Álvaro García Ortiz niega ante el juez haber filtrado ningún correo sobre la pareja de Ayuso
El magistrado del Supremo investiga por primera vez a un fiscal general del Estado por su presunta relación con la divulgación de información sobre González Amador a la prensa.
![El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Tribunal Supremo, a 29 de enero de 2025. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Tribunal Supremo, a 29 de enero de 2025.](https://imagenes.publico.es/files/image_horizontal_mobile/uploads/2025/01/29/679a0f24d1122.jpeg)
Madrid--Actualizado a
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado este miércoles ante el Tribunal Supremo haber filtrado los correos electrónicos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes jurídicas, García Ortiz ha asegurado que no facilitó ni el expediente tributario ni los mensajes a ninguna persona dentro o fuera de la Fiscalía.
Durante su comparecencia, el jefe del Ministerio Público ha afirmado que tampoco dio instrucciones a terceros para difundir dicha información. Además, ha declarado que no tiene conocimiento de que la filtración procediera de la Fiscalía General o de la Fiscalía Provincial de Madrid ni que tuviera la intención de perjudicar a González Amador o interferir en su proceso judicial.
García Ortiz ha optado por responder únicamente a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía, evitando así contestar a la representación legal de González Amador. En su testimonio, ha mencionado que el correo electrónico cuya filtración se investiga también fue remitido al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en un intento de contextualizar los hechos.
El fiscal general ha llegado al Tribunal Supremo a las 9.45 horas de la mañana. A su llegada, ha recibido gritos que lo llamaban "sinvergüenza" por parte de un grupo reducido de manifestantes. Ha ingresado por la puerta principal sin hacer declaraciones a los medios, marcando un precedente al ser el primer fiscal general en declarar como investigado.
El magistrado instructor del caso investiga si García Ortiz y otros dos fiscales estuvieron implicados en la filtración del correo que el abogado de González Amador envió el 2 de febrero al fiscal de delitos económicos, Julián Salto. En dicho mensaje, el letrado ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de alcanzar un acuerdo judicial.
La investigación ha avanzado con los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los cuales señalan que el fiscal general tuvo una "participación preeminente" en la filtración. Según el juez, estos documentos aportan "información de peso" que respalda la hipótesis de que García Ortiz dirigió la difusión del correo electrónico, aprovechando su posición de autoridad sobre otros fiscales.
En el transcurso de su declaración, García Ortiz ha explicado que, desde que asumió su cargo en la Fiscalía General del Estado, ha cambiado de teléfono móvil en seis ocasiones. También ha indicado que, por razones de seguridad y en cumplimiento de la normativa legal, borra regularmente el contenido de su dispositivo debido a la información "sensible" que maneja.
La UCO no ha podido recuperar los chats ni los correos electrónicos del fiscal general, ya que, según un informe sobre el material incautado en su despacho, sus dispositivos contenían "cero mensajes". Ante esta situación, el magistrado ha solicitado la colaboración de Whatsapp y Google para intentar recuperar los datos eliminados.
Asimismo, el juez ha requerido información al departamento de informática de la Fiscalía General del Estado para determinar si los móviles de García Ortiz, tanto actuales como anteriores, han sido formateados. También ha pedido al delegado de protección de datos del Ministerio Público una copia de la normativa interna que justifique la ausencia de mensajes en los dispositivos del fiscal general.
Por su parte, Salto ha negado conocer la existencia de un protocolo oficial para el borrado de mensajes. Este testimonio ha llevado al magistrado a cuestionar la supuesta práctica de eliminación de datos en la Fiscalía y a profundizar en las circunstancias que rodean la desaparición de los registros electrónicos del investigado.
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