La afirmación de Pablo Casado sobre retrasar la expulsión del país a aquellas mujeres migrantes embarazadas que quisieran dar a sus bebés en adopción ha desatado esta semana la polémica, hasta el punto de haber sido calificada como fake news por parte del Secretario General del PP. Posteriormente, desde la formación política han querido incidir en que de lo que hablaban era de "proteger tanto a las madres como a sus hijos e hijas", como parte de su "ley de apoyo a la maternidad" para evitar el abandono de menores. Que no buscaban incitar a esas mujeres a que entregasen a sus bebés con tal de disfrutar del supuesto "blindaje temporal".

Sin embargo, más allá del discurso en defensa de estas madres en situación de extrema vulnerabilidad, existe una parte afectada cuya situación ha quedado invisibilizada por el revuelo electoralista. Se trata, precisamente, de los menores de edad. De todos los niños, niñas y adolescentes que, en España, continúan a la espera de encontrar una familia en la que crecer y desarrollarse debidamente. Para paliarlo, este domingo se celebra por trigésimo noveno año la media maratón universitaria ‘Una carrera para todos’, organizada por Cruz Roja y la Asociación de Familias Acogedoras de Menores (ASEAF) bajo el lema 'Si tú no nos sacas, nadie nos ve'.

Porque la vía de la adopción, dependiendo de la casuística que afecte a cada niño o niña, no siempre es la mejor de las opciones. En ocasiones el acogimiento familiar es una medida de protección mucho más pertinente, sobre todo en casos en los que el propio menor y la familia no quieren optar por una ruptura radical del contacto, ni renunciar a la patria potestad de los padres y madres biológicos, por motivos infinitos. Según el 'Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia' que publica el Ministerio de Sanidad, en el año 2017 había en el territorio nacional 19.004 menores en acogimiento familiar, y 17.527 en acogimiento residencial (es decir, en un centro de acogida). Del primer grupo, sin embargo, sólo 1.832 eran de nacionalidad extranjera, mientras que en los centros se alcanzó la cifra de 7.673, de los cuales la mayoría eran hombres (6.378).

Como indica la activista y madre acogedora Alicia Murillo, "el problema es que muchas familias que se acercan al acogimiento, la adaptación o la subrogación no lo hacen con un carácter altruista y con ganas de ayudar, sino para paliar frustraciones por no haber podido ser padres y madres biológicos por las razones que fueran". "La actitud que hay que tener frente a un acogimiento o una adopción no es la de darle un menor a una familia, sino el buscar darle una familia a un menor", denuncia. "El PP hace una afirmación así porque sabe que va a ganar votos, algo que me hace temblar. ¿Esto por qué ocurre en un país donde tenemos los centros de acogida abarrotados de niños y niñas que necesitarían una familia?", reivindica Murillo.

Y es que como explica Irene Viedna, psicóloga de la Asociación Márgenes y Vínculos de Sevilla, la mayoría de menores en acogimiento familiar han estado "expuestos a una situación de maltrato previo, tanto por acción como por omisión". "Son niños que han sido separados de sus progenitores y tienen un duelo que reparar y en el que debemos acompañarles. El acogimiento familiar es una alternativa para que los menores no tengan que estar en un centro de protección, porque aunque en ellos hay personal especializado, el contexto en el que un menor debe desarrollarse es una familia", reivindica la experta.

