Trabajar en un hospital, en un centro de salud, en una residencia de mayores o en el servicio de ayuda a domicilio puede entrañar considerables riesgos para la salud. Los accidentes laborales en la jornada de trabajo han aumentado este año un 57,1% en el sector sanitario y de servicios sociales, que es el tercero con mayor siniestralidad en España, no muy lejos ya de las cifras de la construcción y la industria manufacturera, que ocupan los primeros puestos, según la estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social, con datos hasta el 31 de octubre.

En los diez primeros meses de este año, ocho trabajadores del sector sanitario y los servicios sociales perdieron la vida en los 61.001 accidentes laborales registrados durante la jornada de trabajo, la mayoría leves y 132 graves. Además, se contabilizaron 9.026 accidentes in itinere -durante el trayecto de ida y vuelta al trabajo-, en los que fallecieron otras siete personas y 87 resultaron heridas graves. En la mayoría de los casos –el 62% de todos los siniestros in itinere- se trata de accidentes de tráfico.

José Antonio, que trabajaba como celador-conductor en el centro de salud Castilla del Pino de Córdoba, es una de las víctimas mortales de los 41.246 accidentes laborales que se han producido este año sólo en el sector sanitario español. Un fallo cardiovascular acabó con su vida tras haber terminado una agotadora guardia de 24 horas en una jornada de marzo en la que llegaron a atenderse más de 400 pacientes, sin tiempo para descansar, sin relevos, siendo él el único en su puesto, según denunciaron los sindicatos.

CCOO y UGT emitieron un comunicado tras la muerte del celador-conductor en el que recordaron que llevaban años denunciando "el daño que el estrés está causando en la población trabajadora, con cargas de trabajo insoportables".

Y, semanas antes de la muerte de José Antonio, el Sindicato Médico había asegurado que miembros de su directiva tuvieron que realizar varias jornadas laborales asistenciales en varios centros sanitarios de Córdoba, para ayudar a unos compañeros desbordados por la "máxima sobrecarga" de trabajo que estaban soportando.

"Era una persona maravillosa, muy comprometida con su trabajo, y entramos en shock cuando nos enteramos de lo que había pasado", dice a Público Ana Belén Acaiña, responsable de Salud Laboral de Sanidad de CCOO en Córdoba que, además, había trabajado muchos años con José Antonio.

Ella recuerda muy bien aquellos días de marzo en los que había falta de personal en los centros de salud para atender tanta demanda. Eso obligaba al personal que había a asumir más horas de trabajo de las que le correspondía. "Había una sobrecarga de trabajo tremenda", resume.

Aquello, sin embargo, no fue algo puntual, pasajero. Ana Belén Acaiña asegura que el exceso de trabajo por falta de personal es "la tónica habitual" en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), tanto en Atención Primaria como en hospitalaria.

Recientemente, CCOO ha denunciado que no se habían cubierto las bajas de 26 celadores en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, una merma que, a su juicio, provoca más lesiones entre el personal, que debe hacer frente a una mayor carga de trabajo por la falta de efectivos.

Esa falta de personal afecta en Andalucía, según Acaiña, a todos los sectores, porque se hacen muy pocos contratos y los que se hacen son precarios, de muy poco tiempo, con sueldos más bajos que en otras comunidades, lo que provoca que la gente se vaya a donde se ofrecen mejores condiciones laborales y salariales.

Atropello mortal en medio de una estresante jornada

Virginia tenía 30 años, era empleada del servicio de ayuda a domicilio de Algeciras que explota una empresa privada y murió a finales de octubre atropellada por una furgoneta cuando salía de hacer un trabajo en una casa y se dirigía a otra.

Apenas llevaba medio año en ese empleo, que proporciona la que actualmente es la tercera prestación con más beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en España. Se da servicio a 317.210 personas, el 18,5% del total, tan sólo superada por la teleasistencia y la ayuda económica por cuidados familiares. Además, en algunas comunidades, como Andalucía o Galicia, representa ya en torno a la tercera parte de las prestaciones concedidas.

