El Ministerio de Vivienda planea elaborar un real decreto urgente para desarrollar el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Este decreto especificará las condiciones de los alquileres temporales, obligando a los usuarios a acreditar y justificar la razón del alquiler al formalizar el contrato.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha informado que estos contratos deberán registrarse en la nueva plataforma anunciada por el Gobierno, que centralizará todas las modalidades de alquiler, incluidos los turísticos y de habitaciones.

"Igual que se nos puede requerir nuestra nómina", al firmar el contrato de alquiler, "se requerirá la causalidad de esa temporalidad", ha dicho Rodríguez. "No se podrá abusar de una temporalidad, sino proteger y dar seguridad jurídica a quienes necesitan este tipo de alojamientos que ahora están tensionando los alquileres, del mismo modo que lo hacen los turísticos".

También ha reclamado a las administraciones "trabajar por una vivienda digna a precios asequibles". "Vamos a avanzar en la regulación, habrá que acreditar la temporalidad y nos vamos a dotar de un registro, para poder fiscalizar, perseguir y sancionar" a quienes no cumplan la ley.

Con estas medidas, se pretende establecer mecanismos para evitar que se eluda la LAU y garantizar que los contratos de alquiler de temporada se utilicen únicamente para estancias temporales. Esto es en respuesta al creciente uso de esta modalidad para sortear la Ley de Vivienda, lo cual está generando tensiones en el mercado residencial, afectando tanto el acceso a la vivienda como los precios.

Los alquileres turísticos deberán ser autorizados 

En cuanto al alquiler turístico, Rodríguez ha subrayado la "disposición" del Gobierno para intervenir respetando las competencias autonómicas y locales. Ha señalado que, al tratarse de una actividad económica, los alquileres turísticos deberán ser autorizados por las comunidades de vecinos.

Con este propósito, se reformará y "ajustará" la Ley de Propiedad Horizontal para otorgar mayor poder a los vecinos y hacer que su consentimiento sea crucial para permitir o rechazar este tipo de actividad económica en los edificios. Según la ministra, esta modificación se realizará de manera precisa y se buscará el consenso con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores involucrados.

"Actualmente, la ley no especifica los criterios para este veto por parte de las comunidades de vecinos. Con la redacción en la que estamos trabajando, se establecerá claramente que se requiere una autorización previa de la comunidad, que deberá ser aprobada por tres quintas partes de los propietarios", ha explicado Rodríguez. 

La ministra insta a las administraciones "a destinar todos los recursos necesarios en las áreas donde surjan conflictos entre el derecho a la vivienda y estas actividades, para que podamos lograr un objetivo común más amplio".

No obstante, el registro estará disponible en unos meses. "La Unión Europea nos ha dado plazo hasta 2026, y nos hemos comprometido a tenerlo listo para 2025, pero intentaremos adelantarnos", ha declarado la ministra de Vivienda. Aún no se ha detallado el funcionamiento exacto del registro, pero probablemente implicará una especie de matrícula para monitorizar el tipo de alquiler de cada vivienda.

"La propuesta de Rodríguez perpetúa prácticas abusivas"

Tras la rueda de prensa de la ministra de Vivienda, el Sindicato de Inquilinas ha manifestado que las medidas propuestas por Rodríguez "no solo son ineficaces, sino que perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los inquilinos".

Aseguran que el reglamento propuesto permite seguir utilizando el alquiler temporal para cobrar honorarios al inquilino o para hacerle pagar una fianza más alta de la permitida. "Esto sigue siendo una brecha para burlar la regulación de precios y para aumentar el precio cada año, algo que en un alquiler habitual solo se podría hacer cada cinco años", exponen. El sindicato concluye que desviar la oferta al mercado del alquiler temporal "sigue siendo rentable para los propietarios especuladores".

Sobre la plataforma web que ha propuesto la ministra, el sindicato ha declarado que "es, en realidad, un sistema encubierto de licencias que responde a los intereses de la patronal". Añade que "transfiere el peso y las responsabilidades a las comunidades autónomas y puede tardar mucho tiempo en implementarse, tal como ya se vio con el índice de alquileres".

Insisten en que los alquileres temporales han aumentado un 56% en detrimento del alquiler habitual. "El motivo no es porque haya más demanda, sino porque quienes especulan con la vivienda los utilizan para aumentar sus beneficios", aseguran. "Esto sigue tensionando el acceso a la vivienda y potenciando el desplazamiento hacia el alquiler temporal". 

"Estamos entre dos modelos: el del gobierno y la patronal inmobiliaria, que pretenden hacer medidas estéticas para proteger a quienes quieren usar la vivienda para especular, y el modelo del derecho a la vivienda, el de la mayoría, que consiste en aplicar medidas reales y eficaces", dicen desde el sindicato. No obstante, confían en que el PSOE esté a tiempo de hacer las cosas bien. "El Ministerio de Vivienda debe defender los intereses de las personas que sufren el difícil acceso a la vivienda", concluyen.