Zohra es una mujer que vive en el barrio madrileño de Lavapiés con su marido, su hijo de ocho años y el miedo de que este miércoles la Policía les obligue a irse de su casa. Cuentan con "toda la documentación que acredita que son una familia vulnerable", según la inquilina. Un juez ordenó su desahucio, a pesar del Real Decreto vigente contra este tipo de expulsiones no la iba a amparar en esta ocasión, aunque cumpla con los requisitos y su casero cuente con un total de 27 viviendas en propiedad.

La mujer ya se ha enfrentado a dos intentos de desahucio: uno a finales de junio, cuando se pospuso dos semanas debido a la falta de una alternativa habitacional para la familia, según informó el Sindicato de Inquilinas de Madrid a Público; y otro el pasado martes, 16 de julio. En ambas ocasiones, Zohra ha estado acompañada por las activistas del Sindicato de Inquilinas, que organizaron concentraciones lo suficientemente grandes como para paralizar las dos órdenes de desahucio emitidas por el juez. 

En esta ocasión el Sindicato de Inquilinas de Madrid, junto con otras organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de barrios como Vallecas o Usera. Pretenden "intentar frenar lo que ni el juez ni los servicios sociales ni el Gobierno se esfuerza en frenar". 

Condiciones pésimas

El piso en el que vive la familia desde hace diez años es un pequeño y antiguo apartamento conformado por dos habitaciones y en condiciones pésimas, debido a la dejadez de su arrendatario−que cuenta con más de 27 viviendas en propiedad−. Han sufrido plagas de chinches y cucarachas y, nada más entrar por el portal, se aprecian las grandes humedades de las paredes, que forman "moho en los techos" de la vivienda, según relató Zohra en declaraciones a Público.

"Estuvimos varios meses sin agua caliente, plagas, nos ha quitado la conexión por antena y ni siquiera nos ayudó cuando el techo se nos vino abajo", expresa. En una ocasión, por la noche, la mitad del techo de la sala donde duermen Zohra y su familia se cayó, llegando a provocar heridas al pequeño de ocho años. El casero no hizo nada, sino que fueron los bomberos y la propia familia los que apuntalaron la casa para tratar de evitar otro desprendimiento. Ahora, la mujer declara que su familia vive con miedo: "Todo esto, el no ayudarnos, no arreglar nada, es para que nos marchemos. A mí tampoco me gusta vivir con este temor", dice.

Estas condiciones de vida deplorables no solo afectan a la salud mental de la familia, sino también a su integridad física. Tanto la mujer como su hijo cuentan con inhaladores para no ahogarse, mientras la pareja toma tranquilizantes a diario para controlar sus problemas de tensión.

Acoso inmobiliario

El caso de Zohra es un claro ejemplo del acoso inmobiliario o mobbing que sufren muchas personas antes de ser desahuciadas. Todo el edificio es propiedad del mismo dueño, que vive en Tenerife y también cuenta con otras viviendas adicionales, así como con los recursos suficientes como para hacer frente a los problemas estructurales de la vivienda. Sin embargo, el casero decidió no actuar.

El bloque entero de viviendas está en condiciones pésimas, con paredes húmedas y escaleras desgastadas que dificultan el acceso de Zohra, operada de las dos rodillas, a su casa. "Él (su casero) lo que quiere es echarnos para reformarlo y subir el precio del alquiler. En este mismo bloque tiene viviendas vacías y no quiere alquilárnoslas. Nos lo dijo muy claro: quiere que todas las familias marroquíes nos vayamos. Mis vecinas también tienen mucho miedo", señala la inquilina.

"Se trata de un gran tenedor, con mínimo 27 propiedades y un estudio propio de arquitectura, que tiene la capacidad de expulsar de su vivienda a una familia vulnerable con un niño de ocho años. Además, el estado de la vivienda es deplorable y Zohra y su familia llevan años denunciándolo, sin que se les haya hecho el más mínimo caso", declaran desde el Sindicato de Inquilinas.

No es un caso aislado

El caso de Zohra no es aislado. Según el sindicato, se observa un creciente número de jueces, como Roberto Fernández Muñoz, del juzgado de primera instancia número 70, que optan por no aplicar el Real Decreto que protege a las personas vulnerables, "tomando decisiones deliberadas y sin justificación en favor del rentismo", según el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

"En ausencia de una garantías legales y procedimentales adecuadas, no tiene sentido que desde el Gobierno se declare a los cuatro vientos que los desahucios se están paralizando, cuando continúan existiendo casos como este", declaran desde el sindicato. "Son situaciones que llegan cada vez más a nuestras asambleas", añaden.