En los casi tres años de legislatura que llevamos, ninguna ley presentada hasta el momento por el Gobierno de coalición ha generado tanto enfrentamiento interno entre los socios como la llamada ley trans. Pero tampoco ninguna había creado igualmente tanta polémica dentro del partido mayoritario en la coalición, el PSOE.

Si bien parecía que las aguas habían vuelto a su cauce tras el 40 Congreso del Partido Socialista, cuando asumió el apoyo a la norma presentada por el Ministerio de Igualad, la tramitación del texto en el Congreso de los Diputados ha reabierto en canal una brecha que, por lo visto ahora, se había cerrado en falso. Diversas feministas del PSOE, con Carmen Calvo a la cabeza, han vuelto a poner en solfa la tramitación del proyecto de ley que se encuentra en estos momentos en el trámite de enmiendas parciales en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja.

Hace unas semanas, la que fuera vicepresidenta del Gobierno y que hoy es la presidenta de la Comisión de Igualdad, donde se debate el proyecto de ley,  afirmó en una entrevista al diario El Mundo que "la ley trans puede destrozar la potente legislación de Igualdad de nuestro país".

El texto está siendo tramitado por el procedimiento de urgencia, lo que significa que sus plazos se han recortado a la mitad. El plazo para la presentación de enmiendas se cierra el próximo 19 de octubre. Pero diversas fuentes apuntan a que el Partido Socialista pedirá una ampliación del plazo, lo que retrasaría la aprobación de una ley que el Ministerio de Igualdad quiere tener lista antes de que acabe este año.

Desde el Partido Socialista afirman que la prioridad en este momento es la tramitación de la ley de los Presupuestos Generales del Estado, cuyas enmiendas a la totalidad se debaten en el Pleno la semana que viene, y que esta circunstancia puede poner en "suspenso" otras normas. "​Se trata de una cuestión técnica, de una ampliación técnica" de los plazos, afirmaron a este diario fuentes del PSOE. Estas fuentes, sin embargo, ni confirman ni desmienten que su grupo parlamentario haya pedido oficialmente ampliar los plazos de enmienda de la ley trans, aunque sí ven probable que se retrase al menos unos días para dar prioridad a los Presupuestos. 

Esta fuentes tampoco confirman si Grupo Socialista presentará enmiendas al proyecto de ley a dos días de finalización del plazo, y se limitan a apuntar que "no ha dado tiempo a hacer las enmiendas". 

El pasado 6 de octubre, cuando se debatieron en el pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad de la ley trans presentadas por Vox y por el Partido Popular, la portavoz del PSOE, Raquel Pedraja, afirmó desde la tribuna del hemiciclo que la norma "es mejorable" y que saldrá del Parlamento siendo "garantista", dando a entender que su grupo presentaría enmiendas. Sin embargo, no aclaró en qué puntos.

Desde Unidad Podemos han dado la voz de alarma. Este lunes, en una rueda de prensa, la portavoz de la formación morada, Alejandra Jacinto, ha afirmado que están "sumamente preocupadas porque el Partido Socialista fuerce el retraso de la tramitación de la ley trans y que no pueda estar aprobada antes de fin de año como habíamos acordado, y porque se ponga otra vez en cuestión por su parte el derecho a la libre determinación de la identidad". Jacinto concluyó afirmando que "un Gobierno progresista no puede retrasar todos los avances y toda la protección en los derechos humanos".

Fuentes de Igualdad consultadas por Público ponen en entredicho las explicaciones socialistas sobre el retrasos "técnico" debido a la tramitación de los Presupuestos: "La voluntad es política, no técnica", inciden. Estas fuentes señalan que hay grupos más pequeños, con bastantes menos diputados que el socialista, que son capaces de compatibilizar el debate de la ley de Presupuestos con el resto de la acción legislativa. "Si no fuera así, el Congreso se pararía", dicen. 

