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La mitad de la población en España ha recortado gastos en alimentación y energía debido a la inflación

La reciente encuesta realizada por la ONG Oxfam Intermón revela que más del 40% de la población ha renunciado a algún gasto en salud por no poder permitírselo.

Imagen de archivo de una mujer comprando, a 24 de diciembre de 2023, en Madrid (España).
Imagen de archivo de una mujer comprando. Ricardo Rubio / Europa Press

La Gran Recesión de 2008, la pandemia de la covid-19 y la crisis inflacionaria han transformado la sociedad española. 15 años de inestabilidad económica que han generado consecuencias globales y locales en el comportamiento de la desigualdad. Actualmente, España es el quinto país más desigual de Europa de los 26 sobre los que existe información. 

Una reciente encuesta realizada −a más de 4.000 personas− por la ONG Oxfam Intermón revela que más de un 50% de la población en España está insatisfecha por su situación económica y ha tenido que recortar sus gastos en recursos básicos como la electricidad, la calefacción, el agua o la alimentación. Estos recortes se han producido con mayor intensidad en las mujeres (con más de diez puntos de diferencia respecto a los hombres) y, especialmente, en las personas racializadas. Entre las personas con bajo nivel socioeconómico, los recortes se han disparado hasta diez puntos por encima de la media de la población.

Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, ha señalado a Público que "la desigualdad va más allá de las estadísticas y habla de los miedos y angustias de miles de hogares que no llegan a fin de mes, y de la lucha diaria de millones de personas por la salud, las oportunidades y la dignidad".

Un 40% de la población encuestada asegura  que no puede irse de vacaciones ni una semana al año

El año pasado, más de la mitad de la población tuvo que hacer recortes significativos en la cesta de la compra, ropa y calzado y ocio. "Un 40% asegura que ha tenido que comprar menos carne o pescado y que no puede irse de vacaciones ni siquiera una semana al año", expone la organización. Similar es el porcentaje (38,2%) de quienes aseguran que no podrían afrontar gastos imprevistos superiores a 600 euros

El cuestionario planteado por la ONG a los participantes incluye preguntas sobre sus condiciones de vida (ingresos, situación laboral, vivienda, impacto de la inflación en los últimos años), su acceso a los servicios y la protección pública (sanidad, educación, prestaciones), su nivel de bienestar físico y mental, su confianza en las instituciones y actores políticos y las medidas que consideran más efectivas para combatir las desigualdades. 

Recortes en salud y vivienda

En el último año, más del 40% de la población ha renunciado a algún gasto en salud por no poder permitírselo. Entre las personas que no llegan a fin de mes, la cifra roza el 70%. "Lo más común es renunciar al dentista, a ponerse prótesis dentales, gafas y/o audífonos, no acudir a fisioterapia o rehabilitación y no recibir tratamiento psicológico", comentan desde la ONG.

En el caso de los gastos asociados a vivienda, Ernesto García, del Programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón, señala a Público que la mitad de las personas con hipoteca y más del 60% de quienes viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. Además, añade que una de cada cuatro personas (el 27%) afirma que su nivel de ingresos no le permite tener una vida digna.

Las personas que no llegan a fin de mes consumen el doble de psicofármacos que el total de la población

En concreto, las desigualdades están afectando a la salud mental de los jóvenes. Uno de cada cinco (de entre 16-24 años) asegura que su salud mental es mala o muy mala. Para hacer frente a situaciones de malestar físico o emocional, más del 10% de la población consume con frecuencia analgésicos o ansiolíticos. "Las personas que no llegan a fin de mes consumen casi el doble de psicofármacos y analgésicos que la población en su conjunto", exponen desde la organización.

Ante estas desigualdades, el informe demuestra que más del 70% de la población encuestada cree que el Gobierno central, la Unión Europea, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, en este orden, pueden actuar para reducir las brechas.

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