Es el caso de Ana, una joven migrante con nacionalidad sueca y de padres cubanos, que hasta los 14 años vivió con su familia biológica en un contexto convulso y violento del que estaba desesperada por salir. Ella cuenta que su padre era muy "machista" y que su madre acabó padeciendo un trastorno depresivo, y la situación se volvió tan agobiante que ella misma comenzó a desear poder entrar en un centro de menores. Finalmente, su madre se marchó a trabajar a Suecia y ella y sus hermanas se quedaron viviendo con su padre, hasta que tras una agresión, acabaron derivándola a un centro en Sevilla. Allí, Ana cuenta que había "toda clase de gente y se lo pasaba bien", pero tuvo que aprender a lidiar con una realidad que hasta entonces desconocía y que, a pesar de todo, le sirvió para "aprender que en la vida no todo son flores": niños que habían acabado padeciendo drogodependencias, que cometían intentos de suicidio… "Mi hermana pequeña no aguantó y se fue a los cuatro meses, pero mi hermana mayor tenía ya 17 y se quedó hasta que cumplió la mayoría de edad para entrar en un programa de pisos donde puedes vivir y a través del cual te ayudan a emanciparte". Ana permaneció allí un año, pero los tres siguientes, hasta que poco antes de cumplir los 18 acabó con la familia con la que actualmente reside, la derivaron a otro centro, en el que reconoce que vivió una época en la que no podía dejar de sentirse "muy pesimista". A los 16 dio con una familia acogedora con la que, sin embargo, las cosas no terminaron de cuadrar y con la que duró sólo tres meses. “Fue todo muy intenso, pasé de estar en el centro a vivir, de pronto, con una pareja a la que apenas conocía. No es que yo quisiera volver con mi familia biológica, pero ya tenía una y era extraño", reconoce la joven. De hecho, en relación a estas complicaciones, Irene Viedna puntualiza que "la figura del acogimiento familiar es de las más complejas del sistema de protección porque debemos ayudar al menor a integrar toda su realidad: su familia de acogida, su familia biológica, las visitas, su vida en el colegio con sus iguales…".

Ana Pérez, educadora del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, expone que "la comunidad de familias acogedoras para adolescentes es casi inexistente. Incluso hay bastantes devoluciones de adolescentes en acogida, muchas más que demandas. Niños que salieron en acogimiento a los 8 ó 9 años y que cuando llega la adolescencia y alguna situación de crisis, las familias piensan que no pueden seguir". "Cuando hay acogimientos fracasados, los chavales lo viven muy mal, porque es un segundo abandono, una segunda desestructuración", continúa Pérez.

Por otro lado, Verónica Nuñez, voluntaria en SERCADE (Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad), ha sido madre de acogida de una niña durante casi 18 años, y cuenta que en su caso se decantaron por el acogimiento frente a la adopción ya que consideraron que, si algún día su hija –ahora adoptada- volvía con sus padres biológicos, sería porque "la situación es buena, por lo que se trataría de algo positivo para ella". Así, en el caso de Bless, nacida en España en el año 2000, su madre era una migrante nigeriana en situación ilegal que finalmente pudo terminar regularizando su situación en el país, y que no quería desvincularse de su hija a pesar de no estar en condiciones de hacerse cargo. Cuando la niña tenía 18 meses, los servicios sociales acabaron decretando que lo conveniente era un acogimiento permanente, por lo que la menor no volvería a vivir con su madre biológica, aunque sí ha tenido contactos periódicos con ella a lo largo de todos estos años –algo que también caracteriza los procesos de acogimiento frente a los de adopción-. "Yo me he criado con mi familia de acogida y todos mis recuerdos son con ellos, pero a mi madre biológica la conozco, me llevo bien con ella, la veo cada cierto tiempo y me siento agradecida de conocerla. Hace que tenga muchas menos dudas sobre de dónde vengo, por ejemplo", cuenta la propia afectada.

Pero ni siquiera para Bless, que tuvo la suerte de encontrar una familia permanente a la que ha acabado considerando suya, el acogimiento ha sido un camino de rosas. Hasta la adolescencia permaneció en España –su país de nacimiento- como apátrida, ya que las instituciones se resistían a reconocerle la nacionalidad para evitar que su madre biológica pudiese beneficiarse de ello. "La menor estuvo durante años en situación de desprotección por no darle una ventaja a la madre", denuncia Verónica. "Que yo lleve toda mi vida viviendo en este país y haya conseguido tener DNI hace un par de años no me parece lógico", se queja la propia Bless.