CCOO sostiene que la muerte de esta trabajadora debe ser considerada como un accidente laboral en el transcurso de la jornada laboral, aunque se produjera fuera del lugar de trabajo. Por ello, ha solicitado a la Inspección de Trabajo que investigue lo sucedido para que se contemple como tal y su familia pueda obtener los beneficios correspondientes de esa catalogación.

"La empresa no quería que contara como accidente de trabajo, porque le penaliza en las cuotas a la Seguridad Social, pero Inspección de Trabajo ha admitido a trámite la denuncia y estamos a la espera de los resultados de su investigación", explica el responsable de Salud Laboral de Comisiones en el Campo de Gibraltar, José Gavilán.

Virginia era una de las más de 300 trabajadoras encargadas de atender a unas 800 personas beneficiarias de la ayuda a domicilio en la zona de Algeciras. En toda España, hay unos 130.000 empleados en este sector, el 98,5% mujeres, según la Plataforma Unitaria de Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

Sus condiciones de trabajo suelen ser muy precarias, con sueldos mileuristas en el mejor de los casos -si es a jornada completa-. No obstante, la mayoría de las trabajadoras tiene jornadas parciales, cuya remuneración no pasa de los 500 euros mensuales. "Triplicamos la tasa de parcialidad en España y cuadruplicamos la de Europa", asegura su portavoz, Carmen Diego.

Ana Richarte tiene 54 años y lleva 23 trabajando en la atención domiciliaria. Es la secretaria de comunicación de su sector en CGT Andalucía y, por su experiencia, tiene claro que todo ha ido a peor: "Cada vez estamos más precarizadas, porque las empresas que gestionan este servicio lo que quieren es ganar dinero. Antes de la ley de la dependencia, cuando éramos más cooperativas de mujeres, el trato era más humano. La dependencia está ahora mercantilizada".

La muerte de Virginia se encuadra en ese patrón de trabajo tan precarizado, según Ana Richarte. "Todas vamos como zombis de una casa a otra, porque hay muy poco tiempo. Son cuatro o cinco domicilios diarios los que tienes que hacer y las distancias entre unos lugares y otros son grandes. En algunos pueblos no te da ni tiempo para cubrir todo, lo tienes que hacer teletransportándote", denuncia con sorna.

A las malas condiciones laborales y el estrés se suma la falta de medios. Ana Richarte se queja de la carencia de ayudas técnicas con las que deben trabajar, sin grúas de traslado para mover a los usuarios dentro del domicilio o de camas articuladas, entre barreras arquitectónicas insalvables en muchas viviendas para una silla de ruedas.

"Somos grúas humanas, porque no nos proporcionan las grúas mecánicas que necesitamos para hacer nuestro trabajo", afirma. "En una casa tuve que arrastrar a una señora con una silla normal porque la silla de ruedas no cabía entre las puertas. Y ya he sufrido varias hernias cervicales debido al esfuerzo continuado que he tenido que hacer, lo que luego nunca reconocen como accidente laboral", añade.

Consumo habitual de Tramadol para soportar el dolor

Esos esfuerzos para mover a personas sin ayuda técnica causan trastornos muscoesqueléticos, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, roturas de tendones, una gran variedad de lesiones que obligan a muchas trabajadoras a echar mano de las pastillas para soportar la faena diaria.

Richarte asegura que el uso del Tramadol -un analgésico opiode que puede ser adictivo- está muy extendido entre sus compañeras, al igual que el de relajantes musculares para aliviar el dolor que les produce su trabajo. "Todas vamos medicadas con una u otra cosa. Yo me tengo que levantar una hora antes para hacerme el cuerpo, para afrontar lo que me viene encima durante la jornada de trabajo", apunta.

