El fin de los peajes reabre el debate sobre cómo financiar el mantenimiento de las autopistas

La AP-7 entre Tarragona y La Jonquera, toda la AP-2, la C-32 entre Montgat y Blanes y la C-33 en Montmeló. Estos tramos de autopista forman parte de los 415 kilómetros de peajes que dejarán de ser de pago a partir del miércoles. Más allá de la satisfacción para los conductores catalanes por una noticia largamente esperada, la medida se aplicará sin haberse resuelto todavía aspectos como el modelo de financiación de las vías o el sistema de pago más adecuado para su mantenimiento. De momento, se podrá circular gratis por estos puntos, mientras el Gobierno central y la Generalitat discrepan sobre si la partida para financiar el mantenimiento de las autopistas debe salir directamente de los presupuestos del Estado o se han de implantar mecanismos, como el pago por el uso, defendido por el ejecutivo español, o un método de tarifa plana llamado viñeta, promovido por el Govern.

Este debate tiene lugar en un contexto en el que existen pocas dudas sobre la amortización de los costes de construcción de las autopistas. De hecho, con datos de 2016, un estudio del Cercle Català de Negocis (CCN) ya situaba en una media de 28 veces las veces que se han amortizado los peajes en las vías catalanas. Desde el momento en que las concesionarias lograron rescatar sus inversiones, sólo se han llevado beneficios, descontando los costes de mantenimiento, los que ahora se encuentran en discusión.

De momento, las únicas certezas económicas son las derivadas del levantamiento de las barreras a partir de la medianoche del miércoles. Así, Abertis ha pactado un acuerdo con los sindicatos para despedir a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a 340 trabajadores de personal de peajes, centros de atención y oficinas. Paralelamente, algunos municipios catalanes, según los cálculos del propio Govern, dejarán de ingresar más de 14 millones de euros correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los tramos de autopista ocupado por el peaje de la concesionaria.

Medio siglo de peajes

Desde el CCN, su presidente, Albert Pont, recuerda que el tramo de peaje más antiguo del Estado, ubicado en la autopista C-32 entre Montgat y Mataró, tiene 52 años de vida y se ha amortizado 55 veces durante este periodo. En el informe, Plan de viabilidad de la red viaria española (https://ccncat.cat/estudis/pla-viabilitat-xarxa.pdf), publicado hace cinco años por el Cercle y actualizado con datos recientes, Pont reclama "la liberación de las autopistas amortizadas y la reconversión de autovías en autopistas de peaje, siguiendo la concepción radial de las infraestructuras, según la prioridad tradicional de las inversiones del Estado".

En el mismo informe, el CCN plantea la "congelación sine die de proyectos sin fundamento ni viabilidad económica y aquellos que supongan duplicidades injustificadas". Además, lamenta que Madrid sea la única gran ciudad del Estado que no dispone de peajes en sus vías de acceso y de circunvalación.

"La AP-7, en nuestras tierras, se ha amortizado más de 157 veces". Es el mensaje que ofrece Llorenç Navarro, portavoz de la plataforma Prou! AP-7 Gratuita. Después de más de seis años de reivindicación como movimiento vecinal de carácter transversal para intentar conseguir la liberación de la mayoría de autopistas catalanas, Navarro anuncia una reorientación en los objetivos de la entidad, focalizada a partir de ahora evitar que "nunca más se vuelvan a implantar peajes o acciones de pago para circular por las vías rápidas catalanas".

¿Presupuestos o fórmulas de pago?

La plataforma, que ahora pasará a llamarse Mai més de pagament (Nunca más de pago), reivindica que el mantenimiento de las autopistas es perfectamente asumible a través de los presupuestos del Estado. Navarro se opone a cualquier sistema como el pago por el uso o la viñeta. "Asegurar que no hay dinero suficiente es una gran mentira, ya que las vías se han amortizado sobradamente". Hasta ahora, el movimiento vecinal quería la liberación de la AP-7 para tratar de reducir los accidentes que se registraban en la N-340, la alternativa gratuita a la autopista, donde más de la mitad eran choques frontales. Para celebrar que han alcanzado su meta, los vecinos han convocado el martes una marcha lenta de coches en Salou.

La batalla para definir cuál será el modelo que se utilizará a partir de septiembre por el mantenimiento de las autopistas la inició el Gobierno central, que la pasada primavera informó a Bruselas sobre un sistema de pago por uso de las autovías y autopistas de titularidad estatal, que haría pagar los conductores en función de los kilómetros recorridos. Sin muchos más detalles, la propuesta del ex ministro José Luís Ábalos se situó para el año 2024.

La respuesta de la Generalitat llegó de la mano del vicepresidente y consejero de Territorio, Jordi Puigneró, quien pidió el traspaso de las competencias en carreteras en Catalunya y elogió el modelo de viñeta, un tipo de pago en forma de tarifa plana, para financiar el mantenimiento de las autopistas. En caso contrario, Puigneró añadió que "nos parecen inalcanzables a largo plazo unos costes de mantenimiento medios de entre 50.000 y 80.000 euros por kilómetro y año".

Por su parte, la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP) califica de "paso atrás para la movilidad" la eliminación de los peajes sin una alternativa pública complementaria. En un comunicado valorando la decisión, la entidad considera que la subida de las barreras en las vías de gran capacidad "incentiva el uso del vehículo privado, impide la internalización de los costes ambientales y condena a asumir los gastos de mantenimiento a toda la ciudadanía". Para la asociación, los peajes deberían servir para reducir las congestiones y favorecer el equilibrio territorial. Además, proponen un sistema de bonificaciones para los vehículos de bajas emisiones o por el uso compartido.

Mientras tanto, los conductores particulares y los usuarios del transporte público que circulen por estos tramos de autopistas catalanas sin peajes y con las barreras levantadas a partir del miércoles se seguirán preguntando que se ha hecho del dinero que hasta ahora servían para financiar su mantenimiento.