Vox mira al modelo ultraliberal de Milei y se queda solo en el rechazo a la subida de las pensiones

El miedo al desgaste entre los pensionistas ha llevado a Alberto Núñez Feijóo a dar un volantazo e imponer a su partido el voto a favor de un decreto que no comparten y contra el que han estado una semana haciendo campaña. Tanto el PP como el PSOE tienen una masa importante de electores entre los jubilados y, como principales partidos del país, no pueden permitirse tenerlos en contra. "Al PSOE le encantaría que le regalásemos un titular de que el PP vota en contra de las pensiones", justificó el presidente nacional del PP. Quien sí lo hará es Vox. La extrema derecha se quedará sola rechazando la subida de las pensiones.

Tan convencidos están que los de Santiago Abascal llegaron a decir incluso que votarían en contra de su revalorización aunque llegase al Congreso de los Diputados en un decreto independiente porque no van a apoyar "nada" de este Gobierno. Lo cierto es que no han votado a favor de ninguna de las reformas de pensiones, solo se abstuvieron en la de 2023, y también rechazaron el acuerdo del Pacto de Toledo.

Pero, tras esta estrategia populista y de confrontación total al Gobierno, los de Vox esconde un modelo ultraliberal que apunta a la bajada de las pensiones. Lo dijo en la campaña para las generales del 23 de julio el entonces portavoz, y hoy fuera del partido, Iván Espinosa de los Monteros: Vox solo subiría las pensiones "en tanto en cuanto vayamos reduciendo el gasto estructural, porque no podemos permitirnos seguir en un estado continuo de déficit". Es el argumento que está usando en Argentina el ultraderechista Javier Milei para aplicar su motosierra a las pensiones.

Es también el de Estados Unidos y se contrapone con el esquema clásico de la extrema derecha más nacionalista como es el del Frente Nacional de Marine Le Pen, que resultó ser la gran beneficiada en Francia de la crisis por las pensiones que provocó una impopular reforma de Macron para elevar la edad de jubilación.

Vox nunca ha mirado hacia ahí. Hace cinco años, en 2019, Abascal presentó un programa económico en el que proponía directamente desmantelar el sistema público de pensiones para convertirlo en un modelo de mixto de capitalización por el que los trabajadores tendrían que destinar la mitad de sus cotizaciones a fondos privados —con la posibilidad de ampliarlo para aumentar la pensión— y la otra mitad la completaría el Estado. Nadie les secundó y han ido aparcando esta promesa electoral. De hecho, han entrado en una etapa de una calculada y absoluta indefinición en cuanto a esto. 

Si vamos a su último programa, el de julio de 2023, la realidad es que Vox apenas aterrizó ninguna propuesta en materia de pensiones. "La solución estructural a largo plazo debe ser el incremento de la natalidad frente al invierno demográfico", dijeron en el documento con el que pidieron el voto para las generales. Y añadía: "Aseguraremos la sostenibilidad del sistema de pensiones desmontando el sistema autonómico, poniendo fin a las duplicidades administrativas, reduciendo el número de ministerios, consejerías, diputados y parlamentos y terminando con el despilfarro político". Además, también proponían que las pensiones contributivas quedaran exentas de IRPF.

Si no dan esta batalla es porque no es un asunto que en su caso les penalice electoralmente, o eso piensan. En una deriva absolutamente populista y después de quedarse sin Rubén Manso, ideólogo económico del partido, y Espinosa de los Monteros, su voz más liberal, en Vox han renunciado a poner sobre la mesa una alternativa al actual modelo más allá de generalidades para las que tampoco aportan una fórmula y centrarse en el ‘no’ a todo al Gobierno.

Además, su hoja de ruta antimigratoria va en contra de la realidad económica y demográfica del país y del diagnóstico de los expertos sobre el sistema de pensiones. El informe anual de 2023 del Banco de España —el de 2024 todavía no se ha publicado— analizó la sostenibilidad de las pensiones y mostró una clara tendencia al alza que se prolongará en las próximas décadas. Su director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, fue claro: en los próximos 30 años harán falta 24 millones de trabajadores migrantes para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas y poder mantener el sistema.