"Deberíamos tomar nota de lo que ha pasado en Lleida porque, si no se ponen medidas, inevitablemente ocurrirá lo mismo en otras regiones con campañas agrícolas", asegura a Público desde su segundo confinamiento Ventura Campos, responsable de CCOO d'Indústria en la provincia catalana. El pico de la temporada de la fruta dulce en la región del Segrià empieza a descender y la población migrante que se ha trasladado allí para trabajar en la campaña ya empieza a pensar en su siguiente destino, siempre donde haya trabajo, donde haya fruta para recoger y escasa mano de obra autóctona.

De la fruta de hueso, como el melocotón o la nectarina, se pasa a la de semilla, como la pera y, un poco más tarde, a la manzana en provincias como Girona, aunque esta no moviliza un volumen tan grande de trabajadores. En La Rioja y Navarra ya se piensa en cómo afrontar la vendimia, que puede adelantarse a finales de agosto, mientras aparecen brotes del virus en varios municipios y ciudades sin que hayan empezado a llegar los temporeros.

En agosto también se cosecha la uva del Penedés catalán y, después, ya entrado septiembre, Castilla-La Mancha deja atrás la recogida del ajo y la cebolla para centrarse en su cada vez más extensa vendimia. En noviembre, los cítricos valencianos, del sur catalán y de Andalucía concentrarán el grueso del trabajo agrícola, y la aceituna en Andalucía y parte de Extremadura cerrará la temporada para dar paso de nuevo al inicio del fruto rojo en Huelva.

Es el ciclo de las cosechas, una actividad esencial que no ha parado ni en pleno estado de alarma gracias a un grueso de trabajadores abrumadoramente migrantes, muchos en situación irregular y padeciendo condiciones laborales y habitacionales tan precarias que, como en el caso de Lleida, Huesca o Albacete, se han convertido en un problema de salud pública, concentrando contagios y brotes que las autoridades sanitarias tienen muy difícil rastrear.

"Ha quedado claro que la expansión del virus tiene condicionantes sociales", asegura a Público la portavoz de Médicos del Mundo en Albacete, Idoia Ugarte, donde hay más de 200 temporeros confinados tras un brote en asentamientos irregulares que ya deja 30 positivos y más de 500 pruebas PCR realizadas, según fuentes de la Consejería de Sanidad manchega.

El pasado lunes el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) contabilizaba 34 brotes y alrededor de 700 contagios entre estos trabajadores, sobre todo en Lleida y Aragón, donde derivó en transmisión comunitaria. Unas cifras comparables a las de contagios en locales de fiesta y reuniones familiares en todo el país.

El Defensor del Pueblo ha dado la voz de alarma ante las condiciones de "degradación" que sufren estas personas y ha llamado a empresarios, organizaciones agrarias e instituciones a acabar con esta situación que "una democracia avanzada como la española no puede permitir". También el Relator de la ONU para la pobreza extrema ha pedido actuar "para evitar que la gente muera", no solo por contagios, sino por la absoluta indigencia en que han quedado en Huelva después de tres incendios en sus asentamientos en solo cinco días.

Preocupación en el Gobierno

Mientras, la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, daba las gracias a todos los temporeros migrantes por su labor. "Nos han salvado la vida y han permitido que nos alimentáramos todos los días y me consta que en condiciones deficientes", aseguró en una entrevista en la Ser, donde recordó el informe del relator de la ONU para la extrema pobreza sobre las condiciones laborales y de infravivienda de estas personas en España y criticó los ataques de varias patronales agrarias por reforzar la Inspección de Trabajo para paliar este drama. Sin embargo, son decenas de miles los temporeros en movimiento circular por el país y solo mil las actuaciones previstas por la Inspección de Trabajo en este campo, afirmó Díaz.

