Los sindicatos se revuelven contra el intento de "uberización" del servicio de autobuses de largo recorrido

El servicio de transporte por carretera español lleva décadas moviendo personas de un lado a otro del mapa. Los autocares llegan a donde ya no lo hacen las vías de un sector en crisis permanente como el ferrocarril. Las estaciones de tren de media distancia se clausuran y el autobús permanece a día de hoy como alternativa –más incómoda y lenta– para alcanzar los destinos menos poblados. Esta forma de movilidad, sin embargo, está en peligro. La Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria, podría dar una estocada al sector y abrir la puerta a su liberalización, denuncian los sindicatos.

Actualmente el transporte de viajeros por carretera es un servicio público que funciona, casi de manera generalizada, a través de un sistema de concesiones públicas. El PSOE busca ahora introducir cambios en el modelo y abrir la puerta a la liberalización del sector, de la misma forma que ya lo ha hecho con el transporte de mercancías por ferrocarril o el tren de pasajeros de larga distancia. Tanto es así que el texto del proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible abre la puerta a "la prestación del servicio en régimen de libre competencias" en aquellas rutas que decida el Ministerio de Transportes y que se aprueben en Consejo de Ministros.

Los sindicatos consideran que esta medida podría tener repercusiones negativas a nivel laboral, pero también a escala territorial. "Esto no va a mejorar el servicio, más bien al contrario", opina Pablo Frutos, portavoz de la Secretaría de Salud Laboral y de Sostenibilidad Medioambiental de CCOO. "Se va a abrir paso a la uberización del sector y eso implica que el servicio empeore de cara a los ciudadanos y que haya una pérdida a nivel de empleo, no tanto en términos de puestos de trabajo como en calidad de empleo", indica el sindicalista. "Ya hemos visto que en que la liberalización del transporte de mercancías no ha tenido apenas beneficios para el sector", recuerda.

"El autocar es un elemento vertebrador importante. Liberalizar el servicio puede generar problemas para las zonas rurales. Al final, si se da paso a esto, vamos a ver que las empresas que entran en el mercado van a operar en los destinos donde haya más pasajeros y donde haya más rentabilidad", incide Frutos. "Creemos que las zonas más despobladas y menos rentables pueden quedarse bien sin servicio o que sea el Estado quien lo gestione. Es decir, que las zonas con pérdidas sean gestionadas por el Estado y las que generen más beneficios por empresas privadas". 

Una enmienda para frenar la liberalización

Desde Podemos comparten el temor de los sindicatos. Desde la formación morada informan a Público de su oposición frontal a este punto de la ley y dejan ver que, de nuevo, habrá roces con el PSOE, que tendrá que apoyarse en el PP y el resto de las derechas para sacar adelante ese apartado de la norma, como ya ocurrió en esta legislatura con la polémica exclusión de los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal.

"Hablar de liberalización es dar entrada a monopolios que, además, pueden tener relación con otros modos de transporte. Nos oponemos a ello", detalla Rafa Mayoral, diputado y portavoz de Transportes de Unidas Podemos en el Congreso. Este martes la bancada morada ha presentado un paquete de enmiendas, entre las que destaca la supresión del artículo 50 que abre la puerta a la liberalización del servicio. "El PSOE tiene que abrirse al diálogo con la mayoría progresista del Congreso para sacar adelante una ley que defienda los servicios públicos y no su pauperización", agrega el político.

Los sindicatos, por su parte, consideran que la norma nace muy debilitada, no sólo por las evidentes diferencias entre los socios de Gobierno, sino porque se han dejado al margen los asuntos relacionados con la financiación. "La ley, en un primer momento, iba a llamarse 'Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte'. Esta última parte directamente ya no está en el nombre y para nosotros es un problema porque se trata de una norma que debe de tratar de resolver los retos de descarbonización del transporte y para ello debemos establecer cómo vamos a financiar la nueva forma en la que nos movemos. No solo los autobuses de viajeros, también el ferrocarril o los vehículos compartidos", denuncia Frutos.