Las madres de menores asesinados por sus parejas, desamparadas ante un Estado que afirma protegerlas

Los Presupuestos Generales del Estado que se negocian estos días en el Congreso de los Diputados incluyen un incremento del 25% en las partidas destinadas a la violencia de género, pero no existe ninguna específica para las víctimas de lo que se conoce como violencia vicaria, aquella en la que los padres utilizan a sus hijos menores para infligir un daño mayor a las madres y que en algunas ocasiones acaban con el asesinato de los menores. Desde el Ministerio de Igualdad afirman que estas mujeres ya están reconocidas como víctimas de la violencia de género desde la aprobación de la ley contra la violencia de género de 2004 y que las sucesivas mejoras de las leyes han avanzado en su protección y ayuda. 

"Más allá del reconocimiento explícito de la violencia vicaria, que es un deber y lo tenemos pendiente y lo queremos hacer, es muy importante que quede clara esta cuestión: que si un niño es asesinado por un padre maltratador, la madre es una víctima de violencia de género y por tanto puede acceder a todo el circuito que ya existe en nuestro país, no se crea ningún circuito nuevo", afirmó la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, durante la presentación de los presupuestos que este ministerio tendrá para el próximo año y que por primera vez superan los 500 millones de euros. Desde Igualdad afirman que los cambios introducidos en la ley contra las violencias en la infancia prevendrá muchas de estas violencias hacia los hijos y las madres. En concreto, la que pide a los jueces que se retiren las visitas a los hijos cuando vivan en entornos dominados por conductas agresivas hacia la madre.

"El cambio será empezar a contar esos asesinatos de los niños, como parte del recuento que se hace en materia de violencia de género. Pero a efectos socio-asistenciales, a efecto de cómo las mujeres acceden al circuito y pueden ser consideradas con el título habilitante como víctimas de violencia de género y por tanto solicitar la ayuda u otro tipo de derechos, como pedir el cambio de trabajo, que tenga una reducción de la jornada laboral, que pueda acceder a un programa de vivienda publica... ya están reconocidas", afirman desde Igualdad. Y añaden que "es importantes decirles que no están solas y que el Estado ya puede responder a las necesidades que ellas tienen", añaden fuentes ministeriales. 

Las víctimas se sienten desprotegidas y en muchas ocasiones abandonadas por el Estado

Sin embargo, esta no es la realidad que viven día a día las madres que han sido víctimas de la violencia vicaria, que han alzado la voz para denunciar que, a pesar de los avances legislativos y de la concienciación sobre este tipo específico de violencia machista, se sienten desprotegidas y en muchas ocasiones abandonadas por el Estado. Principalmente, en los casos más brutales, cuando sus parejas o exparejas han acabado con la vida de sus hijos e hijas. Reclaman que no tienen acceso a ayudas específicas para superar el trauma, que los servicios de salud mental no están pensados para ellas, que no existen políticas de empleo diseñadas para atender su situación y que no acceden a las ayudas a vivienda, al empleo o a una renta mínima de inserción. 

Público ha conversado con varias de ellas, que denuncian sentirse desprotegidas y que existe una falta de atención a las necesidades especiales de sus casos.

"Todas tenemos la misma demanda, independientemente de las características de nuestros casos, y es básicamente la falta de atención que se nos presta", arranca Itziar Prats, a quien su expareja asesinó a sus hijas Nerea y Martina de seis y dos años en Castellón en septiembre de 2018, y posteriormente se suicidó. "Yo había pedido medidas específicas hacia mis hijas, porque las amenazas de mi expareja eran directamente hacia las niñas: Te vas a quedar sin ellas, vas a perder a lo que más quieres, me dijo. Pero para el juzgado y para la Fiscalía eran amenazas veladas" y no adoptaron medidas de protección.  

Dificultades para trabajar y rehacer la vida

Entre las principales preocupaciones de todas ellas está la de poder volver a trabajar y rehacer su vida. "Necesitamos mucha protección y mucha ayuda", afirma Laura Hernández. "Tras el asesinato de Cristian me quedé sin trabajo y no tenemos opción o facilidades para encontrar un empleo o hacerlo a nuestro ritmo. Yo sigo con medicación más de dos años después y aún no estoy preparada para poder trabajar, aunque ya me han dado el alta, porque no llego a dormir ni cinco horas diarias". 

Su expareja asesinó a su hijo Cristian el 25 de julio de 2019 en Beniel (Murcia), cuando el menor tenía 11 años. David S. O., conocido como El Cartagenero, se saltó la orden de alejamiento que tenía impuesta, pero eso no hizo que lo condenaran a seis meses de prisión, como estaba previsto en las medidas de alejamiento que había decretado el juzgado. "Si se hubiera cumplido con esa medida, tal vez mi hijo estaría hoy vivo", añade. Desde entonces, ella sigue viviendo en la misma localidad con su hijo mayor. Tiene concedida una pensión de viudedad porque su expareja se suicidó tras el asesinato, pero esto no cubre los gastos. Alquila un piso junto a su hijo mayor (hoy de 20 años), y sobrevive gracias a la ayuda de la familia. "Cuando pasó lo de Cristian se publicó que estamos reconocidas como víctimas, pero reconocidas no estamos, al menos en la región de Murcia no hay ayudas", afirma. 