Todas esas lesiones y dolencias, sin embargo, aún no han sido reconocidas como accidentes laborales ni enfermedades profesionales en España. Y gran culpa de ello la tiene la ausencia de una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo de estas empleadas. Ninguna norma exige que se haga y, por tanto, no se hacen. Esto tiene como consecuencia que no se pueda determinar legalmente que las enfermedades y accidentes que sufran estas profesionales estén relacionados con su trabajo.

La Plataforma Unitaria de Auxiliares del SAD lleva años luchando, movilizándose, para que se apruebe un decreto que exija a las empresas llevar a cabo una evaluación de riesgos de los domicilios en los que trabajen sus empleadas, lo mismo que se hace con cualquier otro tipo de trabajo. Y, según su portavoz, están a punto de conseguirlo.

El Ministerio de Trabajo les ha asegurado que próximamente aprobarán la norma que acabará con 40 años de exclusión de las trabajadoras de la asistencia domiciliaria de la legislación española sobre prevención de riesgos laborales.

"Las mutuas eluden nuestras lesiones. Te dicen que es por tu condición de mujer, porque tienes más de 50 años, cualquier cosa. Siempre se quitan de en medio", se lamenta Carmen Diego. "Y tienes que ir a los tribunales para que te reconozcan que es un accidente laboral. Pero muchas compañeras, para no pasar por todo ese calvario, lo tramitan como una enfermedad común que atiende la Seguridad Social. Y eso no es justo. Las empresas están eludiendo su responsabilidad. Es un abandono total del sector el que sufrimos", continúa.

Tampoco lo tuvieron fácil estas trabajadoras durante la pandemia de la covid, a pesar de que, aseguran, fueron el colectivo -después del sanitario- que sufrió más contagios. Según la Plataforma Unitaria, no se les consideró como personal afectado por una enfermedad profesional, lo que sí acabó reconociéndosele al sanitario y al de las residencias y centros de día del ámbito social.

"No tenemos ni una sola enfermedad profesional reconocida, cuando tenemos muchos riesgos, ergonómicos, muscoesqueléticos, psicosociales, de coger infecciones", subraya su portavoz.

Los casos de salud mental que no se computan

Al Sindicato de Enfermería SATSE no le coge de sorpresa el aumento de los accidentes laborales en el sector sanitario. Están acostumbrados, "desgraciadamente", a que haya un incremento de la siniestralidad, sobre todo a causa de la pandemia de la covid, reconoce su portavoz y experta en salud laboral, Paloma Repila.

La subida la achaca, entre otros factores, a la precariedad de los contratos y excesiva rotación de personal -sobre todo del más joven-, que merma su experiencia profesional y origina, en consecuencia, un mayor número de lesiones.

Pero lo que no aparece en las estadísticas de los accidentes laborales son las bajas, que son muchas en el sector de la enfermería, según SATSE, y que no se computan como siniestros en el trabajo. Es el caso, explica Paloma Repila, de la covid persistente, que padece el 10% de este colectivo profesional y que está catalogado como baja y no como un accidente del trabajo, lo cual reduce considerablemente las percepciones económicas de quienes lo sufren.

Otras patologías que no están consideradas inicialmente como accidentes laborales, y que la enfermería padece cada día en mayor grado, según Repila, son las relacionadas con la salud mental. Y, como prueba de ello, se remite al estudio del Laboratorio de Psicología del Trabajo de la Universidad Complutense sobre el impacto emocional frente al trabajo durante la pandemia, realizado con profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Dicho estudio reveló que un 58,6% presentaba un posible trastorno de ansiedad, de carácter grave en el 20,7% de los casos, mientras que un 46% sufría un posible trastorno depresivo y otro 41% se sentía emocionalmente agotado.

Una encuesta del propio SATSE -con cerca de 14.000 profesionales de enfermería de toda España- reflejó que el 63% consideraba que la pandemia había empeorado sus condiciones laborales y profesionales, sobre todo en lo referente a su salud mental.

