El último informe de la Red Andaluza de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), presentado este martes en Sevilla, muestra una realidad demoledora, en la que un tercio de la población de Andalucía vive en la pobreza, en la que más de la mitad de la ciudadanía —el 57%— no llega a fin de mes y en la que hasta un 43% de las pensiones que se cobraron en 2023 no superan el umbral de la pobreza: eran inferiores a los 785 euros mensuales en 14 pagas.

"Una gran parte de la población [de edad más avanzada] tiene la pensión como único ingreso y, por tanto, obtiene rentas que están determinadas en su práctica totalidad por el importe de la pensión que reciben. En otras palabras, su situación de pobreza depende de decisiones políticas", recoge el trabajo. "El importe de las pensiones tiene un efecto significativo tanto en la generación de pobreza entre las personas mayores, como en su contención", se añade.

El estudio revela también que la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres: "Se mantiene constante la diferencia registrada desde el año 2020, siempre en torno a los tres puntos porcentuales". En 2023, el 37,5 % de la población de Andalucía estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social, es decir, unos 3,2 millones de personas, 140.000 más que el año anterior. Los datos alcanzaban el 39% para las mujeres y el 36% para los hombres.

La proporción de pensiones de viudedad con importe inferior al umbral de pobreza, y también de pobreza severa, que en su práctica totalidad corresponden a mujeres, son "extraordinariamente más elevadas que el total". El 29% de de estas prestaciones es inferior al umbral de pobreza severa: una renta inferior a los 523 euros en 2023.

Además, los hogares con menores económicamente dependientes "registran tasas mucho más elevadas que el resto para los principales indicadores de pobreza y vulnerabilidad". Este 2023 alcanzó su valor más elevado, según la EAPN-A, desde 2016. Nada menos que el 44,7% de los hogares con menores entran en la tasa AROPE, un indicador de vulnerabilidad grave que mide la capacidad para disponer de 13 elementos de consumo y de relación social considerados necesarios en la sociedad europea para mantener una adecuada calidad de vida.

Andalucía, a la cabeza

El informe recoge que Andalucía ocupa el puesto más elevado de todas las comunidades autónomas en cuatro de los cinco principales indicadores de pobreza y exclusión: la tasa AROPE, la tasa de riesgo de pobreza, la pobreza severa y la carencia material y social severa. Además, este último año gran parte de esos indicadores se han deteriorado con mayor intensidad de lo que lo han hecho en el conjunto del territorio nacional.

Aunque se han producido "mejoras" desde el año 2015, estas no son suficientes "para cumplir con la contribución que debe realizar Andalucía para conseguir los objetivos marcados por la Agenda 2030: reducir a la mitad la tasa AROPE que registraba en 2015". Para ello, "deberían haber salido unas 540.000 personas más del riesgo de pobreza y/o exclusión social", señala el trabajo de EAPN-A.

En el año 2023, la tasa de pobreza severa, medida con un umbral del 40% de la mediana de renta nacional, esto es, el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 611 euros mensuales por unidad de consumo, en Andalucía era del 12,9%, lo que la situó como la Comunidad con la cifra más elevada del país.

La pobreza severa afecta mucho menos a las personas que viven en hogares sin menores. Es "en este grupo donde prácticamente se concentra toda la reducción en los últimos dos años de este indicador en Andalucía". Así, mientras que entre los hogares con menores apenas varía la tasa de pobreza severa (17,9%; 0,9 puntos menos que en 2021), en aquellos sin menores se reduce 5,5 puntos porcentuales, hasta igualar su dato más bajo, el 7% de 2008.

Salarios y privación material

La Agenda 2030 contabiliza también lo que llama privación material y social severa. El 12,6% de los andaluces, esto es, casi 1,1 millones, entran en esa categoría que, de nuevo, afecta más a las mujeres que a los hombres. "Se observa una mayor prevalencia de la tasa femenina, que es del 13,9% y que aplicada a la población resulta en unas 606.000 mujeres, por su parte, la tasa masculina es del 11,2%, lo que significa 475.000 hombres en la misma situación", recoge el informe.