"Sí tuvimos apoyo psicológico durante un tiempo para mí y para mi familia a través del Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI)", añade Hernández, pero explica que no es la atención especializada que precisan quienes han pasado por esto.

"Este es un proceso muy largo. Yo tuve 10 sesiones de psicólogos y otras 10 en 2016 cuando se abrió el secreto del sumario. Pero esto es claramente insuficiente", reconoce la gallega Rocío Vieitez, quien explica que cuando sufres un suceso como es el asesinato de tu hijo por parte de tu expareja necesitas una atención especial llamada EMDR, una terapia contra el trauma y que ésta la tienen que sufragar las propias víctimas, porque ni la Seguridad Social, ni los centros de atención a mujeres maltratadas las financian. David Oubel, de quien se había separado un año antes, degolló a sus dos hijas a finales de julio de 2015. Oubel fue el primer condenado en España a prisión permanente revisable por este crimen. 

"Me divorcié en 2014, pero como él no hizo una regularización de gananciales, la hipoteca de la casa en la que vivía me la reclamaron a mí cuando él entró en prisión. Por este motivo tuve varios juicios y soy considerada una morosa. Las costas de los juicios las tuve que pagar yo y no hubo ningún servicio que me pudiera asesorar sobre este tema. A él lo condenaron a indemnizarme con 300.000 euros por responsabilidad civil, pero de ese dinero no vi nada". Vieitez afirma que precisó asesoría hipotecaria y que gastó más de 20.000 euros en abogados. 

Rocío Vieitez: "Nuestra capacidad de ingresar se reduce en un 30%, pero nuestros gastos se multiplican por 10 o por 20"

"Hay muchas mujeres que se quedan muy tocadas durante años y no pueden trabajar. En mi caso, comencé pronto con la terapia para el trauma, y por mi trabajo de traductora pude retomar poco a poco mi actividad. Trabajo desde mi casa y puedo organizarme el tiempo. Pero otras han tardado años en volver a la vida activa. Siempre digo que a las madres que nos pasa esto, nuestra capacidad de ingresar se nos reduce en un 30%, pero nuestros gastos se multiplican por 10 o por 20, dependiendo de las circunstancias", añade Vieitez.

"Ahora trabajo cuando me llaman. Estoy en la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), como veterinaria. Esto va por puntos y por formación. Cuantos más meses trabajes y cuantos más cursos hagas, más posibilidadades tendrás de que te contraten. Aquí no tengo ninguna ventaja y sólo trabajo algunos meses en temporada de verano o cuando me llaman para alguna sustitución y tengo que estar continuamente estudiando", relata Ruth Ortiz ahondando en la depauperación que sufren estas víctimas. Su expareja, José Bretón, asesinó a sus dos hijos (Ruth y José) en 2011 y se deshizo de sus cuerpos quemándolos en una hoguera. Afirma que no fue reconocida como víctima de violencia de género, pero que sí recibió la renta mínima de inserción durante un tiempo, "porque nadie se atrevió a negármela". Poco más. 

Reclama que en la bolsas de empleo como la del SAS, igual que existe una prioridad para personas discapacitadas, a las que se les reserva ciertos puestos más fijos, "lo mismo debería hacerse con las víctimas de violencia vicaria. Facilitarnos un poco la vida, porque estoy mejor de ánimo si estoy trabajando y llevo mejor el día a día". Explica que no existe ninguna ventaja o prioridad en el acceso al trabajo para estas víctimas, por los que muchas se quedan fuera del mercado de trabajo o tienen unos ingresos que nos les permiten llevar una vida digna. 

Ruth Ortiz: "Es necesario que exista un fondo del Estado que se haga cargo de estas indemnizaciones que nunca nos pagan"

"En los juicios quedan bien escritas en papel las altas indemnizaciones que los asesinos de nuestros hijos nos tiene que dar, en caso de que no se hayan suicidado. Pero lo que no se cuenta es que ninguna las llegamos a cobrar, porque ellos se declaran insolventes. Creo que es necesario que exista un fondo del Estado que se haga cargo de estas indemnizaciones. Sinceramente creo que sería lo más justo. Casi todo el mundo cree que tenemos una ayuda o una pensión de por vida, pero eso no es verdad", añade Ortiz. 

"Yo sigo viviendo con mis padres y como cobro una pensión de viudedad, porque él se suicidó tras matar a las niñas, ni de lejos puedo optar a un piso de protección ni nada parecido. Sé que hace años se habla de que, igual que había un cupo para las personas con discapacidad, se iba a poner un cupo para las víctima de la violencia machista, pero esto no lo he visto en ningún sitio. Se supone que en las empresas existen ciertas preferencias, pero yo a nivel laboral no he visto nada que me beneficie por haber sido víctima de violencia de género", denuncia Itziar Prats. Esta mujer añade que "todas somos víctimas de violencia de género, pero la violencia vicaria no está reconocida". Sólo dos leyes autonómicas (Galicia y Catalunya) introdujeron la violencia vicaria expresamente en sus normas regionales contra la violencia machista.

