El investigador Carlos Babío espera que el Estado recupere pronto el Pazo de Meirás de manos de los herederos del dictador Francisco Franco, que lo consiguió "como botín de guerra a través de procesos corruptos" y que ahora ve dos posibles vías para revertir su titularidad.

Carlos Babío Urkidi (Sada, A Coruña, 1967) sufrió, en la figura de una de sus abuelas, la incautación de tierras en beneficio de Franco y ahora aboga, en una entrevista con Efe, por la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo.

"Lo único que se está pidiendo hoy en día es normalizar. Las víctimas no reclaman indemnizaciones millonarias: reclaman memoria y dignidad. No debería ser tan difícil, a no ser que cada vez que pronuncias la palabra Franco cree la tensión", apunta.

Ya con la mente puesta en su próximo libro sobre el Pazo de Meirás, que publicará junto a Manuel Pérez Lourenzo en 2019, Babío repasa la historia de un inmueble símbolo de la "característica fundamental del régimen: la corrupción".

"El Pazo de Meirás llega a Franco como botín de guerra a través de procesos corruptos que tienen como último beneficiario a Franco", subraya sobre un proceso al que, para él, dio continuidad una Transición incapaz de eliminar la posición de unas élites beneficiadas por los favores de un "régimen corrupto y genocida".

Considera, de hecho, que medidas como la Ley de Amnistía, que "se dijo que era para sacar a los rojos de la cárcel", sirvió para "amnistiar los delitos de unos que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas de toda la vida; se blindaron todos los privilegios emanados del franquismo".

En concreto, el Pazo de Meirás es "una de las sedes principales donde surge ese tráfico de favores con las élites" y representa, hoy en día, "un caso paradigmático", que no existe "en todo el mundo, ni siquiera en aquellos estados que padecieron regímenes totalitarios de carácter fascista".

Con "todo tipo de abusos, amenazas y extorsiones", primero fue donado en un acto público a Franco el 5 de diciembre de 1938, aunque en 1941 fue inscrito como "bien privativo" del dictador tras "una falsa compraventa entre particulares", por 85.000 pesetas, según los documentos, una cifra que ve irregular.

A partir de ahí funciona como residencia oficial y es la Casa Civil de Su Excelencia el Jefe del Estado la que se ocupa "del mantenimiento, las obras, las mejoras y el personal de servicio": "No hay diferencia entre la residencia de El Pardo -propiedad del Estado- y la de Meirás", declara Babío.

La primera posible vía para recuperarlo es a través de la anulación del contrato de compraventa de 1941, pues el bien "ya estaba vendido y luego donado". Otra opción es recurrir al uso que se le dio a la propiedad, en un sistema en el que no se distinguían el Palacio de El Pardo, el Pazo de Meirás, Patrimonio Nacional y la Casa Civil.

Carlos Babío ve fácil intentar cualquiera de las dos vías, pues apuestan por ellas "los historiadores y los juristas que estudiaron el caso": "Es muy evidente que existe causa", prosigue.

Sostiene que el Estado debe recuperar una propiedad en la que invirtió una "cifra astronómica" durante años, pues en él no solo residió Franco con su mujer, Carmen Polo, que tuvo una pensión vitalicia superior al sueldo del presidente del Gobierno, sino que acudían con regularidad la hija de ambos, Carmen Franco, y el resto de su familia, que "vivían en el Pazo de Meirás como vivía Franco".

"Sus actividades lúdicas se cargaban al erario público. Podemos documentar que vivía a cuenta del erario público en el Pazo de Meirás, abusando de todo tipo de recursos", argumenta.

El investigador tiene documentos que acreditan que Patrimonio Nacional, propietario del barco Azor, ordenó remitir a Castellón los elementos de pesca "para que Francis Franco -nieto del dictador- se presentase a un concurso": "A él incluso se le pagaban las tiritas cuando se hacían pupita en el Pazo", ironiza.

"Me da vergüenza, es indignante que venga a decir que el Pazo es de ellos cuando tuvieron ese comportamiento", declara. Todo el proceso afectó a unos sesenta propietarios y arrendatarios, entre los que estuvo una de sus abuelas, aunque a partir de 1941 se abandonó la incautación de tierras para su compra, a cargo del Estado, y la posterior inscripción a nombre de Franco, incluso en un caso con la construcción de una vivienda para uno de los afectados a cargo del Ministerio del Ejército.

"En el organigrama de la Casa Civil no se sabía dónde acababa lo público y dónde empezaba lo privado, todo era de los Franco. La mayoría de las tierras de fuera de los muros se recalificaron y se vendieron en la década de 1980; lo hizo el alcalde de Sada con un poder notarial de la familia", revela el experto.

En Galicia está también pendiente de recuperación la Casa Cornide, en el centro de A Coruña y regalada por el Ayuntamiento de A Coruña -al que urge medidas legales- a Carmen Polo, y las estatuas de Abraham e Isaac del Pórtico de la Gloria, ya en la vía judicial.

Babío opina que hacen falta medidas contra un "franquismo que sigue vivo" y descarta que eso signifique reabrir heridas, pues se pregunta "en qué momento el Estado español cerró las heridas conforme al derecho internacional".

"Es un disparate que se diga que el Estado español cerró las heridas: las dejó abiertas y supurando", declara. Sobre el Valle de los Caídos, sostiene que "es difícil reconvertir eso en un espacio de memoria democrática", por lo que "sacaría en la medida en que se pueda a las víctimas que están soterradas con el dictador, sacaría al dictador, entregaría los cuerpos a las familias y lo volaría por los aires", abunda.

Advierte, no obstante, que en España hace falta la eliminación de la simbología franquista, como ocurrió en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial cuando también la población fue reeducada, en un sistema que viene "de una reforma del anterior", en el que echa de menos "una ruptura real" con el pasado.