En el departamento de Agricultura también preocupa esta situación y el ministro Luis Planas ha señalado en diversas ocasiones las condiciones de hacinamiento en viviendas y transportes de estos trabajadores, no solo de los que están en situación irregular. El asunto es "sanitario" y de "dignidad humana". También es difícil de resolver, ha reconocido. No es de extrañar después de décadas de mirada ciega y oídos sordos ante una explotación racista que solo una pandemia, y ya cuando afecta al resto de la población, ha puesto en los titulares. "Es muy importante que los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y todas las administraciones estemos preparados en las zonas donde sabemos que habrá actividad agraria temporal", ha dicho Planas. Ya hay reuniones, pero de momento, pocas medidas claras.

La Rioja planifica su vendimia con la mirada en Lleida

En lo inmediato, la vendimia navarra y riojana son el punto caliente en el mapa de los futuros brotes. Distintas fuentes consultadas hablan de una tradicional contratación de proximidad y mucha mecanización en las viñas navarras, una comunidad más rica donde los asentamientos de migrantes no existen y las pequeñas cuadrillas de trabajadores están compuestas por personas con domicilio en núcleos urbanos cercanos a las fincas.

Pero no sucede lo mismo en La Rioja, con un sector vitivinícola menos mecanizado y que moviliza a miles de temporeros, unos con contrato, alojamiento y transporte facilitados por los empresarios, como establece el convenio agropecuario, pero otros que llegan "a la aventura" porque siempre se arañan unos jornales, apunta Rodrigo Alfaro, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de La Rioja.

Como miembro de la comisión regional de flujos migratorios, Alfaro reconoce que los esfuerzos se centran en poder realizar una vendimia "lo más segura posible", aunque las reuniones entre empresarios, instituciones y sindicatos aún son de toma de contacto y las medidas concretas están "muy en el aire". Se habla de reducir las plazas en los alojamientos que los empresarios tienen que facilitar a los empleados —un posible escollo para empresarios—, de no abrir albergues ni polideportivos municipales para alojar a los temporeros en busca de trabajo y se lanza un mensaje contundente que evite el efecto llamada de Lleida y Huesca. "Hay una bolsa de empleo agraria regional y este año se hace hincapié en que solo si se figura en esta bolsa se podrá conseguir un contrato", explica Alfaro, aunque no puede asegurar que haya trabajadores rondando la región.

Joaquín Yengüela, reponsable de integración social de Cáritas en La Rioja, también presente en estas conversaciones, considera vital evitar "movimientos masivos de personas" sin un contrato en origen. Pero sabe que es inevitable que la gente se busque la vida y que haya pequeños y medianos empresarios ya acostumbrados a "utilizar a estas personas que llegan sin contrato".

Aunque en la región no hay asentamientos informales como en Huelva o Almería, sí es habitual que ayuntamientos de varias localidades acojan en albergues y polideportivos a miles de temporeros sin vivienda.  Tiene claro que este año no podrán abrirse pabellones como el de Logroño y otros municipios donde, por la noche, duermen temporeros y el resto del día mantiene sus actividades.

"No reúnen las condiciones de seguridad ni de limpieza e higiene para estas circunstancias", apunta. Pero aún no hay una medida alternativa diseñada ante una situación que es más que probable que se dé en poco más de un mes. "El año pasado, solo el Ayuntamiento de Logroño contabilizó a 1.900 temporeros que pasaron por sus pabellones y la mayoría afirmó que ya había trabajado algún día. Esto es peligroso e incontrolable", advierte.

Pone el foco en la "cantidad de casas vacías, hostales, pensiones y otros lugares que podrían utilizarse para dar alojamiento digno a estas personas, "no sólo este año, sino en los sucesivos", y sostiene que, aunque sean menos trabajadores que en Lleida, en proporción con la población de La Rioja y su sistema sociosanitario, es un escenario es similar. "Este año es vital que los empleadores se conciencien de ofrecer viviendas adecuadas a sus cuadrillas", asevera.

Pruebas PCR a temporeros "con contrato y sin él"

Este viernes, tras días de negociaciones y de casos positivos en La Rioja, la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, anunciaba que el Gobierno regional "hará las pruebas PCR al 100%" de los temporeros de la vendimia "con contrato o sin contrato". Puede que el mundo laboral sea un poco más seguro, pero después de la jornada está la vida, la vida en común de quien trabaja. Ahí es donde está el reto, apuntan empresarios, sindicatos y organizaciones.