En el Ministerio que dirige Irene Montero no sólo existe preocupación por el posible retraso en la tramitación de la ley, sino también por que el PSOE pueda tener la intención de tocar aspectos fundamentales de la norma "que suponga retroceder en derechos como la autodeterminación de género, cuando el texto aún tiene que ampliar derechos". 

Fuentes gubernamentales de Podemos afirman no entender por qué "se vuelve a abrir este melón", cuando los términos de la ley ya habían sido acordados con Carmen Calvo cuando aún era vicepresidenta del Gobierno. 

Un polvorín dentro del PSOE

En el 40 congreso del PSOE, celebrado hace un año, el partido acordó impulsar una ley de abolición contra la prostitución y apoyar la ley trans que se había gestado en el Ministerio de Igualdad; pero la tregua en las filas socialistas sólo duró unos pocos meses.

Tal como avanzó el diario La República y ha podido confirmar Público en distintas fuentes, la lucha dentro del partido es descarnada. En agosto pasado, un grupo de feministas socialistas presentaron un escrito ante la comisión de Ética y Garantía del partido. Estaba firmado por medio centenar de mujeres que pedían el cese del secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, al considerar que ha incumplido las normas del partido. Lo acusan de haber vertido mensajes misóginos inaceptables para un partido que hace bandera de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Entre los mensajes de Gutiérrez, destacan sus declaraciones en una conferencia del sindicato UGT con motivo del Orgullo LGTBI en donde se congratuló de que se hubiera apartado "de la primerísima línea política a ciertas voces que han hecho mucho daño y que tenían posicionamientos contrarios" (en clara alusión a Carmen Calvo) y de que "el PSOE haya tenido un traspiés que ha sabido reconducir".

Poco después, a principios de septiembre circuló por diversas redes de WhatsApp socialistas otro escrito que pedía que expedientes sancionadores, e incluso la expulsión, para algunas militantes y altos cargos del partido. El escrito, que aparentemente también tenía como destino la Comisión de Ética y Garantía del PSOE, iba dirigido contra varias de las militantes que conforman Femes, una organización de feministas socialistas que se constituyó en marzo pasado. Entre los nombres que destacaba el escrito estaban Carmen Calvo, la exdiputada Ángeles Álvarez, la diputada Laura Berja, la jurista Altamira Gonzalo, y Matilde Fernández, exministra en el Gobierno de Felipe González.

Varias de ellas han confirmado a Público que no han sido partícipes de la carta enviada al PSOE contra el secretario de asuntos LGTBI y que no han tenido conocimiento de ninguna actuación del partido contra ellas. De hecho, el escrito denunciando a varias mujeres socialistas no estaba firmado y nadie parece conocer que efectivamente se haya presentado ante la comisión de Ética del PSOE.

La organización Femes se opone a la ley trans tal como se ha presentado en el Congreso. También, junto a otras organizaciones feministas, está  en desacuerdo con que la tramitación de la ley se realice por el procedimiento de urgencia, porque roba, afirman, un debate sosegado y necesario. Acortar los plazos impide que la norma sea debatida con el suficiente tiempo como para que expertos y organizaciones puedan aportar su punto de vista sobre una norma que cambiará aspectos clave de la ley contra la violencia de género o dará la posibilidad a que los menores accedan a tratamientos de hormonación que puedan ser irreversibles. Uno de los caballos de batalla para parte de las feministas socialistas es el hecho de que se permita el cambio del sexo registral por la simple voluntad de las personas y sin ningún tipo de documento. Afirman que la ley "borra a las mujeres". 

Por su parte, las organizaciones LGTBI que impulsaron el texto afirman que lejos de retroceder, la norma tiene que crecer. Estas organizaciones entienden que hay derechos que se han quedado fuera de la norma y que el trámite de enmiendas en curso debe ser el cauce para que se incorporen. Entre las modificaciones que plantean están la ampliación de los derechos de los menores trans, la inclusión de las personas trans migrantes, y el reconocimiento de las personas no binarias.