MADRID.- Un año después de la tragedia de la playa del Tarajal, en la que murieron ahogados quince subsaharianos, las ONG que velan por los derechos humanos denuncian que todavía no se ha hecho justicia. Aquella mañana del 6 de febrero de 2014, tras haber intentado previamente burlar a pie el perímetro fronterizo de Ceuta, las aguas se tragaban a casi un tercio de los inmigrantes que trataron de alcanzar a nado la costa española vadeando el espigón, mientras los agentes de la Guardia Civil les disparaban pelotas de goma y botes de humo.


Los 23 supervivientes que llegaron al arenal ceutí fueron entregados inmediatamente a los agentes marroquíes de manera irregular a través de la valla, sin tener en cuenta si se trataban de potenciales asilados, lo que popularmente se conoce como devoluciones en caliente. La práctica, una vez más, fue criticada por organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que considera que la mitad de los recluidos en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) son susceptibles de ser refugiados políticos, mientras que una quincena de juristas españoles elaboraron un documento en el que acusaron al Gobierno de actuar de forma ilegal.

A Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y coautora del dossier "Expulsiones en caliente": cuando el Estado actúa al margen de la ley, le sorprende que tras doce meses nadie resultase imputado, por lo que reprueba que no haya habido “una actividad instructora mínima” o, en otras palabras, que judicialmente “no se haya hecho nada”. Cinco meses después de los hechos, por ejemplo, todavía no se habían identificado a los agentes implicados, algo que contrasta con la imputación de coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla por un presunto delito de prevaricación tras ser denunciado por practicar devoluciones en caliente, y eso que en el caso del Tarajal “hay hechos que son penalmente relevantes, como las muertes”, explica a Público Escamilla.

La Defensora del Pueblo, que calificó de imprudente el lanzamiento de material antidisturbios, también enmendó la plana al ministro de Interior. Jorge Fernández Díaz llegó a inventarse el concepto de frontera elástica o retráctil, es decir, que el territorio español no comenzaba tras la primera valla sino tras la segunda; y, en el caso de la playa del Tarajal, después de los guardias civiles que esperaban a los subsaharianos en la orilla española para impedir su entrada en el país. Soledad Becerril había estipulado que el corredor entre ambas verjas sí es España, mas las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes han hecho caso omiso a sus advertencias, reforzadas por diversos organismos europeos.

La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, se mostró indignada por las muertes y, aunque matizó que no se les había apuntado directamente, afirmó que la actuación de los guardias civiles “creó tal pánico que quince personas se ahogaron”. Unas declaraciones que no sentaron nada bien en Interior ni en el cuerpo armado, hasta el punto de que la Unión de Guardias Civiles puso una querella por injurias y calumnias, pero un fiscal de la Audiencia Nacional la rechazó. Las autoridades, además, incurrieron en contradicciones y el Ministerio, para salir del paso, difundió vídeos y audios editados de la tragedia, que no sirvieron para aclarar cómo se habían producido las muertes. Por ese motivo, Jon Iñarritu, diputado de Amaiur, acaba de registrar en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno para que aclare si la Guardia Civil entregó al juzgado todas las grabaciones y si existen imágenes registradas "con cámaras térmicas de gran nitidez”, que podrían reflejar la "salvaje actuación” de las fuerzas de seguridad.

Más represión contra los inmigrantes

Mientras un juzgado de Ceuta abría la investigación, Fernández Díaz continuaba con su hoja de ruta contra la inmigración: nuevas mallas antitrepa, ampliación del espigón, acuerdo con Marruecos que garantiza las devoluciones inmediatas, medio millar de agentes para reforzar en agosto los pasos fronterizos (a quienes ya no se les permitiría disparar pelotas de goma) y la tesis de que detrás de la llegada de subsaharianos estaban las mafias. El jefe policial de Extranjería en la ciudad autónoma negó en una entrevista esa posibilidad. Según él, se trataba de “un movimiento impulsivo de los inmigrantes”, porque “es imposible que exista un grupo organizado que pueda manejar tantas nacionalidades y, dentro de cada nacionalidad, cada tribu”. Llevarle la contraria al ministro supuso su destitución.

Incluso el Papa Francisco, devoto del titular de Interior, se mostró indignado por las "devoluciones sumarias" de personas que podrían ser refugiadas, víctimas de trata o precisar atención médica urgente. Pero el Gobierno, como ha denunciado Amnistía Internacional, prima el control de las fronteras sobre la protección de las personas en riesgo, hasta el punto de que el Grupo Popular promovió en el Congreso la legalización del eufemístico “rechazo en frontera” a través de la introducción de una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La reforma, en la que se ha colado el intento de dar cobertura jurídica a las expulsiones en caliente y que todavía debe afrontar su aprobación en el Senado, ha sido refutada por el Consejo de Europa, que considera ilegal la citada práctica.