En Catalunya, tras el desastre de Lleida, la Generalitat, ayuntamientos, patronales y sindicatos trabajan en un documento de recomendaciones ante la covid y los próximos desplazamientos de temporeros a la vendimia del Penedès y el Garraf. Sindicatos y organizaciones sociales confirman que el principal problema es la falta de alojamiento y que también hay trabajadores que acaban durmiendo en las calles. Un número infinitamente menor que en la campaña de Lleida, pero también importante en tiempos de pandemia.

Salomó Torres, vicepresidente de la Fundació Pagesos Solidaris y responsable de la organización de pequeños agricultores Unió de Pagesos, hace hincapié en que esta campaña no depende de grandes corporaciones de la industria agroalimentaria como en la confinada región del Segrià, sino de cooperativas y pequeños y medianos agricultores y bodegas.

"Hablamos de cientos de trabajadores, de una cosecha más mecanizada que no va a suponer tanta amenaza. Creo que el riesgo de contagios es bajo, pero no es cero", explica. También se centran en la contratación de empleados de proximidad y apuntados al desempleo y afirma que no abrirán alojamientos o albergues colectivos de varios municipios y cooperativas donde se abren habitualmente para alojar a temporeros que llegan de la campaña leridana. Aunque es consciente de que, sin una Inspección de Trabajo más presente, el trabajo irregular no desaparecerá.

Sí que ve más riesgo en la campaña de los cítricos del sur catalán, que empieza en noviembre, donde hay grandes empresas y cuadrillas de temporeros que recogen la fruta de muchos agricultores. "Ahí, como en València, predomina el destajo, porque hay que coger muy rápido la fruta", explica.

La vendimia en las dos Castillas, otro reto

Al mismo tiempo, UGT, CCOO y las principales organizaciones profesionales agrarias Asaja, UPA, COAG y Unión de Campesinos han acordado pedir a la Junta de Castilla Y León que el Servicio Público de Empleo dé una atención especifica a los trabajadores del campo y se ocupe de la contratación de temporeros con una sección especial.

En septiembre le llega el turno a los viñedos de Castilla - La Mancha y, según Juan Francisco Zamora, secretario  de Políticas Sociales de CCOO Albacete, el brote entre temporeros de la ciudad es un claro aviso ante la vendimia donde ya son varios los años que se han denunciado condiciones infrahumanas, de hacinamiento y explotación de trabajadores migrantes, "con contrato y sin contrato".

Recuerda la denuncia que su sindicato, junto a la Asociación Colectivo de Apoyo a Inmigrantes (ACAIM), realizaron en 2018 en Fuentealbilla, donde unos 300 trabajadores subsaharianos vivían en una antigua granja porcina, en condiciones lamentables y víctimas del fraude de intermediarios. "No es el único caso, hay abusos y explotación en la vendimia manchega. Nosotros denunciamos los casos que nos llegan, pero no son todos lo que hay", explica. 

Aumenta el estigma del temporero migrante

Y al problema añadido de la explotación y su exposición al virus, se suma la criminalización, el estigma y la fobia al trabajador migrante que recoge la cosecha de España. Episodios como la protesta en Albacete que acabó en altercados, las imágenes de cientos de migrantes durmiendo en las calles Lleida o en la plaza de Lepe, junto al Ayuntamiento, para exigir una vivienda digna, son aprovechadas por la ultraderecha para culpar al migrante de los rebrotes.

Los brotes de xenofobia se extienden casi al mismo ritmo que los del virus en las áreas rurales donde las campañas agrícolas llevan a los trabajadores más precarios e indefensos del país. También en los barrios próximos a instalaciones donde se acoge o se confina a los migrantes contagiados. "Si no se buscan alternativas a este problema enquistado de los asentamientos y se pactan protocolos claros, el riesgo de un rebrote también de racismo es alto, como ya hemos visto en Albacete", advierte la portavoz de Médicos del Mundo en la provincia manchega.