El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho este jueves que Defensa no tiene intención de pasar a la concesionaria Iberpistas la "factura" por la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) durante el fin de semana de Reyes para evacuar a los usuarios que quedaron atrapados por la nieve.

"Eso lo tiene que decidir el Ministerio de Defensa, aunque hasta donde yo sé, no es intención de la UME pasar el gasto que asumió con el desplazamiento de efectivos", ha dicho el titular de Fomento en RNE.

Tras el colapso de la AP-6, Fomento abrió dos expedientes a Iberpistas (Abertis) por incumplimiento de contrato y por no respetar las exigencias legales durante el temporal de nieve de los días 6 y 7 de enero.

Dichos expedientes aún están en trámite, ha dicho De la Serna, quien ha explicado que aún no se han calculado las posibles sanciones ni si es necesario que Iberpistas tiene que llevar a cabo inversiones para evitar que la situación se repita.

Por otra parte, ha asegurado que está "todo preparado" para hacer frente a las nevadas previstas para las próximas horas y ha pedido a los conductores que estén "muy pendientes" de lo que diga la Dirección General de Tráfico (DGT) porque "la cosa se va a complicar mucho, especialmente en Cantabria, Asturias y Alto Ebro".

2019: fin del contrato con Iberpistas

El Ejecutivo central no prorrogará la concesión de la autopista AP-6  a Iberpistas, compañía filial de Abertis, sino que esperará a que se agote el periodo de la adjudicación, por lo que no retirará de inmediato la concesión de la empresa. 

Según los plazos del Ministerio de Fomento, a finales de 2019 acabará la gestión privada de esta vía de peaje, una medida que la Administración central pretende extender al resto de la red de alta capacidad.

La elección de esta fecha (noviembre de 2019) es el resultado del plazo que firmó , Ana Pastor, antigua encargada de la cartera de Fomento, y que figura en el real decreto por el que el Estado prolonga la vigencia actual de la concesión.

Tanto PSOE como Podemos, sindicatos y organizaciones ecologistas, están en contra de esperar hasta 2019 y han recordado la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Europeo que fijaba a finales de este pasado mes de enero la fecha de finalización de la concesión. Dicho fallo resolvía que se encontraba fuera la legalidad.