"Un barco a la deriva que encalla en el beneficio empresarial en detrimento de la salud de la población". Así define Sergio Fernández, vicepresidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) el panorama sanitario en la Comunidad de Madrid gobernada por Isabel Díaz Ayuso.   

Plantillas sometidas a una alta presión, sobrecarga laboral, largas listas de espera y un gran impacto negativo en la calidad de las consultas: la atención sanitaria en la Comunidad de Madrid "está agonizando", según Fernández. Asegura que el tiempo de espera para una primera cita con el médico de cabecera se sitúa en ocho días de media, muy por encima de las 48 horas recomendadas. Las Urgencias extrahospitalarias están saturadas, y el aseguramiento privado continúa en ascenso, lo que Fernández interpreta como una estrategia para favorecer a las empresas privadas. "Un cóctel perfecto de factores que provoca que nada funcione correctamente en la sanidad de la Comunidad de Madrid", sentencia.

"La Consejería de Sanidad de Madrid no implementa condiciones atractivas para los profesionales, ni hace nada para aliviar esta situación; al contrario, ha pasado el verano y no se han reforzado las plantillas", afirma Fernández. El vicepresidente de la FADSP asegura que cada año se repite la misma problemática durante el plan de invierno, con la saturación de Urgencias debido a los virus respiratorios. "La consejera ha dicho que está establecido un plan de invierno, pero nos consta que la Consejería de Hacienda aún no lo ha aprobado", añade. Público ha intentado contactar con la Consejería de Sanidad de Madrid, pero no ha recibido respuesta.

Fernández asegura que Madrid es la única comunidad autónoma que no ha pactado las 35 horas semanales, "un derecho que tenían los sanitarios antes de los recortes hace 12 años y que hoy en día no se ha restablecido". "El panorama es muy negro", lamenta. "Hablamos de un desmantelamiento del 112, de la atención hospitalaria, de la Atención Primaria e incluso de la investigación", dice.

Los sanitarios, al límite

Recientemente, este medio se ha hecho eco de la falta de personal sanitario, la saturación y las condiciones precarias en dos hospitales de la Comunidad de Madrid: el Hospital Universitario de Getafe y el Hospital Universitario de El Escorial.

Por un lado, en el hospital de Getafe, el personal denuncia las condiciones indignas que enfrentan los pacientes, quienes en algunos casos deben dormir en los pasillos, sobre colchonetas y sin almohadas. Además, señalan que el cierre de una planta de medicina interna ha generado una sobrecarga en el área de Urgencias, impactando negativamente en la calidad de atención y en la salud de los pacientes que acuden al centro. Finalmente, después de que Público publicara esta denuncia, una trabajadora del centro ha confirmado a este medio que se ha reabierto un pasillo de la unidad que permanecía cerrada.

Por otro, en el hospital de El Escorial, los sanitarios insisten en que el centro sigue operando con el mismo presupuesto que hace varios años, a pesar del aumento en la demanda de atención. Señalan que todos los sanitarios superan el límite de 48 horas semanales, sumando la jornada ordinaria y las horas extras, mientras que la plantilla, ya reducida al mínimo, retrasa los diagnósticos de enfermedades.

"La situación es límite", afirma Sergio Fernández, quien destaca que un claro indicador es la falta de profesionales jóvenes que permanecen en el sistema tras completar su formación. "La política de la Consejería de Sanidad es de autobombo, dicen que van a pagar más a los sanitarios y a los facultativos, pero todo es mentira", afirma. Por ejemplo, "en pediatría no se han cubierto todas las plazas en la Comunidad de Madrid", señala, subrayando la dificultad para retener a los Médicos Internos Residentes (MIR) al finalizar su residencia.  

Fernández informa a este medio sobre la situación en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón: "En verano estuvieron sin aire acondicionado, y recientemente estuvieron sin luz todo el fin de semana en el pabellón central". Además, recuerda los problemas recurrentes de inundaciones en algunos hospitales debido a condiciones climatológicas adversas.