"Volvemos a la situación prepandemia, en la que los gestores y partidos políticos hablan mucho, pero hacen poco por garantizar una atención sanitaria y cuidados de calidad en los hospitales, centros de salud y otros centros", advertía el sindicato en un comunicado en noviembre del año pasado.

Crecimiento de la siniestralidad "insoportable"

Los datos de la siniestralidad laboral en España arrojan un crecimiento general que resulta "insostenible", subraya el coordinador de Salud Laboral de UGT confederal, José de las Morenas. Entre enero y octubre de este año, han muerto en todos los sectores 688 trabajadores, 100 más que los que fallecieron en el mismo periodo de 2021 en sus puestos de trabajo o in itinere. "Es insoportable", remacha.

En el caso concreto del sector sanitario y de servicios sociales, este responsable sindical achaca el incremento de la siniestralidad a la sobrecarga y las condiciones de trabajo, fundamentalmente. "Los trabajadores están sobresaturados", señala.

A su juicio, a los graves efectos que tuvo la pandemia en este sector se le suman ahora los riesgos psicosociales que padecen sus profesionales a causa de la precariedad, el estrés, la falta de medios y de personal. Son unos riesgos que no se definen como tal y, por tanto, no se actúa sobre ellos para atajar los accidentes que generan, precisa José de las Morenas, que lo resume así: "La precariedad mata".

UGT considera esencial para la lucha contra la siniestralidad el resultado de la estrategia nacional de salud laboral entre 2023 y 2027 que se está elaborando, con qué medios y presupuesto contará para que sea más o menos efectiva.

Una de las claves, a juicio de su portavoz, será la implantación de la figura de los delegados territoriales de prevención, encargados del asesoramiento en salud laboral a las pequeñas y medianas empresas que, por su tamaño, carecen de delegados en esta materia. La formación resulta en este caso fundamental para prevenir la siniestralidad. "Es una inversión en vidas, no es un gasto", precisa.

Otras claves para reducir el número de accidentes laborales serán, a juicio de este portavoz sindical, la efectividad de la reforma laboral en este campo y el grado de cumplimiento de las empresas con su obligación de garantizar que haya medios para la prevención de accidentes. "Se trata de que la gente no pierda la vida donde va a ganársela", concluye De las Morenas.

Los accidentes en el camino

Los accidentes laborales in itinere son también muy numerosos en este sector Entre enero y octubre, se registraron más de 9.000, en los que murieron cuatro profesionales de la sanidad y tres de los servicios sociales. La portavoz de Sindicato de Enfermería SATSE destaca que este tipo de siniestros han aumentado, sobre todo, entre las mujeres, lo cual está relacionado, a su entender, con la doble jornada que soportan las trabajadoras: una en su puesto de trabajo y otra en casa.

"Es una gran exigencia física y mental que crea fatiga y eso puede causar luego accidentes de tráfico. Nuestro sector está muy feminizado, cerca del 90% somos mujeres, que luego somos, por lo general, las cuidadoras de la familia", señala Paloma Repila.

La responsable de Salud Laboral de Sanidad de CCOO en Córdoba sostiene, por su parte, que este tipo de accidentes se podría reducir considerablemente con un plan de movilidad adecuado. Se trataría, explica, de evitar en la medida de lo posible los desplazamientos individualizados de trabajadores y fomentar el uso del transporte público colectivo con unas frecuencias y rutas adecuadas a las necesidades profesionales de este sector.

Sin embargo, según Ana Belén Acaiña, ese plan de movilidad en torno al hospital de referencia de la provincia sigue paralizado por la falta de voluntad política del equipo de gobierno del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía para ponerlo en marcha, pese a las continuas demandas de los trabajadores.

"El estrés puede incidir en estos accidentes, cuando una persona de ayuda domiciliaria va de un domicilio a otro con mucha prisa para no llegar tarde o cuando se sale de una guardia de 24 horas muy intensa en un hospital y luego coges el vehículo", apunta.