Las actividades relacionadas con el valenciano representan el 2,1% del PIB y casi el 3% del empleo del País Valenciano. El dato, conocido recientemente, proviene de un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que cifra en más de 2.000 millones de euros y 56.000 trabajos el impacto total de la lengua propia en la economía autonómica . 

En concreto, el sector educativo destaca enormemente por su capacidad de contribución económica (1.874 millones de euros y 49.187 trabajos), principalmente como consecuencia de la enseñanza no universitaria.

Teniendo presentes estos datos, sería razonable preguntarse, más allá del aspecto puramente economicista, cuál ha sido hasta ahora el impacto de la política lingüística aplicada por el gobierno del Botànic en el ámbito de la enseñanza. Una política ampliamente criticada por los sectores de la oposición, que la han considerado impositiva, pero también tachada de poco ambiciosa por parte de las principales entidades que trabajan por la dignificación de la lengua propia. ¿Ha conseguido la ley estrella del conseller Marzà superar el déficit de oferta de enseñanza en valenciano característico de la etapa popular? ¿Garantiza la ley de plurilingüismo que los alumnos alcancen una competencia digna en la lengua propia del País Valenciano?

"Cuantas más lenguas, más oportunidades, más sociabilidad, más vertebración. Hay que aplaudir cualquier iniciativa que no dificulte la progresión del valenciano", valora Joan Cortés, vicepresidente de Escola Valenciana. El modelo plurilingüe aprobado durante la legislatura anterior y en proceso de implementación gradual abandona el antiguo sistema de líneas educativas (una en valenciano y otra en castellano) y establece unos mínimos porcentuales de horario lectivo (25% para las dos lenguas cooficiales y 15% para inglés) ampliables por la decisión de los diferentes centros escolares en base a su contexto y sus necesidades pedagógicas. Una ley que se consensuó entre las fuerzas del Botànic como resultado de la anulación parcial del anterior decreto de plurilingüismo por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que veía "discriminación del castellano". A diferencia del anterior decreto, la ley desliga el aumento de horas lectivas en inglés a una mayor presencia del valenciano y posibilita un máximo porcentual del 25% en inglés. 

El modelo de porcentajes, a pesar de todo, no convence a ciertos sectores de la sociedad valenciana, especialmente en el sur, donde la incidencia de la lengua propia en la enseñanza es menor que en otras latitudes.

Para Josep Enric Escribano, presidente de la Associació Cívica per la Llengua "El Tempir" de Elx, la ley no vertebra el País Valenciano porque no garantiza que todo el mundo, al terminar sus estudios, sea competente oralmente y por escrito en las dos lenguas oficiales. "Aquel alumno que no esté expuesto a más de un 50% mínimo de áreas vehiculadas en valenciano, no podrá ser competente", sostiene. El profesor hace hincapié en una falta de igualdad de oportunidades, atendiendo a que en las zonas castellanohablantes y también en las grandes ciudades los alumnos viven sumergidos en un ambiente social donde predomina el castellano.

Un peligro real que conlleva el sistema de porcentajes mínimos, según Cortés, es que, en caso de que no se modifique la LOMCE, existe la posibilidad de que, en un futuro, otras formaciones políticas en el gobierno puedan regular la implantación del mínimo porcentaje, lo que volvería el valenciano a la oferta embrionaria y reduccionista propia de los tiempos anteriores. El vicepresidente de la coordinadora valora positivamente que cada centro tenga libertad para organizar su propio PLC (Programa Lingüístico de Centro). Según datos basados en el 93% de los centros de Infantil y Primaria en el País Valenciano, un 98% escogieron un proyecto lingüístico donde el valenciano superaba el mínimo porcentual exigido por la ley. 

Sin exención y con más garantías legales 

Un estudio elaborado por los lingüistas Alfons Esteve y Francesc Esteve, presentado públicamente por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) durante los últimos meses, pone el acento en la necesidad de que la ley del plurilingüismo elimine la todavía existente exención lingüística.

"Tiene muy poco sentido común impedir que una persona aprenda uno de los idiomas cooficiales del territorio. Se ha utilizado como una herramienta de bloqueo del valenciano", asevera Cortés. No en vano, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV), aprobada en 1983, contemplaba la exención del valenciano en los territorios castellanohablantes de manera provisional y excepcional. La realidad es que las peticiones no han menguado y la generalización de esta práctica en territorios como la Vega Baja abren la puerta, incluso, a que alumnos procedentes de zonas valencianohablantes puedan acceder a esta dispensa. "Continuamos perpetuando la existencia de ciudadanos valencianos de segunda", concluye Escribano.

Alrededor de la vigencia de la LUEV, ya hace tiempo que las entidades en defensa de la lengua muestran recelos ante sus limitaciones. Precisamente, en el manual para garantizar la igualdad lingüística en el País Valenciano, anteriormente mencionado, se aboga por una actualización legislativa que supere la actual norma y revierta el descenso que se ha producido desde los años noventa en el uso y conocimiento de la lengua propia. El estudio, de hecho, declara que la LUEV no se comporta como una ley al no establecer los deberes y las obligaciones de los poderes públicos, apelando sólo a la buena voluntad y el fomento.

Uno de los deberes pendientes de esta legislatura, pues, será el consenso de una nueva ley de igualdad lingüística que reivindican agentes como Escola Valenciana, ACPV o El Tempir. "No resolverá el problema que tenemos de normalización pero nos permitirá dar mayor garantía legal a los derechos de los valencianohablantes, indefensos y discriminados ahora", expresa Escribano.

Existe la idea generalizada, entre los expertos consultados, que la política lingüística en la enseñanza debe complementarse necesariamente con actuaciones más allá de este ámbito. Es prioritario, para la formación e inmersión lingüística de los alumnos, la apuesta decidida por una radiotelevisión pública que priorice el uso del valenciano en la programación y que sea capaz de generar un producto audiovisual de calidad. Por ello, el aumento de la partida presupuestaria a À Punt —actualmente es la más baja en comparación con el resto de medios autonómicos— debería entenderse como algo inajornable.

Asimismo, una ley que regule el uso del valenciano en la función pública ya es inaplazable, teniendo en cuenta que todas las comunidades con lengua propia ya la tienen aprobada. Con todo, destacados miembros del Consell como Gabriela Bravo, al frente de Justicia, se muestran partidarios de plantear excepciones en este sentido. En unas recientes declaraciones, la consellera anunciaba que el valenciano no será exigido a los funcionarios del ámbito sanitario si esto chocaba, decía, con el derecho a la salud.

La visión de la consellera Bravo se sitúa en las antípodas de todos aquellos que reclaman una equiparación de los derechos lingüísticos en términos de justicia social y equidad. Escribano finaliza: "Las políticas lingüísticas deben entenderse —son— políticas sociales. Y, como son sociales, deben ser inclusivas".