El reciente fracaso del concurso de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha sacudido el modelo de cobertura sanitaria para el personal público en España y ha abierto una de sus mayores crisis desde su creación en 1975. Ninguna de las aseguradoras que prestaban el servicio, entre ellas Asisa, Adeslas y DKV, han presentado una oferta para el próximo contrato de 2025-2026, lo que deja en suspense la cobertura sanitaria de más de 1,5 millones de personas. La falta de acuerdo ha puesto en cuestión la sostenibilidad de este modelo dual, donde los funcionarios y sus familias pueden elegir entre sanidad pública y privada, y ha abierto el debate sobre si esta estructura responde a las necesidades de un sistema sanitario equitativo. 

El problema principal radica en el aspecto económico. Aunque el Gobierno aumentó la prima en un 17,2%, las aseguradoras consideran insuficiente esta cifra para afrontar "los crecientes costes de la atención médica". Han exigido una subida mínima del 25%, y algunas fuentes del sector incluso hablan de un 40% para mantener la calidad en los servicios. Ante esta negativa, el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública ha anunciado, a través de Muface, que lanzará una nueva licitación "con condiciones diferentes", pero los plazos y resultados son todavía inciertos. Por el momento, el departamento que dirige Óscar López no ha descartado que esos nuevos pliegos incluyan una ampliación de las cuantías de contratación. 

¿Una oportunidad para transformar el sistema de salud?

Este escenario preocupa, sobre todo, a las asociaciones defensoras de la sanidad pública, quienes han denunciado repetidas veces que el sistema actual crea desigualdades. En concreto, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha manifestado que el modelo Muface es una "anomalía" y aboga por su "eliminación gradual". En su visión, los funcionarios deberían incorporarse de forma progresiva a la sanidad pública, integrándose en igualdad de condiciones con el resto de la población. Un modelo como el actual, valoran, otorga a las aseguradoras un poder excesivo para fijar precios. Además, consideran que estos grandes grupos están aprovechando la situación para obtener más beneficios, al tiempo que derivan a los pacientes más complejos al sistema público.

Un informe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ya apuntaba en 2019 que las aseguradoras realizan una "selección de riesgos" al tratar de captar a los mutualistas más sanos y con menores necesidades médicas, mientras derivan los casos más complejos a la sanidad pública. Este modelo, insisten desde la FADSP, perpetúa un sistema que beneficia al sector privado a costa de recursos públicos, una situación que consideran insostenible.

El impacto de ese coste podría ser considerable si se llega a un escenario (si bien altamente improbable) en el que Muface deje de ofrecer cobertura privada. La sanidad pública, que ya enfrenta tensiones en sus recursos y tiempos de espera, debería absorber a más de un millón de nuevos usuarios. Aun así, algunos responsables, como Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, han defendido que el sistema público podría asumir a los mutualistas, dado que no suelen presentar alta complejidad médica. En su opinión, la transición de estos funcionarios a la sanidad pública no debería implicar una sobrecarga insalvable. Una postura que, sin embargo, no fue bien recibida por todos los sectores. Lo que supondría un mayor desembolso de dinero público para la sanidad privada.

Se abrirá una nueva licitación "con condiciones diferentes"

El actual contexto deja abierta la posibilidad de que el Ministerio prolongue el actual contrato de forma forzosa, un recurso que permitiría ganar tiempo mientras se busca una solución definitiva. La pregunta clave es hasta cuándo se podría mantener esta prórroga y si el Gobierno contempla o no un plan de transición ordenada hacia la sanidad pública en caso de que las aseguradoras se retiren definitivamente.

Los sindicatos también han alzado la voz ante la incertidumbre. UGT, en particular, ha convocado una reunión urgente con la Dirección General de Muface el próximo jueves, con el objetivo de evitar alarmismos y buscar respuestas claras. Desde la organización han expresado su preocupación de que la calidad de la atención sanitaria a los funcionarios no se vea afectada. Además, han destacado la preponderancia de este modelo entre los docentes, que representan el 65% de los beneficiarios, y otros cuerpos de la administración pública, como los pertenecientes a la Administración General del Estado.

Mientras tanto, la continuidad de la atención sanitaria para los mutualistas está garantizada, al menos temporalmente. Muface ha asegurado que se mantendrán las prestaciones en los mismos términos y que, de ser necesario, se activarían mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. En todo caso, tanto las declaraciones de la Mutualidad y la convocatoria de los sindicatos reflejan la gravedad de la situación y la urgencia de hallar una solución antes de enero de 2025, cuando expirará definitivamente el actual concierto.