La Fiscalía de Madrid investigará el colapso de más de 3.000 vehículos en la AP-6 el pasado fin de semana por la nevada para depurar las posibles responsabilidad civiles, por si pudiera ser constitutivo de un delito contra los derechos de los consumidores.

Ha sido el fiscal Jefe de Madrid, Jose Javier Polo, al amparo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el que ha ordenado la incoación de diligencias preprocesales por los hechos acaecidos los pasados días 6 y 7 de enero en la AP-6.

En su escrito, la Fiscalía recuerda que el corte de carretera a lo largo de casi 80 kilómetros motivó que miles de personas estuvieran "muchas" horas atrapadas con sus vehículos en la nieve.

Por ello, el Ministerio Fiscal tratará de averiguar si los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los consumidores y, en su caso, "ejercitar las acciones judiciales oportunas".

Tanto es así que la Fiscalía defiende que la orden de incoar las diligencias preprocesales se hace "en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios para averiguar la realidad, naturaleza, motivos y posibles responsabilidades de dichos hechos, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Constitución".

El Ministerio Público recuerda en su escrito que el Tribunal Supremo confirmó una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos donde se condenó a la concesionaria de la autopista AP-1 por falta de previsión, suficiente vigilancia y falta de coordinación y tuvo que indemnizar con 150 euros a todos los afectados.

Al margen de la investigación de la Fiscalía, la asociación de consumidores Asufín prepara una demanda contra Iberpistas, la concesionaria de la autopista de peaje AP-6, por los daños y perjuicios causados a los más de 3.000 vehículos que quedaron colapsados en dicha vía el pasado fin de semana.

Esta asociación quiere reclamar a Iberpistas (Abertis) por la "nefasta" gestión de la nevada el día de Reyes, y a la reclamación por daños morales van a añadir la de daños emergentes, perjuicios adyacentes como pérdidas de avión, tren, contratos o cualquier causa demostrable.

También otras organizaciones de consumidores —Facua y la OCU— han promovido ya la creación de plataformas de afectados y la puesta en marcha de acciones judiciales por las consecuencias de la nevada.

Por su parte, el Ministerio de Fomento ha solicitado a la concesionaria de la AP-6 que le remita todas las reclamaciones que reciba por la nevada y además calculará el coste de todas las actuaciones del Estado por las incidencias en esta vía.

Fomento ha abierto un expediente informativo para determinar si hubo alguna negligencia y el ministro Íñigo de la Serna ha asegurado que comparecerá en el Congreso de los Diputados para facilitar, "con absoluta transparencia", un relato de los hechos ocurridos los pasados 6 y 7 de enero, cuando miles de vehículos quedaron atrapados durante horas en esa autopista por las nevadas.