El consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, Enrique Osorio, ha afirmado este miércoles en rueda de prensa que el Gobierno regional retirará el curso sobre el Síndrome de Alienación Parental que la Comunidad de Madrid incluyó en el último Boletín Oficial de la CAM, afirmando que se trató de un "error administrativo".

El curso, que formaba parte de la formación hacia los funcionarios públicos, estaba dirigido específicamente a los equipos psicosociales que funcionan en los juzgados y fue criticado por Unidas Podemos este martes, por tratarse de un falso Síndrome que no solo no está reconocido por ninguna entidad médica o psiquiátrica internacional, sino que su aplicación en la justicia está expresamente prohibida en nuestro país por la ley contra la violencia en la infancia que aprobó el Parlamento en junio pasado. 

Tras el revuelo causado la Comunidad de Madrid afirma que rectificará la lista de cursos disponible y lo retirará. Según el consejero "se ha publicado ciertamente ese curso pero queda retirado. En 2020 sucedió que se publicó un curso similar, pero fue retirado también. En 2021 no se publicó, ni se llevó a cabo, por tanto es un error y ese curso queda retirado".

La voz de alarma la dio el grupo de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid este martes. Representantes de este partido han afirmado que a pesar de la retirada del curso, han presentado en la Asamblea una Proposición no de Ley (PNL) "para sustituirla por otra formación integral en perspectiva de género" en la Justicia.

El uso del SAP ha sido desaconsejado por el Consejo General del Poder Judicial desde hace años. Se trata de una forma de criminalización de las madres que denuncian violencia de género o abusos sexuales hacia sus hijos y que se utiliza en los juzgados, aunque su entrada se realiza, en la mayoría de los casos, a través de las valoraciones que realizan los equipos psicosociales sobre madres y menores. Este supuesto síndrome culpa a las madres de interferir en las relaciones paterno filiales y supone el descrédito del relato de mujeres y niños sobre abusos y malos tratos.

En base a estos informes en muchas ocasiones jueces y juezas acaban cambiando la custodia de los menores en favor de los padres acusados de maltrato o abuso sexual hacia sus hijos e incluso retirando la tutela a las madres.

Precisamente Naciones Unidas pidió a España en diversas ocasiones que trabajara para eliminar los estereotipos machistas de la justicia y que proteja a menores y mujeres en la Justicia cuando denuncian violencia de género o abusos sexuales hacia sus hijos. Lo hizo la comisión antidiscriminación de la ONU en 2015, cuando condenó a nuestro país por el caso de Ángela González Carreño y lo volvió a hacer la Relatora Especial sobre la violencia hacia la mujer sus causas y consecuencias en varios comunicados en los últimos dos años.
En el último de ellos, firmado por ocho expertos de Naciones Unidas de diversos ámbitos, pedían a España que "hiciera más" para protegerlos. En una misiva al Estado Español afirmaba que la cantidad de denuncias recibidas por esa institución "indica que existe un patrón estructural" en la Justicia española que es preciso revisar.

Coordinación de parentalidad

Sin embargo, el plan de formación no es el único lugar en el que se cuela el inexistente SAP en la Comunidad de Madrid. Desde las filas socialistas denuncian a este periódico que el Gobierno de Madrid introdujo la coordinación de parentalidad en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) de la Comunidad de Madrid. Esta figura se presenta como una intervención psicosocial en familias en las que se haya producido una ruptura de la convivencia con alta conflictividad y que ha comenzado a utilizarse por los juzgados a pesar de que no está reconocida ni regulada. Desde distintas organizaciones de juristas y grupos feministas han denunciado que se trata de una forma encubierta de introducir en SAP en los juzgados.

Lorena Morales, representante del grupo Socialista en la Asamblea denuncia, además, que los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022 incluyen la creación de dos nuevos centros CAI que serán financiados por fondos del pacto de Estado contra la violencia machista. "Desde 2017 cuando se comenzaron a distribuir los fondos del Pacto de Estado no sabemos dónde está el dinero, a qué se dedica, pero sí que se dejan millones sin ejecutar. Y encima de lo poco que ejecutan lo van a destinar a unos centros que nada tienen que ver con la violencia machista y que encima ofrece un servicio que tiene una postura pro SAP y que supone un riesgo para las mujeres", afirma Morales a este diario.