En este sentido, Alicia Murillo considera que para quienes ya constituyen una familia de acogida, debería haber "mayor agilidad en cuanto a los trámites burocráticos, porque al no tener la patria potestad, existen muchas limitaciones y para todo dependemos de la administración: cada año, por ejemplo, tenemos que estar renovando el permiso de residencia". Ella incide en que "el acogimiento familiar es muchas veces la mejor forma de ayudar a estos menores, casi más que la adopción, puesto que se trata de una medida mucho más respetuosa con el origen de los niños y niñas. Además de que los trámites son mucho más rápidos". A pesar de todo, Murillo pone de relieve que es un error "adultocentrista", cuando se produce una situación de maltrato infantil, "vender un discurso metiendo otras transversalidades como la migración, la pobreza o la enfermedad mental, para justificar las retiradas de custodia, cuando todo eso es irrelevante. Lo único que tienen en común todos estos maltratadores de menores es que son personas adultas". De hecho, los datos de 2017 publicados en el Boletín mencionado anteriormente, muestran que los menores en acogimiento no son, ni mucho menos, exclusivamente nacidos de padres o madres migrantes: del total de 19.004 niños y niñas en acogimiento familiar, 17.172 eran españoles; a la vez que, en acogimiento residencial, de los 17. 527, eran de nacionalidad española más de la mitad, 9.854 menores.

Los mena y la otra cara del acogimiento

Otra de las figuras que abunda en los centros de acogida es la de los menores extranjeros no acompañados, conocidos como mena, que suelen llegar al país en una situación de gran vulnerabilidad, de forma peligrosa e ilegal. Según las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad en el último Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia (2017), había 5.717 en acogimiento residencial y sólo 70 en acogimiento familiar. De hecho, según datos del Ministerio del Interior, en febrero de 2019 eran ya 13.012 menores migrantes no acompañados viviendo bajo tutela de las Comunidades Autónomas.

Musa (pseudónimo) llegó de Gambia hace dos años, con 14 y con una fotocopia de su pasaporte de menor de edad. Pertenece al colectivo de los mena, pero tras pasar una semana en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, le cuestionaron su condición de menor. "Cuando llegué aquí, por el idioma, no me enteraba de nada: llegué a España y me dijeron que no me reconocían mi condición de menor, me hacían firmar papeles, pero yo no lo entendía", cuenta ahora este joven africano. También lamenta que "en Hortaleza las cosas estaban muy mal, los chicos dormían en el suelo, no había sábanas, tuve que estar 4 o 5 días sin ducharme". Aun así, pasaron a considerarle, entonces, mayor de edad. Tras 8 días en el aeropuerto acabaron derivándole a un albergue en el que vivió durante 9 meses, hasta que le mandaron a un piso para mayores, donde residió otro año. Volvió a Hortaleza de nuevo y ahora se encuentra en otro centro diferente. Ha tenido suerte, porque ha logrado dar con una familia en cuya casa puede pasar los fines de semana. Y en la que está a gusto. "Todavía estoy peleando por que se me reconozca la condición de menor: el juez ha declarado la medida cautelar, pero estoy a la espera de la sentencia definitiva. Si sale bien, me concederán la residencia por fin", narra Musa.

Ana Herrero, educadora del Centro de Primera Acogida de Hortaleza para menores –por el que pasó Musa y que es conocido por las malas condiciones con las que día a día deben lidiar educadores y menores residentes- reconoce que "ahora mismo, la mayoría de las personas que llegan son menas, por no decir casi la totalidad". Y el problema derivado de que no exista la atención específica debida para este tipo de menores migrantes es que el de Hortaleza es un centro de urgencia. "La función de Primera Acogida era la observación, valoración y derivación. Teníamos que ver si la persona debía estar realmente en un centro de protección o no, o si tuvieran que ir a un centro específico de salud mental o conducta", explica Herrero.

"Este centro estaba preparado para 35 plazas, pero debido al incremento del movimiento migratorio, hemos llegado a tener hasta 168 personas. Es algo que llevábamos avisando desde hace tiempo que iba a ocurrir, pero seguimos siendo el único centro de Primera Acogida de la Comunidad de Madrid", denuncia esta trabajadora.

Su compañera, Ana Pérez, insiste en que ahora están "trabajando muy poco con el tema del conflicto familiar, que es para lo que nacimos. Ahora mismo tratamos sobre todo con MENAS, a los que evidentemente la familia no les cubre sus necesidades porque no la tienen".