al sector inmobiliario, que, según los vecinos de la zona, ha experimentado un descenso de los precios. "Quién va a querer vivir debajo de una torre eléctrica", espeta Milán, para después denunciar que la construcción de la red va a significar la despoblación de la zona.

"Estamos expectantes", expresa Aragón. Esa incertidumbre tiene que ver con que el próximo jueves se termina el plazo para presentar las alegaciones ante la Junta de Andalucía. Aunque desde la Plataforma valoran positivamente el respaldo ciudadano que han recibido –más de 8.000 firmas en change.org–, se abrazan a la cautela.

Por su parte desde REE, promotora de la construcción cuyo accionariado mayoritario es privado, comunican que tratarán de estudiar todas las alegaciones presentadas y destacan que el plan presentado es la mejor propuesta desde un punto de vista social y medio ambiental. Por el momento, el proyecto continúa a la espera de que la Junta y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible presente un dictamen sobre la viabilidad económica y ambiental de las obras.