"Las medidas y beneficios estarán regidas en la ley, pero no se hacen efectivas, así que algo está funcionando mal", añade Prats.

Reclamar la responsabilidad del Estado, una dura pelea

Otro de los caballos de batalla que afirman tener estas madres es el duro, largo y desgastante camino judicial que deben recorrer para reclamar la responsabilidad del Estado en el asesinato de algunos de estos niños y niñas, cuando el sistema ha fallado. Tanto Itziar Prats como Laura Hernández se encuentran inmersas en este proceso.

En nuestro país existe un precedente. Se trata del caso de Ángela González Carreño, cuya hija, Andrea, fue asesinada por su expareja en 2003 cuando la niña tenía 7 años. Las cerca de 50 denuncias que interpuso la madre para impedir que la menor tuviera visitas no vigiladas con su padre no fueron tenidas en cuenta. En una de ellas el padre asesinó a la menor y se suicidó. González Carreño peleó durante 15 años contra el sistema y consiguió que la ONU condenara al Estado español en 2015 por negligencia en su caso. El comité antidiscriminación de Naciones Unidas instó a España a que asumiera su responsabilidad en la muerte de Andrea y exigió a nuestro país cambios de calado en relación a la formación del sistema de Justicia, para eliminar los estereotipos de género. Recién en 2018 el Tribunal Supremo le dio la razón y condenó al Estado a admitir su responsabilidad y a indemnizarla.

"A muchas víctimas, como es mi caso, se nos obliga a pasar por procesos judiciales muy largos y dolorosos para que el Estado reconozca que ha tenido fallos", relata Prats.

"Yo tengo puesta una reclamación patrimonial ante el ministerio de Justicia y el de Interior y de momento estamos esperando a que nos respondan, porque el Defensor del Pueblo se interesó por el caso y está investigando. Pero lleva tiempo. Reclamo una indemnización al Estado, porque es la única vía por la que se puede exigir su responsabilidad. Que algo falló. Lo que quiero es que el Estado reconozca que los acuerdos firmados por España en el Convenio de Estambul no se aplicaron en mi caso y que la Fiscalía no actuó de forma adecuada, porque ni siquiera el fiscal, que debe proteger a los menores, solicitó medidas de protección hacia mis hijas", añade Prats.

Itziar Prats: "¿Cómo puede ser que en 2018, cuando asesinaron a mis hijas, no había mecanismos para medir el riesgo que corrían?"

El asesinato de sus hijas provocó que el Viogén, el sistema policial de medición del riesgo, incluyera a los hijos e hijas de la violencia de género, que hasta ese momento no se contemplaban. "Si la ley de protección a la infancia y la adolescencia ya reconoció en 2015 que los hijos de víctimas de violencia de género son también víctimas directas de esa violencia, ¿cómo puede ser que en 2018, cuando asesinaron a mis hijas, no había mecanismos para medir el riesgo que corrían?", se pregunta Prats. "Lo que me gustaría saber, porque no lo dicen, es cómo miden la letalidad en un cuestionario como Viogén. Me resulta curioso. No creo que se pueda. A mí me habían dado riesgo bajo y a las niñas ni las escucharon, no las tuvieron en cuenta", abunda.

Afirma que es imprescindible que se dé formación sin estereotipos de género a los operadores jurídicos. "Yo no tenía el perfil de lo que se supone que es una víctima de violencia, y eso me perjudicó. Eso es determinante en los juzgados, pero es parte de los estereotipos que hay que destruir. Es como si entrara alguien a un juzgado y con una simple mirada decidieran si ha estafado o no. ¿Eso dónde se ve?", añade Prats.

"Cuando el asesinato de Cristian [2019] el Viogén no estaba implantado en Beniel. Se implantó tras el asesinato de Cristian. Me habían dado un riesgo medio, pero, curiosamente, cuando mi expareja se saltó la orden de alejamiento me bajaron la valoración a baja, en lugar de subirla. Pedí ayuda. Mi hijo venía fatal los dos ratos a la semana que veía a su padre. Un jueves se lo llevó y ya no lo trajo", recuerda Laura Hernández. Ahora tiene una demanda interpuesta en el Tribunal Supremo por los fallos judiciales que se produjeron en su caso y espera respuesta. 

"Ningún hombre nace machista. El machismo es la consecuencia de un tipo de educación, es un producto y un problema de la sociedad y es la sociedad la que tiene que prevenirlo y erradicarlo, y, mientras tanto, atender a todas las víctimas consecuencia de esta educación. Hasta que no pasen generaciones educadas sin machismo, el problema seguirá. Hay sociedades en el mundo que no educan en el machismo. Ojalá en España se llegue un día a eso", concluye Ortiz.