Menor fallecido en MelillaEl Defensor del Pueblo critica la falta de pruebas para esclarecer la extraña muerte de un menor en un centro de Melilla

Mamadou Barry murió el 22 de diciembre de 2017 tras 20 días en coma en el Hospital de Melilla. Llegó allí después de que fuera inmovilizado por el personal del seguridad del centro de reforma Baluarte para menores infractores de la ciudad, donde estaba internado. Era de Guinea Conkry y tenía 17 años. A día de hoy sigue sin saberse por qué murió este joven, tan solo se conoce la versión oficial ofrecida por el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, que explicó que el chico falleció de una parada cardiorrespiratoria y aludía a una afección cardíaca congénita de la que nunca se aportaron pruebas.

El joven cayó desvanecido en el suelo después de que lo separaran cuando, al parecer, se estaba peleando con otro de los menores internos. El Defensor del Pueblo abrió una investigación de oficio sobre suceso y apreció "cierta rudeza" por parte de los trabajadores de seguridad del centro durante su intervención. Ahora, la misma institución revela más datos sobre este suceso en el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). 

"Dada la gravedad del asunto, el equipo del MNP solicitó visualizar las imágenes de la contención y una copia de todas ellas para su estudio en detalle", apunta el informe, que señala "problemas y resistencias" por parte del Gobierno de Melilla "desde el primer momento". Una vez analizadas las imágenes de los 110 vídeos facilitados por la Consejería de Ventura, el Defensor del Pueblo concluye que no se han practicados las pruebas suficientes para investigar correctamente por qué murió Mamadou.

En primer lugar, el informe detalla que fueron seis personas las que redujeron y contuvieron el menor, con episodios de "cierta rudeza" en el proceso. En concreto, "se aprecia cómo una de las personas que participa en ella coge la cabeza del interno y la agita de modo que se da contra el suelo", señala. Al mismo tiempo, denuncia que las versiones que se anotaron en los informes del centro no concuerdan con los visto en las imágenes de la contención del menor.

Sin autopsia judicial

El informe también destaca la ausencia de una autopsia judicial para esclarecer las causas de la muerte. Sólo se practicó una autopsia clínica, que fue la que el consejero de Bienestar Social citó para hablar de una parada cardiorrespiratoria. "Faltarían bastantes elementos para establecer una eventual correlación entre

la contención y la parada cardiorrespiratoria", lamenta el Defensor del Pueblo, que especifica que la autopsia clínica se realiza en los casos de muerte natural, cosa que no está nada clara en este caso. "Cuesta entender que en un caso como este no se realizara una autopsia judicial", afirma el informe.

No se realizó ningún parte de lesiones al llegar al hospital

Cuando Mamadou fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la ciudad, "tampoco se realizó ningún parte de lesiones, por lo que el menor no fue

examinado por un forense en el momento del ingreso para comprobar si había lesiones producidas por la contención".

Según José Palazón, presidente de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), que denunció el fallecimiento ante el silencio absoluto del Gobierno local, la autopsia clínica “solo determina que la muerte se produjo por una parada cardiorespiratoria, que es como muere todo el mundo”. Palazón duda de que se practique algún día una autopsia judicial, "porque el chaval fue enterrado rápidamente, sin el consentimiento de su madre ni de la abogada de la familia”, lamenta el presidente de Prodein. También critica que Bienestar Social fuera reacio a recibir al familiar que se presentó en la ciudad y que, cuando lo hizo, pusiera en duda su parentesco. "Esto es una más de Melilla, pasan cosas así constantemente, aunque me llama la atención que ahora estemos enterrando a chavales migrantes que murieron hace un año y que a Mamamadou se le enterrara a los pocos días", afirma.

El Gobierno afirma que se siguió el protocolo

El consejero Daniel Ventura defendió la actuación del personal del centro y afirmó que se siguió el protocolo al pie de la letra. Sin embargo, los escándalos sobre los problemas que sufren los menores tutelados por la ciudad autónoma no dejan de acumularse.