Andalucía y Madrid serían las comunidades que más mutualistas acogerían si no se renueva Muface

Si el modelo sanitario de Muface no se mantiene tras la nueva licitación para 2025-2027, Andalucía y Madrid serían las comunidades autónomas que absorberían la mayor parte de los mutualistas en sus sistemas públicos de salud, con alrededor de 260.000 y 170.000 personas, respectivamente.

Actualmente, Muface proporciona cobertura sanitaria a más de 1,5 millones de personas, de las cuales el 70% (1.080.360) recibe atención a través de aseguradoras privadas como Adeslas, Asisa y DKV, mientras que el resto (457.307) utiliza la sanidad pública.

El pasado 5 de noviembre, la primera licitación del concierto quedó desierta por primera vez en la historia, ya que las tres aseguradoras rechazaron la subida del 17% en las primas propuesta por el Gobierno, considerándola insuficiente.

Ante esta situación, el Gobierno ha incrementado la oferta a un 33,5% en la nueva convocatoria. Sin embargo, de no lograrse un acuerdo, más de un millón de personas podrían depender de los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas, lo que implicaría una importante reorganización del sistema sanitario.

Cuatro de cada diez en Andalucía y Madrid

Los 260.845 mutualistas de Muface que en diciembre de 2023 eran atendidos por aseguradoras privadas en Andalucía y que ahora pueden pasar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) representaban el 24,1% del total de todo el país y los 168.287 de Madrid que irían al Sermas el 15,6%.

Otros 118.471, el 11%, eran del País Valencià y 103.203, el 9,6%, de Catalunya, de modo que estos cuatro territorios asumirían el 60% de los mutualistas de Muface que se quedarían sin cobertura privada.

El restante 40% son los 76.682 de Castilla y León, 63.099 de Galicia, 50.405 de Castilla-La Mancha, 43.256 de Canarias, 35.246 de Murcia, 32.413 de Extremadura, 32.036 de Aragón, 20.652 de Asturies, 16.104 de Balears, 16.055 de Euskadi, 13.836 de Cantabria, 7.038 de Navarra, 6.587 de La Rioja, 3.937 de Ceuta, 3.911 de Melilla y los 8.293 residentes en el extranjero.

Estos son los que en mayor proporción habían optado por las compañías privadas, el 99,6%, seguidos de los residentes en Ceuta (86,4%), Melilla (85,6%) y Andalucía (80,8%), mientras que en Navarra no llegaban a la mitad (44%) y en Balears (50,4%) estaban prácticamente a la par que los que preferían la sanidad pública.

Mayor impacto en Castilla y León y Extremadura

El Ministerio de Sanidad calculó en un informe publicado el pasado mes de noviembre el impacto que tendría en cada servicio autonómico de salud la incorporación de la población mutualista de Muface que en la actualidad recibe asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas.

El porcentaje que la población mutualista de Muface que recibe asistencia por medio de una aseguradora privada representa sobre el total de la población atendida por la sanidad pública alcanza el 3,12% en Castilla y León, el 3,02% en Extremadura y el 2,94% en Andalucía. En Castilla-La Mancha es el 2,42%, en Cantabria el 2,28 %, en Galicia el 2,25%, en Aragón y Madrid el 2,24 %, en el País Valencià el 2,23% y en Murcia el 2,14%.

Por debajo de la media (2,12%) se sitúan Asturias y La Rioja, ambas con el 1,92%, Canarias con 1,90 puntos, Balears y Catalunya con el 1,20% y, cerrando la lista, Navarra y Euskadi con el 1% y el 0,65%, respectivamente.

Tranquilidad en Función Pública

Sanidad concluyó en su informe del pasado noviembre que, de pasar la financiación del Muface a la asistencia sanitaria pública, esta "debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición". A pesar de todo, la preocupación ha cundido en algunas comunidades autónomas.

Recientemente, la consejera madrileña de Sanidad, la popular Fátima Matute, avisó de que si la sanidad autonómica tuviera que "absorber" a los funcionarios "se tensionaría" el sistema público de salud, que ya está "en una situación límite" tanto de recursos humanos como económica.

De todos modos, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró a los funcionarios del Estado que viven en la región que "si finalmente son abandonados" por el Gobierno, el Ejecutivo autonómico "se hará cargo, dándoles la cobertura que merecen y que, hasta ahora, no han tenido o están perdiendo".

Desde Función Pública han venido reiterando un mensaje de "tranquilidad" a los mutualistas y han señalado que existen mecanismos en la ley de contratos públicos para extender el concierto vigente hasta que haya uno nuevo. Por el momento, se ha dictado una orden de continuidad para el actual hasta abril.