Maltrato animalEstas son las reformas que faltan para que no "salga gratis" matar a un animal en España

A Yaco le metieron tres tiros con una escopeta de caza en 2015. Este perro de diez años, escurridizo, escapó a la calle mientras su familia aparcaba el coche en el garaje, pero no fue muy lejos. Un vecino lo mató. Han pasado seis años desde aquel suceso y su verdugo, tras una sentencia, ha quedado en libertad. El pasado miércoles, un juzgado de Sevilla condenó al maltratador a indemnizar a los dueños del cánido con 6.000 euros por daños morales, pero no entrará en prisión, ya que las penas máximas por maltrato animal contempladas en el código penal no superan los dos años y un día necesarios para que un agresor sin antecedentes pueda ir a la cárcel. 

El caso de Yaco no es único, sino que se trata de un fiel reflejo de la impunidad que los marcos jurídicos españoles dan a los maltratadores. En agosto de 2020 a Timple, un perro callejero de una localidad de Lanzarote, lo amordazaron hasta provocar su asfixia. Sus agresores, un hombre y una mujer, tampoco entraron en prisión. Ni siquiera hubo juicio. Tras un acuerdo con la Fiscalía, se les impuso una pena de 16 meses de inhabilitación para la tenencia de animales y una condena de cuatro meses de cárcel que nunca cumplieron, ya que no se encontraron antecedentes en la materia.

"En España, sale prácticamente gratis matar a un animal", dice Juan Ignacio Codina, subdirector del Observatorio de Justicia y Defensa Animal y una de las personas que trabajó para que en 2015 se reformase el Código Penal y se ampliaran las penas máximas relacionadas con el maltrato. Aunque el logro fue un avance, reconoce que no es, "ni mucho menos", suficiente en tanto que la mayor condena de prisión por arrebatar la vida a un animal doméstico es de un año y medio, lo que de facto exime de entrar en la cárcel a cualquier agresor, salvo que sea reincidente. "Ha habido muy pocos casos en los últimos años en los que el juez haya obligado a entrar en prisión al condenado", señala el experto.

Esto hace que el movimiento animalista comience a ver cómo las sentencias lanzan un mensaje peligroso de que las agresiones de este tipo no tendrán graves consecuencias. "El progreso del derecho tiene que ir hacia la mejora de la protección de los animales y esto implica un endurecimiento de las penas. Seguramente no suponga una disminución de los casos, pero es que estas reformas deben contemplarse dentro de un plan integral de acciones paralelas", alega Codina.

La idea de introducir penas máximas que superen los dos años y un día de presión para los casos más graves es una forma de eliminar la sensación de impunidad que han dejado los numerosos asesinatos y palizas a perros, gatos y otras especies domésticas. Sin embargo, el activismo por los derechos de los animales pone más énfasis en la necesidad de impulsar una legislación capaz de evitar más muertes. "Nuestra intención no es que la gente vaya a la cárcel, sino que nadie maltrate a los animales. Tenemos que entender que la reforma del código penal debe ser contemplada como una herramienta, pero el objetivo real es que no haya más violencia y eso sólo se consigue a través de la prevención", explica Leonardo Anselmi, director de la Fundación Franz Weber.

"Comparto esa idea de que las condenas deben estar pensadas no sólo para castigar a alguien que hace algo malo, sino para corregir y llevar a la gente hacia un cambio y la reinserción", manifiesta Laura Duarte, presidente del Partido Animalista-Pacma. "Desgraciadamente, eso es algo que no ocurre en España. En el caso de Yaco, hemos visto que la sentencia ha llegado seis años después de los hechos. Más allá de que el culpable no vaya a entrar en la cárcel, los tiempos de la justicia no ayudan, porque durante todos esos años, esta persona ha podido seguir comportándose así porque se le ha dado a entender que no pasa nada".

Tras la muerte por asfixia de Timple este verano, numerosos colectivos animalistas impulsaron el Pacto de Teguise: un documento en el que, además del endurecimiento de las condenas, se apunta a la necesidad de prevenir estos delitos. La educación en las escuelas para garantizar que los menores crecen aprendiendo a condenar e identificar el maltrato hacia los animales es una de las medidas más básicas. Pero también se encuentran otras como la dotación de herramientas a los funcionarios que aplican la ley.  "He visto malas leyes con buenos funcionarios, pero que dan resultados. Pero también he visto buenas leyes con malos funcionarios, que no daban resultados. Con esto quiero decir que necesitamos que los jueces, los cargos públicos y policías deben tener herramientas y conocimientos sobre el maltrato animal más allá de la ley", comenta Anselmi.

Los animales siguen considerándose "cosas"

La concepción que el Código Civil tiene de los animales domésticos simboliza bien la posición jurídica que tienen en la sociedad. Lejos de catalogarlos como "seres vivientes" o "seres dotados de sensibilidad", se les considera como un objeto que se puede poseer, lo que les coarta de ciertos derechos y condiciona decisiones judiciales cotidianas sin tener en cuenta el bienestar del animal. Por ejemplo, en la actualidad, un perro o un gato, puede ser embargable si un juez así lo dictamina, sin aparecer ningún condicionante sobre los daños a la salud que pueda causar el cambio forzado de hogar para el animal.

"En los divorcios se dan muchos litigios por la custodia del perro o un gato que no siempre se resuelven en función del lugar donde mejor puede estar el animal", explica Codina. Esta misma semana se ha dado un caso mediático en el que un magistrado, ante el desacuerdo de una pareja en proceso de separación, decidió subastar al perro con una tasación inicial de 3.500 euros, tal y como adelantó La Voz de Galicia. Una decisión que evidencia cómo el Código Civil actual da la espalda a los números estudios científicos que constatan que estos animales son capaces de generar lazos y vínculos afectivos con sus dueños.

La reforma del Código Civil es una de las tareas pendientes del Congreso. El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez en 2019 echó por tierra una reforma que había conseguido el consenso de todas las fuerzas parlamentarias en la que se contemplaba la prohibición de los embargos y se recalificaba a los animales como seres dotados de sensibilidad.

Duarte, bajo su experiencia como líder del Partido Animalista, lamenta que cada legislatura se dejen pasar oportunidades para avanzar. "Todos los Gobiernos nos hacen promesas, pero al final no se cambia nada porque el maltrato animal está normalizado en España", denuncia. Más allá de nuevas leyes estatales, de reformas penales y civiles "hace falta un compromiso social que emane de las instituciones", dice. "Mientras esto no ocurra, seguiremos siendo el paraíso de los maltratadores".