El plan formativo de la Comunidad de Madrid para los empleados públicos ofrece para 2022 un curso sobre el Síndrome de Alienación Parental, un concepto acientífico que en nuestro país fue prohibido expresamente por la Ley de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia, aprobada por el Parlamento y que entró en vigor a finales de junio del año pasado. 

El curso está recogido en el plan de formación acordado por el Gobierno regional para 2022 del 21 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado martes 11 de enero. La formación está especialmente dirigido a profesionales de los equipos psicosociales adscritos a los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid e integrado en el apartado titulado Interferencias Parentales. 

El SAP es una supuesta patología que no está reconocida por ninguna institución médica o psiquiatrica internacional o de prestigio y su uso en los juzgados ha sido espacialmente desaconsejado por el Consejo General del Poder Judicial desde hace años. Se trata de una forma de criminalización de las madres que denuncian violencia de género o abusos sexuales hacia sus hijos y que se utiliza en los juzgados, aunque su entrada se realiza, en la mayoría de los casos, a traves de las valoraciones que realizan los equipos psicosociales sobre madres y menores. Este supuesto síndrome culpa a las madres de interferir en las relaciones paterno filiales y supone el descrédito del relato de mujeres y niños sobre abusos y malos tratos. 

En base a estos informes en muchas ocasiones jueces y juezas acaban cambiando la custodia de los menores en favor de los padres acusados de maltrato o abuso sexual hacia sus hijos e incluso retirando la tutela a las madres. 

La ley de violencia en la infancia aprobada en el Parlamento prohibe taxativamente su uso. En su articulado afirma que: "Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración".

La diputada Beatriz Gimeno de Unidas Podemos, que ha denunciado la existencia de este curso, ha manifestado a este diario que "se trata de una barbaridad" y afirma que su grupo hará lo posible para que se retire" la formación. "Suponemos que se trata de una propuesta de Vox y vamos a registrar una proposición no de ley (PNL) en la Asamblea para discutir sobre el SAP y sus consecuencias". Gimeno explica que "lo más sangrante de este asunto es que es un curso dirigido a los servicios psicosociales de los juzgados. Es decir, los están formando en SAP, que está desaconsejado por los organismos internacionales y que está cargado de estereotipos machistas y es misógino, en lugar de promover la formación en perspectiva de género a lo que obliga la ley de Igualdad desde 2007", añade.

Precisamente Naciones Unidas pidió a España en diversas ocasiones que trabajara para eliminar los estereotipos machistas de la justicia y que proteja a menores y mujeres en la Justicia cuando denuncian violencia de género o abusos sexuales hacia sus hijos. Lo hizo la comisión antidiscriminación de la ONU en 2015, cuando condenó a nuestro país por el caso de Ángela González Carreño y lo volvió a hacer la Relatora Especial sobre la violencia hacia la mujer sus causas y consecuencias en varios comunicados en los últimos dos años. 
En el último de ellos, firmado por ocho expertos de Naciones Unidas de diversos ámbitos, pedían a España que "hiciera más" para protegerlos. En una misiva al Estado Español afirmaba que la cantidad de denuncias recibidas por esa institución "indica que existe un patrón estructural" en la Justicia española que es preciso revisar.

Coordinación de parentalidad

Sin embargo, el plan de formación no es el único lugar en el que se cuela el inexistente SAP en la Comunidad de Madrid. Desde las filas socialistas denuncian a este periódico que el Gobierno de Madrid introdujo la coordinación de parentalidad en los Centros de Atención a la Infancia (CAI) de la Comunidad de Madrid. Esta figura se presenta como una intervención psicosocial en familias en las que se haya producido una ruptura de la convivencia con alta conflictividad y que ha comenzado a utilizarse por los juzgados a pesar de que no está reconocida ni regulada. Desde distintas organizaciones de juristas y grupos feministas han denunciado que se trata de una forma encubierta de introducir en SAP en los juzgados. 

Lorena Morales, representante del grupo Socialista en la Asamblea denuncia, además, que los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022 incluyen la creación de dos nuevos centros CAI que serán financiado por fondos del pacto de Estado contra la violencia machista. "Desde 2017 cuando se comenzaron a distribuir los fondos del Pacto de Estado no sabemos dónde está el dinero, a qué se dedica, pero sí que se dejan millones sin ejecutar. Y encima de lo poco que ejecutan lo van a destinar a unos centros que nada tienen que ver con la violencia machista y que encima ofrece un servicio que tiene una postura pro SAP y que supone un riesgo para las mujeres", afirma Morales a este diario.