"Es un problema estructural"

Isabel de Barrio, trabajadora de Urgencias extrahospitalarias en Navas del Rey, asegura a Público que desde la perspectiva de los profesionales, la gestión es un desastre. "La Comunidad de Madrid es muy hospitalocentrista, pero el dinero que debería estar yendo a la base del sistema, la Atención Primaria, no se está concentrando allí", señala. Además, destaca que "las zonas del sur de Madrid son las más desfavorecidas".

"No puedes tener a los sanitarios trabajando 2.000 horas al año", insiste. "En Atención Primaria firmaron acuerdos que se están cumpliendo en muy pocos centros. En los hospitales tampoco están al 100%", afirma. "Somos un dominó, y cuando se tumba una pieza, todo se cae", concluye. 

Guillem del Barrio, portavoz del sindicato Trabajadores en Red La Paz, informa a este medio que los pasillos de Urgencias del Hospital Universitario La Paz "están a reventar". "La situación es alarmante y no se trata de un problema temporal, sino de un asunto estructural. La Atención Primaria de salud está en crisis, y actualmente los hospitales han asumido el rol de centros de salud comunitarios, debido al colapso de la Atención Primaria", señala. "No sé cómo aguanta el edificio si se han reventado los cimientos. Nos están torturando conjuntamente a pacientes y a sanitarios", manifiesta. 

Diana Ruiz, enfermera de quirófano en el Hospital Universitario 12 de Octubre y delegada del sindicato Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad Pública Madrileña (MATS), asegura en declaraciones a Público que llevan tiempo alertando sobre la saturación en los servicios, especialmente en el área de Urgencias. "En septiembre se volvió habitual que cuatro enfermeras atendieran a 60 pacientes, una carga que desborda nuestra capacidad y compromete la calidad asistencial", advierte.

Una política "destructiva" de desmantelamiento 

El panorama no es desolador únicamente para los sanitarios. El vicepresidente de la FADSP advierte que más de un millón de personas en la Comunidad de Madrid están actualmente en lista de espera para obtener un diagnóstico, acceder a una primera consulta externa o someterse a una intervención quirúrgica. "Para una primera cita de psicología clínica en adultos, la espera ronda los seis meses, y si se trata de una consulta con un traumatólogo o de rehabilitación, el tiempo de espera puede extenderse hasta un año", señala.

Lucía (nombre ficticio para proteger su identidad) relata a Público la experiencia de su abuelo, paciente oncológico, en el sistema madrileño de salud pública. Según explica, fue operado de cáncer de próstata en 2021, tras haber superado un cáncer de riñón en el pasado, el cual también requirió una intervención quirúrgica. Sin embargo, en el Hospital Universitario del Tajo, en Aranjuez, la cita para una tomografía de control, necesaria para localizar la nueva aparición del cáncer, fue programada a seis meses vista. "Mi abuela tuvo que acudir a atención al paciente, ya que las analíticas confirmaban la presencia de cáncer, solo hacía falta determinar su localización", explica.

Admite que, en esos momentos, el primer sentimiento que aparece es el miedo, especialmente por la incertidumbre sobre la posible agresividad del cáncer. Finalmente, su abuela logró que adelantaran la cita para el TAC, programándola solo unas semanas después, "pero tras presentar una reclamación y ejercer mucha presión", reconoce.

Lucía relata que ella misma ha enfrentado dificultades para acceder a atención médica. "Mi médico de cabecera tiene la agenda bloqueada para pedir cita a través de la aplicación del centro", explica. "Por teléfono, no me dan cita hasta dentro de 20 días, y recientemente, cuando enfermé y fui al médico, tuvo que atenderme otra doctora que está viendo pacientes fuera de su horario", comenta resignada. 

El vicepresidente de la FADSP afirma que todos estos testimonios reflejan un problema generalizado: plantillas insuficientes, un presupuesto totalmente inadecuado que está lejos de alcanzar la media de otras comunidades, y una gestión sanitaria que carece de un enfoque público. "En definitiva, una política destructiva de desmantelamiento de la sanidad", concluye.