Para el año 2023, se aprecia un incremento destacable de las personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado (o equivalentes para los vegetarianos) al menos cada dos días: "en 2021 eran un 6,8% y en 2023 un 10,2%". Además, vuelve a aumentar el número de personas que no pueden sustituir muebles usados o viejos, que pasa del 34,6% al 39,8%, según la EAPN-A.

El estudio revela también que el 57,1% de la población en Andalucía experimenta dificultades para llegar a fin de mes, lo que supone 2,5 puntos porcentuales más que el año anterior (54,6%) y el "mayor incremento tras el período de descenso registrado entre 2016 y 2020 y la relativa estabilización de los últimos dos años".

La situación no cambia con los años. Así lo recoge el trabajo de la Red contra la Pobreza: "La renta media por persona en Andalucía es de 11.719 euros, más de 2.300 euros inferior a la renta media nacional y la tercera más baja de todas las regiones, solo superior a Extremadura y Murcia. Esta distancia se mantiene más o menos constante para todos los años".

Además, estas cifras "puramente nominales" no reflejan "la pérdida de poder adquisitivo de la población". Así, desde 2008 la renta nominal media por persona en Andalucía creció desde los 9.007 euros hasta los 11.719 euros, es decir, se incrementó en 2.712 euros, un 30,1%". Sin embargo, "si se tiene en cuenta la variación del coste de la vida y el IPC, que fue del 29,6%, se evidencia que en términos de 2008 su valor real es de 9.043 euros". Por tanto, "el incremento real de la renta desde el año 2008 hasta 2023 en Andalucía fue de sólo 36 euros", recoge el trabajo.

Vivienda y pobreza

La vivienda se ha convertido "en uno de los principales factores generadores de pobreza y afecta a una parte significativa de la población", recoge el trabajo. En este sentido, añade, "el régimen de tenencia es un factor esencial para comprender la relación entre vivienda y pobreza".

En los últimos años se aprecia en Andalucía un "lento pero constante proceso de reconfiguración de la estructura del régimen de tenencia". De este modo las personas que residen en una vivienda en propiedad han pasado de representar un 80,9% en 2008 a ser un 77,8%, lo que, unido a la disminución de personas que habitan viviendas en cesión gratuita, que se ha reducido en un 30% desde 2015, ha supuesto un aumento de la proporción de quienes viven de alquiler: han pasado de un 11,1% a un 15,9%.

De este modo, el cambio de tenencia de vivienda ha provocado una trasposición en la cuantía del gasto destinado a ésta. Antes de la Gran Recesión, quienes pagaban una hipoteca en Andalucía abonaban de media más (531 euros mensuales en 2008) que quienes pagaban un alquiler (458 euros), "situación que se ha revertido desde 2020" y este último año "el desembolso medio por arrendamiento (506 euros) es 51 euros mayor al de la letra de la hipoteca (455 euros)".

Pese a que en Andalucía el gasto medio dedicado a la vivienda, tanto si se trata de una hipoteca como si es un alquiler, es inferior al nacional, "el porcentaje de los ingresos que supone este desembolso es similar en ambos niveles: en 2023 en Andalucía de media se destina a la vivienda el 17,8% de los ingresos, cifra similar a la registrada a nivel nacional, que era del 17,6%".

El informe prosigue: "Si para este mismo análisis se segmenta la muestra seleccionando a la población pobre, se aprecia como en Andalucía el porcentaje de gasto destinado a la vivienda supone casi un tercio de los ingresos, el 32,2 %, es decir, casi el doble del registrado entre toda la población andaluza, que era del 17,8%".

"Todo ello señala a la vivienda —apunta la EAPN-A— como un factor de vulnerabilidad, ya que se trata de una partida de gasto del hogar prácticamente ineludible que absorbe buena parte de los ingresos y que, por tanto, determina qué parte de la renta disponible puede dedicarse a satisfacer el resto de las necesidades básicas del hogar".