Las comunidades autónomas vuelven a recurrir a la sanidad privada ante el riesgo de colapso de los hospitales. Hasta nueve regiones envían pacientes covid y no covid a los centros privados para liberar recursos en el sistema público. Varios Gobiernos autonómicos han anunciado ya las condiciones de los acuerdos y las tarifas por paciente mientras que otras aún están negociando los precios incluso de las derivaciones de la primera ola. Se vuelven a utilizar así los recursos privados mientras que ni siquiera se tiene clara la factura de los primeros meses de pandemia. Pero los acuerdos anunciados ya muestran que la factura final será muy diferente en unas regiones que en otras.

El presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, cifró en declaraciones a Infolibre en el mes de marzo el coste de un paciente covid: 250 euros al día el coste de la hospitalización y 700 euros el de ingreso en UCI. Sin embargo, Rus explica a Público que, tras varios estudios sobre los costes, las cifras varían de una comunidad a otra. El presidente de ASPE, que representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados, confirma también que hasta nueve comunidades están derivando pacientes de la pública a la privada, aunque no con todas se ha llegado a un acuerdo económico.

La Comunidad de Madrid, el País Valencià, Catalunya, Navarra, Murcia, Andalucía, La Rioja, Euskadi y Baleares son las nueve comunidades están mandando enfermos a los centros privados. "Catalunya, Navarra y Madrid ya nos derivan pacientes covid. El resto nos derivan pacientes no covid para liberar recursos pero tienen previsto mandarnos pacientes covid si se llega a necesitar. Con Andalucía llegamos a un acuerdo en verano para las derivaciones de paciente no-covid y ahora nos sumamos al 'Plan 7.500' para atender a pacientes covid también", explica a este medio por conversación telefónica. El plan al que hace referencia Rus de Andalucía lo activó la Junta este martes y contempla hospitalizaciones domiciliarias, traslados entre provincias y habilitación de camas UCI en quirófanos o salas de reanimación ante la previsión de llegar este viernes a las 4.500 personas ingresadas.

La situación respecto al coste de cada paciente que se deriva es diferente según la comunidad autónoma. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha firmado la orden para poner a disposición del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) los centros sanitarios privados y el documento estipula que los centros tendrán derecho a una compensación de 734,25 euros por paciente y día, mientras que en la UCI se eleva a 2.084,89 euros. Según Rus, se ha llegado a este acuerdo tras "un estudio de los costes".

En Andalucía la tarifa baja mucho. Según el acuerdo al que se llegó con la Asociación de Empresas Sanitarias de Prestación Asistencial de Andalucía, el valor cambia si los pacientes van a camas convencionales, camas UCI o camas UCI-covid, pero los precios oscilan en torno a los 700 euros al día. En el País Valencià se ha diseñado otro sistema de pago mediante el que se retribuye a los centros sanitarios privados en función de lo establecido en la ley de tasas públicas. Mientras que el Govern catalán fue el primero que llegó a un acuerdo con la sanidad privada tras la primera ola en el que se fijó 43.000 euros por cada paciente de UCI que hubiera recibido el alta.

Los precios fijados ahora con la Comunidad de Madrid también han sido los utilizados para establecer los costes de las derivaciones de la primera ola. Sobre la diferencia de precios entre, por ejemplo, Madrid y Andalucía, Rus añade que hay que tener en cuenta todas las condiciones negociadas porque con el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se ha acordado que se manden principalmente pacientes "en la última fase": "Pacientes que ya están estables pero aún necesitan unos días de ingreso antes del alta. Son pacientes que requieren menos coste y así se liberan recursos en los hospitales públicos", explica.

Rus celebra que al menos en esta ocasión se estén cerrando acuerdos, aunque aún hay negociaciones abiertas con Baleares, Canarias, Murcia y Castilla y León. Mientras que Euskadi presentó una propuesta "unilateral". "En la primera ola no firmamos condiciones porque entendimos que había que ayudar y que ya llegaría el momento de hablar con las administraciones. Pero se nos definió como recurso esencial y en algunas comunidades teníamos a hospitales llenos de profesionales pero sin trabajadores". Público se hizo eco de este problema durante la primera ola y desveló que, mientras faltaban respiradores en comunidades como Madrid, había 13.000 repartidos por España que no llegaron a utilizarse.

Tras esto, Rus pide a todas las comunidades que lleguen a acuerdos. La propuesta de ASPE es que no se desprogramen de forma generalizada las intervenciones no urgentes y que se retrasen solo aquellas que requieran UCI o un ingreso hospitalario posterior de más de tres días para "no olvidar" a los pacientes no covid como ocurrió durante la primera ola y se deriven a los centros privados.

"Hay muchas otras enfermedades distintas al coronavirus y pacientes que han de ser tratados. El impacto económico de la intervención de los centros sanitarios privados durante el primer estado de alarma en abril de 2020 ha provocado hasta el momento el cierre de alrededor de 3.000 centros sanitarios sin internamiento en toda España y una deuda estimada de aproximadamente 250 millones de euros", lamenta la patronal en un comunicado.

La factura total de las derivaciones a la sanidad privada se mantiene así como una incógnita mientras las comunidades mantienen las negociaciones con el sector tras diez meses de pandemia. Desde la patronal insisten en las grandes pérdidas que han tenido y reclaman más acuerdos, pero las asociaciones en defensa de la Sanidad Pública reprochan a comunidades como Madrid que hagan uso de los centros privados mientras mantienen camas públicas cerradas en varios hospitales de la región. En la comunidad que gobierna Isabel Díaz Ayuso el dinero que se destina a la sanidad privada es aún más llamativo: el sector privado ya absorbe uno de cada dos euros del dinero destinado a la sanidad pública de Madrid.