El alcalde del municipio riojano de Viguera, Aitor Santibáñez Rodríguez (PP), y uno de sus concejales, Ignacio Herce Adalid, han sido condenados por un delito leve de daños, después de que se haya probado que pincharon las tres ruedas del coche de un ecologista que inspeccionaba varios vertidos en un área de canteras de yeso de la localidad.

Según se desprende de la sentencia, a la que ha tenido acceso Público, los hechos se produjeron entre la 18:15 y las 19:15 horas del 31 de agosto de 2017. El activista, miembro de la organización Amigos de la Tierra, relató al juez que él y otro vecino volvían de la zona de las canteras cuando se encontraron a ambos dirigentes municipales agachados junto a su vehículo, que había quedado aparcado en una finca cercana. Al verlos, los dos condenados salieron corriendo y él llamó a la Guardia Civil, que comprobó los daños en las tres ruedas agujereadas.

Aunque ambos condenados negaron las acusaciones y justificaron que habían ido hasta esa zona para recuperar unos corderos que el alcalde de Viguera había perdido días antes, el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño ha considerado sin embargo que ambos, al reconocer el coche del ecologista, “decidieron estropear los neumáticos […] pinchando a propósito tres de ellos”.

“Resulta que el denunciante es miembro de un grupo ecologista que ha interpuesto varias reclamaciones en el ayuntamiento de Viguera, siendo uno de los denunciados el alcalde de la localidad y el otro el concejal, circunstancia ésta que pudiera explicar la animadversión de los denunciados hacia el denunciante”, señala la sentencia, que ha impuesto a cada uno de ellos el pago de una multa de tres meses con una cuota de 10 euros al día.

En un comunicado, Amigos de la Tierra ha concretado que el activista de su organización había acudido para inspeccionar “vertidos ilegales de escombros y estiércol” que de forma “reiterada” se arrojan a la zona de la cantera, y ha pedido un “control exhaustivo” de estos y la “inmediata dimisión” de los condenados.

“No puede ser que los representantes del ayuntamiento se dediquen a intimidar a la población con este tipo de ataques. La protección del medio ambiente es un derecho que tendría que defenderse desde el consistorio, y no perseguirse como han hecho estas personas”, señala la ONG, que ha exigido también responsabilidades al PP de La Rioja.