¿Qué está pasando con Muface y por qué las aseguradoras se salen con la suya ante el Gobierno?
Las tensiones generadas al tratar de renovar el modelo mutualista de los funcionarios ha dejado en evidencia a un Estado al que le cuesta negociar con los gigantes de la sanidad privada.
![El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ofrece una rueda de prensa para anunciar que presenta su candidatura como secretario general del PSOE de Madrid, en la sede de la Agrupación Socialista del distrito Centro, a 5 de dicie El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ofrece una rueda de prensa para anunciar que presenta su candidatura como secretario general del PSOE de Madrid, en la sede de la Agrupación Socialista del distrito Centro, a 5 de diciembre de 2024, en Madrid (España).](https://imagenes.publico.es/files/image_horizontal_mobile/files/fp/uploads/2025/01/28/6799072d025d0.r_d.1013-192-2500.jpeg)
Madrid--Actualizado a
El conflicto que ha emergido en torno a Muface es el resultado de años de dependencia estructural del sector privado. Este modelo de "colaboración público-empresarial", que se ha presentado históricamente como una solución para la atención sanitaria de los funcionarios, se encuentra ahora en el centro de un debate que revela los fallos y peligros de esta privatización encubierta de la sanidad. Con todo, las últimas decisiones del Gobierno parecen ceder cada vez más terreno a las aseguradoras, consolidando un esquema que prioriza los beneficios empresariales frente a la igualdad y al derecho universal a la salud.
Las tensiones generadas al tratar de renovar el sistema mutualista de los funcionarios para el período 2025-2027 ha dejado en evidencia a un Estado al que parece que le cuesta negociar con los gigantes de la sanidad privada, Adeslas, Asisa y DKV. Estas empresas, que se han lucrado durante décadas gracias al modelo, rechazaron renovar sus servicios bajo la histórica oferta inicial del Ministerio de Función Pública –que contemplaba un incremento presupuestario del 17%–. La primera licitación quedó desierta y la segunda –que estimaba una subida de más de un 30%– iba por el mismo camino hasta que el gabinete de Óscar López ha tomado la decisión de ceder una tercera vez y elevar el aumento de las primas a un 41,2%. Inyección que supone un total de 4.808 millones de euros.
Los sindicatos, sobre todo CSIF, se han posicionado también de parte de la continuidad de Muface. Han recibido, además, el apoyo de otras organizaciones como Jupol (el sindicato ultra de la Policía Nacional, conocido por orbitar alrededor de Vox), que ha suscrito la huelga convocada el próximo 13 de febrero. La movilización, que afectará a más de 600.000 empleados públicos, exige la inmediata firma de un acuerdo.
Según la Ley General de Sanidad aprobada hace casi 40 años, Muface y el resto de modelos mutualistas que financia el estado deberían haber sido integrados en el Sistema Nacional de Salud hace ya bastante tiempo. Pero ha perdurado como un modelo excepcional que de facto desvía fondos públicos hacia aseguradoras privadas. Es por ello que desde organizaciones como la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denuncian que este sistema no solo es anacrónico, sino que alimenta una privatización encubierta y perpetúa la desigualdad.
El dilema se ha abierto incluso dentro del propio Gobierno, donde el ala socialista y el de Sumar representan posiciones enfrentadas. El Ministerio de Sanidad ha abogado abiertamente por integrar progresivamente a los mutualistas en la sanidad pública. De hecho, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, señaló en una entrevista para Público que este modelo genera una evidente contradicción: "Quienes gestionan lo público deben ser atendidos por la sanidad pública". Padilla también habló de que Muface perpetúa desigualdades en el acceso a la sanidad, dado que permite a un segmento del funcionariado disfrutar de coberturas que no están disponibles para el resto de la ciudadanía. La ministra Mónica García, por su parte, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de las principales aseguradoras para que expliquen sus razones para oponerse. En la misma línea, Más Madrid ha pedido la comparecencia de representantes de Asisa y Adelas en la Asamblea regional para abordar la sostenibilidad del modelo.
Una vez dado este último paso en favor de las peticiones de la sanidad privada por parte del Ejecutivo, queda por ver cómo responderán las compañías, si les parecerá suficiente o no un desembolso que la sanidad pública desearía recibir a ojos cerrados.
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