“Las expulsiones se han seguido produciendo tras la tragedia del Tarajal, símbolo de la política migratoria y de fronteras del Gobierno, que siente un lamentable menosprecio hacia la vida humana”, censura María Serrano, portavoz de Amnistía Internacional para política interior. “Mientras las víctimas y las familias de los fallecidos siguen esperando una reparación, la investigación está bloqueada”, declara a Público Serrano, quien deja claro que “los responsables deben rendir cuentas por esos actos”.

Valla fronteriza que separa España de Marruecos en la playa del Tarajal. / EFE

Un caso atascado

El pasado diciembre, la jueza encargada del caso trasladó la investigación a la Audiencia Nacional por carecer de competencias para seguir con ésta: las muertes, alegó tras escuchar a los guardias civiles, que podrían enfrentarse a un presunto delito de homicidio por imprudencia, habían tenido lugar en Marruecos. La Fiscalía de Ceuta se ha opuesto al traslado de las diligencias, aunque la Audiencia Nacional todavía no se ha pronunciado. Atascada, la investigación ha venido sufriendo “dilaciones indebidas”, como denunció Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios, una de las asociaciones que forman parte de la acusación popular, gracias a las cuales se abrió el caso. Mientras que a las familias le exigían numerosa documentación y a las ONG, una fianza, la Guardia Civil incurrió en retrasos tolerados por el juzgado, criticó en su día la letrada, convencida de que no se había avanzado mucho en la investigación.

El informe presentado por el cuerpo armado recogía que nadie había ordenado que los agentes abrieran fuego y que los disparos no tenían como objetivo los subsaharianos, sino que su propósito era dibujar una “línea imaginaria” que delimitase la frontera en el mar. Esa “línea imaginaria” se trasladaría luego a la playa, según Fernández Díaz, y tomaría la forma de cordón policial. El ministro, que había inventado un nuevo concepto de frontera que provocó rubor e indignación entre juristas, ONG e instituciones, también se había defendido diciendo que el uso de material antidisturbios se había producido con carácter “disuasorio” y de forma “proporcionada”.

Las autopsias, según él, no habían determinado signos de violencia, aunque un informe de Caminando Fronteras subrayaba que, como atestiguan los médicos que los atendieron, algunos supervivientes presentaban heridas en la cara, aunque los facultativos no las relacionaron con los disparos; mientras que, según familiares de los fallecidos, algunos cadáveres tenían heridas en el rostro y en la cabeza. "Muertes siniestras”, en palabras de Human Rights Watch, que esta semana ha señalado que miembros de la Guardia Civil podría haber incurrido en graves irregularidades y, sin embargo, ninguno ha sido procesado ni sancionado, mientras que los responsables tampoco han dimitido.

Homenajes a los fallecidos

Las críticas de HRW (que también ha criticado que la investigación judicial avance “tan lentamente” y que la jueza haya realizado "pocas diligencias de oficio” y entorpecido las solicitadas por la acusación particular) se suman a las de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha recordado que han sido las ONG las que han levantado “un poco el velo de mentiras, engaños y manipulación” del Gobierno y la Guardia Civil, mientras que la instrucción judicial se limita a "marear" a los denunciantes. Por ello, han convocado para este sábado una marcha de protesta, en la que exigirán que se respeten los derechos humanos en las fronteras, que partirá del CETI y terminará en la playa del Tarajal, respaldada entre otras organizaciones por SOS Racismo, Pedagogía Ciudadana de Ceuta, Andalucía Acoge, Migreurop o CCOO.

Los actos en memoria de los fallecidos comienzan esta mañana en el madrileño Templo de Debod, donde Amnistía Internacional y CEAR colocarán quince flores en una concertina antes de entregar en el Senado 100.000 firmas contra la legalización de las devoluciones en caliente, que también han sido rechazadas por la ONU. Consciente de que “debe respetarse el derecho a la no devolución y el derecho de asilo y al refugio”, su Consejo de Derechos Humanos ha pedido al Gobierno que reconsidere legalizar “una práctica que es contraria al principio de protección internacional”.

Por la tarde, el auditorio Marcelino Camacho de Madrid acogerá un acto promovido por la Red Interlavapiés, la Coordinadora de Barrios y Ca-Minando Fronteras, que contará con la presencia de Icíar Bollaín, Luis García Montero o Pilar Bardem. Está previsto que se realicen actos en otras ciudades españolas y europeas, donde los presentes exigirán justicia e insistirán en que, un año después de la tragedia, todavía no hay responsables ni culpables. Tampoco respuestas.