madrid
Las quejas por la frecuencia del Metro de Madrid y por las apreturas que tienen que sufrir a diario sus usuarios son constantes. En su Memoria de 2017 Metro de Madrid estimó que sus trenes podrían acoger una densidad de hasta seis pasajeros por metro cuadrado. Sin embargo, en el contrato entre Metro de Madrid y el Consorcio de Transportes se pactó que "la densidad no ha de sobrepasar los cuatro viajeros por metro cuadrado". Este dato es uno de los “criterios de calidad” de su servicio, según el contrato-reglamento firmado por Metro y el Consorcio de Transportes. Tanto Metro como la empresa de Transportes dependen de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP y presidida por Ángel Garrido.
Es habitual tener que dejar pasar trenes debido a la densidad de personas que hay en ellos, sobre todo durante la hora punta. Los problemas de saturación en Metro han pasado de ser algo puntual a ser cotidiano y rutinario. La empresa pública gestionó el crecimiento de la demanda de viajeros aumentando el número de pasajeros por metro cuadrado, según informa El País. Sin embargo, no se aumenta el número de trenes.
Durante 2017, en la hora punta matutina de la línea 1, Metro calculaba que en sus trenes podían viajar 14.865 viajeros por hora y por sentido: es decir, unos seis viajeros por metro cuadrado. Lo mismo ocurría en el resto de líneas. Por ejemplo, en plena hora punta matutina (de 7.30 a 9.30 horas) en la línea 6 pueden viajar, según lo pactado con la Comunidad de Madrid, un total de 21.421 pasajeros. Sin embargo, el número de plazas ofertadas por Metro Madrid es de 29.913 según fuentes de la Memoria del Metro de 2017.
El Consorcio establece las frecuencias de Metro en función de la demanda. También controla que estas frecuencias se cumplan y financia a Metro, sin embargo, las pasadas navidades Metro programó un 4,7% menos de trenes que en el mismo periodo del año anterior aunque se preveía una mayor demanda de viajeros.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha querido recomprar las acciones del Metro que fueron vendidas en 2011 por el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Con esta estrategia Carmena pretendía recuperar el control e influencia en la toma de decisiones del transporte público en Madrid, algo que serviría para impulsarlo y disminuir el transporte privado, además de la contaminación en la capital.
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