Sharon tiene 28 años y vive desde hace uno en Barcelona. El verano pasado aterrizó en L'Hospitalet de Llobregat con su pareja y su hijo de tres años. Hace solo diez días, dio a luz a su segundo bebé. Este jueves, Sharon se enfrenta –por segunda vez– a una orden de desahucio.

La familia se trasladó a la capital catalana cuando "el contacto de un contacto" les ofreció una alternativa habitacional. Las prisas y la necesidad de "encontrar algo mejor" hicieron que los tres se mudasen "con urgencia" a un piso en el Casc Antic de la Ciudad Condal. "Esta persona [el contacto] se hizo pasar por la propietaria del inmueble. Les pidió una fianza y el dinero del mes en curso, lo normal para entrar en cualquier vivienda", recuerdan desde la plataforma Resistim al Gòtic.

La mujer se instaló en el piso cuando todavía estaba embarazada, sin sospechar nada de lo que ocurriría después. Sharon llevaba dos semanas en el Casc Antic cuando una comitiva judicial llamó a las puertas de su casa: la supuesta propietaria era en realidad la anterior inquilina y arrastraba una orden de desahucio por el impago de 12.000 euros. "El dueño es un gran tenedor que le reclama a Sharon todo el importe de la deuda y que pretende desahuciarla para seguir lucrándose con alquileres a precio de mercado", denuncian desde el Sindicat d'Habitatge del Casc Antic. 

Sharon descubrió más tarde que había sido víctima de una estafa inmobiliaria, pero acudió al juicio para "evitar ser detenida". El juez reconoció finalmente su situación de vulnerabilidad socioeconómica y la familia consiguió esquivar un primer desahucio. Las moratorias covid fueron clave para frenarlo, en principio, hasta diciembre de 2024.

Pero el gran tenedor recurrió y el magistrado decidió entonces que la moratoria no se podía aplicar, porque Sharon había entrado en el piso después de su publicación en el BOE –que tuvo lugar en diciembre de 2020–. "Las interpretaciones dependen de cada juez, pero tenemos casos en los que se renuevan las moratorias anualmente", señalan desde Resistim al Gòtic. 

El lanzamiento de Sharon y su familia está previsto para este jueves. La situación de su pareja (migrante) es también complicada, dado que se encuentra en vías de regularización. Sharon está "nerviosa" y preparada para enfrentarse al desahucio. Las personas que la conocen la definen como una mujer "luchadora" y aseguran que ha tenido que lidiar durante los "nueve meses de embarazo" con esta situación. "Ella solo pide un contrato de alquiler y poder hacer su vida en el barrio", explican a este diario. 

"Los jueces no han querido parar el desahucio"

La ley catalana de vivienda establece que las personas físicas o jurídicas con la condición de grandes tenedores deben ofrecer una alternativa de alquiler social antes de interponer cualquier demanda de ejecución hipotecaria o desahucio, al menos cuando los inquilinos puedan acreditar una situación de riesgo de exclusión residencial. Sharon y su familia tienen varios informes que prueban esta situación. El dueño del inmueble tiene 14 pisos a su nombre, casi el triple de lo que contempla la normativa para considerar a alguien gran tenedor. 

"Los jueces no han podido –ni han querido– parar este desahucio, algo que nos dice que las leyes y las reformas son insuficientes para garantizar el derecho de las familias a una vivienda digna", señalan desde el Sindicat d'Habitatge del Casc Antic. "La vulnerabilidad socioeconómica de Sharon y su familia está más que acreditada por los Servicios Sociales y los sindicatos. La mediadora del Ayuntamiento de Barcelona les envió una propuesta de contrato y les ofreció que la vivienda entrase en una bolsa municipal, pero el propietario no ha querido ceder", precisan las mismas fuentes.

Sharon también cuenta con un informe médico que certifica que acaba de tener un bebé y necesita, al menos, 40 días de recuperación posparto. "El dueño se puso en contacto con el Ayuntamiento y se inventó que había recibido quejas de los vecinos. Esto es absolutamente falso y tiene un componente racista. Los vecinos se quejan del ruido que procede de los dos pisos turísticos sin licencia que tienen en la finca, no de Sharon y su familia", reivindican desde Resistim al Gòtic. La Ciudad Condal tiene actualmente más de 10.000 pisos turísticos registrados, aunque los sindicatos calculan que la cifra real es "mucho mayor".

Los desahucios, una 'pandemia' silenciosa

Sharon se mudó embarazada al piso en el que todavía vive, incluso sabiendo que tenía los muebles dañados y algunas puertas rotas. El entorno de la familia reconoce que la anterior inquilina se aprovechó de la situación de "urgencia" y de sus "necesidades económicas" para estafar a la joven. Sharon carece de contrato, como muchos otros inquilinos en la capital catalana, pero pide uno con el que poder "afincarse en el barrio" y sacar adelante a sus dos niños –uno de ellos, recién nacido–. "El Ayuntamiento no le hubiera hecho una oferta de alquiler social si no tuviera un aval detrás. Es una trabajadora nata", continúan los sindicatos. 

El colectivo Resistim al Gòtic y el Sindicat d'Habitatge del Casc Antic denuncian que los desahucios aumentan "de forma considerable" a las puertas del verano. "Lo que hacen los propietarios es rescindir los contratos para convertir los inmuebles en pisos turísticos. Esta tendencia, alentada por la celebración de la Copa América, está causando estragos en los barrios. El problema se agudiza en Ciutat Vella, porque los vecinos tendrán que mostrar acreditaciones para acceder a sus edificios", señalan las fuentes consultadas por este diario. 

Los Servicios Sociales de la Ciudad Condal no pueden garantizar una alternativa habitacional digna para todas las familias afectadas. En los últimos meses, muchos inquilinos han denunciado las "pésimas condiciones" de los recursos inmobiliarios previstos por el Consistorio: pensiones con plagas de cucarachas, sin comida y con trabas para permanecer durante el día.

"La Copa América –torneo de vela que se celebrará entre agosto y octubre en la ciudad– solo es la punta del iceberg. El boom de los nómadas digitales, que vienen del norte de Europa con sueldos diez veces más elevados, también propicia el desplazamiento de los residentes. La gentrificación de los barrios es preocupante", prosiguen los activistas. 

El posible desahucio de Sharon coincide en el tiempo con el suicidio de dos hermanas poco antes de perder su casa, también en Barcelona, por el impago de 9.000 euros en mensualidades.

La noticia ha vuelto a poner el foco en la presión inmobiliaria que sufren cientos de familias a lo largo y ancho del país. "Los desahucios tienen una motivación puramente económica y especuladora. Los grandes tenedores quieren sacar rédito con los alquileres y los juzgados no hacen nada porque consideran que los intereses de los propietarios están por encima de los de la gente trabajadora", sentencian los sindicatos.